La reacción de López Obrador® a los videos que involucran a su hermano Pío en tratos financieros fue en parte la que cabe esperar de políticos en la misma situación y, en parte, la que cabe esperar de él en lo particular. Como todos los políticos envueltos en escándalos de corrupción, afirmó que se investigaría a fondo y se llegaría a las últimas consecuencias.
Para mayor seguridad, ya está en ello la secretaria de la Función Pública, quien ha probado ser una versión enojada de Virgilio Andrade, el exculpador oficial de Peña Nieto.
Lo que pocos políticos se atreven a hacer es vender la idea de que, en última instancia, hechos que en otras personas son dignas de reproche cuando involucran a sus allegados están más allá de sospecha. La diferencia está en las intenciones subyacentes al recibir dinero. Si se trata de dos Godínez de rango medio de las filas panistas, la intención es corromperse. Si se trata de una persona del grupo íntimo del presidente, como su hermano Pío, la intención es pía.
Estas dos líneas discursivas han sido acompañadas de una tercera, consistente en desempolvar y poner en primer plano la idea de realizar una consulta popular para juzgar a los presidentes por actos de corrupción. Como materia de consulta, carece de todo sentido. O existen elementos para llevarlos a juicio, o no existen elementos. Si existen, es obligación de la autoridad proceder legalmente, aún si la mayoría se manifiesta en contra en una consulta. Por otro lado, no se puede llevar a juicio a una persona contra la que no se tienen elementos probatorios mínimos, incluso si una mayoría desea ese juicio.
Como guía para la acción, la consulta no tiene ningún valor. Pero se espera de ella una ganancia política importante: con ella, en las elecciones intermedias se llevará a la casilla misma el mensaje de que AMLO® y su partido representan el combate a la corrupción. De esta forma, se pretende limitar el impacto negativo que podrían tener sobre los votantes los malos manejos.
Esta marrullería es posible por la manera en que la Constitución formula esta instancia de democracia directa. La consulta popular está concebida como una pregunta que se somete al electorado sobre temas de “trascendencia nacional”.
Si pensamos en países con tradición en el ejercicio de la democracia directa, como Uruguay o Suiza, pero también aplica para el estado de California, el electorado no contesta preguntas. En estos lugares, se somete un proyecto de ley y la ciudadanía lo acepta o lo rechaza. El proyecto aceptado se convierte en legislación vigente. Es decir, la ciudadanía actúa como órgano legislativo.
En cambio, las preguntas sobre temas de trascendencia nacional incluyen aquellas preguntas cuyo resultado no tiene implementación fácil, pero pueden servir para fortalecer políticamente al presidente.
Es una figura que dista mucho del objetivo de las instituciones de democracia directa, que es el de dar a la mayoría poder de decisión, incluso si sus decisiones son contrarias a los deseos de su gobernante.
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