Ahora que está por nombrarse a través de la colaboración entre el presidente de la República y el Senado a una persona que sustituya al Ministro Fernando Franco en la Suprema Corte, es conveniente preguntarnos si los jueces deberían de ser votados por el pueblo, como sucede con cabildos, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República.
Anticipo con facilidad que la pregunta será rechazada, casi de inmediato, por la mayoría de la abogacía, la cual siempre ha visto como “normal” que 2 de los 3 poderes políticos (legislativo y ejecutivo) de la clásica división de poderes propuesta por Montesquieu, sean electos por el voto popular y la constitución no les exija ningún requisito de corte profesionalizante, pero no así al tercer poder.
Literalmente, para ser presidente de la república, diputado federal o senador no es necesario haber concluido la primaria, mucho menos tener título universitario. Mientras que el tercer poder a través del cual el pueblo ejerce su soberanía, el judicial, no es votado en las urnas y sí requiere educación universitaria.
Dejando de lado el tema de la educación escolarizada (no estaría mal que sí fuera requisito saber leer y escribir para ser presidente de la República, pero el artículo 82 de la Constitución no lo contempla), ¿por qué no votamos por las 11 personas que ocuparán durante 15 años el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A modo de ilustración, en Estados Unidos, un país que tiene un sistema jurídico un poco más sólido e institucionalizado que el mexicano, el 90% de los jueces locales en algún momento tienen que ser electos a través del voto popular.
Un primer argumento a favor de la elección popular de los jueces es que de esta manera son menos susceptible al patrocinio partidista y más independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. En una sociedad democrática es deseable contar con jueces objetivos, imparciales y neutros. Que no le deban el puesto a nadie distinto al pueblo al cual sirven.
Por supuesto, el primer contraargumento es la otra cara de la moneda. El voto popular los volvería vulnerables a la presión de grupos de interés que ofrezcan financiar sus campañas, es decir, al crimen organizado, algo exactamente igual a lo que ya ocurre con los otros servidores públicos de elección popular. Recuérdese la reciente elección en Michoacán en donde incluso se tuvieron que anular casillas electorales por esta razón.
De acuerdo con Jed H. Shugerman, profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el universo de métodos de selección de jueces no se reduce a dos, designación o elección popular, ya que en Estados Unidos a lo largo de más de 200 años han surgido diversos métodos de selección judicial; sucumbido a la inevitable corrupción, partidismo o presiones económicas; y caído, en gran parte de forma cíclica. Sin embargo, todos tienen en común dos cosas: 1) buscan a la mejor persona juzgadora posible, lo cual inevitablemente lleva a la independencia judicial, y 2) el método de selección no es inmutable, se puede buscar uno mejor.
De todos los métodos que analiza, Shugerman afirma que la selección por mérito, que implica la investigación por parte de un panel de profesionales y el nombramiento para un primer mandato, seguido de elecciones de “retención”, ha proporcionado la mayor independencia judicial. Actualmente se emplea en unos 20 estados de Estados Unidos.
Como puede verse, hay argumentos en pro y en contra de que los ministros sean electos por el Senado a partir de una terna que envía el presidente de la República, con el tiempo jugando en contra del Senado y a favor de la propuesta del presidente, como ocurre hoy en día. Se puede estar a favor o en contra de ello, pero lo que no se puede hacer es fingir que hay una clara vinculación entre política y Derecho. Por ejemplo, en el caso de Loretta Ortiz, esta es la tercera vez que es postulada por el presidente para ocupar el cargo de ministra. En la primera terna perdió en contra de Juan Luis González Alcántara Carrancá y en la segunda contra Jazmín Esquivel Mossa.
Hoy Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y la propia Loretta Ortiz forman parte del Consejo de la Judicatura Federal, fueron electos por el Senado en 2019 para terminar hasta 2024, lo que llevará a que cualquiera de ellos que sea nombrado como ministro dejará un lugar vacante en el Consejo de la Judicatura Federal. Otro cargo nada despreciable para ser ocupado.
¿Votar a los jueces? Quizá. Por supuesto, no tiene que ser un tema de blanco o negro. Se pueden combinar mecanismos de selección de jueces que permita equilibrar le legitimidad democrática, la independencia judicial y la rendición de cuentas. Quizá ministros de la suprema corte designados por el Senado que deban de ser ratificados en las urnas después de 3 años de ejercicio. En fin, las opciones son tan ilimitadas como la imaginación de los ingenieros constitucionales. Por lo pronto, no tengo ninguna duda que la próxima ministra de la SCJN se llama Loretta Ortiz Ahlf.
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