Si hay algo que quedó más que claro en los procesos electorales recientes y en los resultados que arrojan las encuestas públicas sobre la aprobación del ejecutivo federal, es que los sectores de la población con mayores exigencias y cuestionamientos al desempeño del presidente son aquellos que registran mejores niveles de preparación académica y profesional.
Quienes han tenido la oportunidad de lograr una formación intelectual y cultural más sólida, y se informan permanentemente, se percatan y expresan su malestar con las fallidas acciones de gobierno, de sus propósitos engañosos y de la tendencia al retroceso en que se ha comprometido el desarrollo del país.
No es casual, por lo mismo, que desde el poder público de la nación se emprenda una embestida frontal en contra de la educación, la ciencia y la cultura. Campañas de desprestigio a instituciones y personas, reducciones presupuestales, acusaciones de delincuencia organizada, desaparición de programas, organismos y fideicomisos, y una labor cotidiana de polarización social, constituyen la estrategia para desarticular las resistencias hacia este régimen de la estulticia y el autoritarismo.
Son “conservadores”, “neoliberales” y “enemigos del pueblo” quienes estudian (peor si es en el extranjero), hacen ciencia y desarrollan tecnología, intelectuales que piensan libremente y quienes fomentan la cultura sin sumisión al gobierno federal.
No es difícil imaginar el tipo de país que pretende para el futuro este gobierno. Un país arruinado económicamente, con los mayores índices de la historia en materia de pobreza, desigualdad social e inseguridad pública, con los peores índices educativos del mundo, con un sistema de ciencia y tecnología hecho pedazos (precisamente cuando era imprescindible lo contrario) y con un paupérrimo nivel cultural, además de la muy tensa confrontación social entre “el pueblo” y sus “malévolos” adversarios.
La cultura, como la educación y la ciencia, es un poderoso instrumento de transformación social; es un factor insustituible en el desarrollo de un país y componente indispensable del bienestar. Por eso mismo, por su alto potencial disruptivo – y también porque ni le entiende ni le interesa- el gobierno federal en turno prefiere disminuir la política cultural.
Como personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Política del país nos garantiza el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que ofrece el Estado en la materia. No obstante, el fomento y difusión de las diversas expresiones culturales y el propio disfrute de sus bienes, se ha visto tradicionalmente como una prioridad prescindible y un quehacer poco menos que improductivo.
Así que al ninguneo que desde siempre ha sufrido la actividad cultural, ahora deben agregarse el extravío de la política cultural del gobierno federal, las reducciones presupuestales en aras de la “austeridad” y el uso propagandístico de la política cultural a favor del partido político en el gobierno.
Para el 2022 el presupuesto de la Secretaría de Cultura podrá ser el 0.21% del presupuesto total del gobierno federal, lo cual contrasta con el monto autorizado en 2018 que fue equivalente al 0.24% del gasto total neto.
El 25% de este presupuesto se destinará a un solo proyecto, prioridad del presidente: el complejo cultural de Chapultepec. Es decir, una cuarta parte de los recursos de la Secretaría de Cultura – más de 3500 millones de pesos – se invertirán en una sola entidad federativa, mientras que para el resto de los estados se asignarán solamente 124.5 millones de pesos, equivalente al 3.3% de lo presupuestado para el complejo cultural de Chapultepec y tan solo el 28.2% del monto asignado – 441 millones de pesos – al programa Promoción y Desarrollo del BEISBOL (PROBEIS), también prioridad presidencial. Así, queda claro que la cultura no es una prioridad del gobierno para el desarrollo del país.
En este contexto, el reto de los estados, los municipios y de la propia sociedad para impulsar la creación y difusión de la cultura es extraordinario. Es necesario un esfuerzo para unificar una visión en torno al fomento del quehacer cultural e integrar las capacidades de los gobiernos, las universidades y las organizaciones civiles. No se puede renunciar a nuestro derecho a la cultura y, menos aún, cuando eso significa fortalecer el gobierno del extravío ideológico y la ineptitud.
Por Oscar Pimentel
Otra colaboración del autor: La patraña de la política ambiental
