El gobierno al que le estorba la ley

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La 4T llegó cargada de promesas. Terminar con la corrupción, la principal. Para cumplir esa, necesitaba hacer ciertas cosas, según decían: acabar con las adjudicaciones directas; hacer compras consolidadas; honestidad de funcionarios; austeridad republicana; cero tolerancia a la corrupción… y un largo etcétera.

Pero la terca realidad se impuso de manera cruel. De pronto, los integrantes de este nuevo gobierno se enfrentaron a ese enemigo de todos los burócratas: la ley. Resulta que la actuación de las personas que se dedican al servicio público está regulada por una serie de leyes y reglamentos.

O sea que para comprar algo, no sé, digamos pipas de gasolina o vacunas contra un nuevo y devastador virus, se tiene que hacer lo que dice la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por ejemplo.

O si se quiere saber cuáles son los límites en la actuación de cada persona que trabaja en el gobierno federal, se tiene que leer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

O si se quiere saber cómo funciona el INAI y por qué un funcionario debe contestar lo que le pregunten a través de los portales de transparencia, existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para cada ámbito de la actuación de la ciudadanía y las personas funcionarias públicas hay leyes. Cerca de 300, en realidad. Y, claro, está la Constitución y los acuerdos internacionales que México ha firmado. 

Pues bien, todo ese orden jurídico le ha resultado de un estorbo y un tedio terminal al gobierno de la Cuarta Transformación. No es una especulación. Lo demuestran cada día, en cada cosa que hacen o dicen.

Por ejemplo, en Cuestione le hemos preguntado una serie de cosas a la oficina de la Presidencia de la República, como cuando quisimos saber cuánto había costado la cena con empresarios a los que el presidente pidió comprar cachitos de la lotería del no avión presidencial. Siempre contestan que no tienen la información. Siempre. Ese fenómeno se repite en muchas otras dependencias. 

¿Por? Bueno, el presidente ha dejado clara su postura. Al mismo tiempo que ofrecía asilo político a Julian Assange, el hacker que creó Wikileaks, arremetía contra el INAI, por ejemplo: “Hay organismos supuestamente autónomos, independientes, que fueron creados durante el periodo neoliberal. Vamos este año a llevar a cabo una revisión de los institutos, sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, en gastos superfluos, el mismo Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos”, dijo. 

Y fue más allá. Propuso que la Secretaría de la Función Pública se haga cargo de la transparencia en México.

El problema, claro está, no es si el INAI es o no neoliberal o si es caro o barato. El problema es que, como no entienden lo que hace, les estorba mucho. En el gobierno federal no saben que cuando una persona común y corriente solicita alguna información del gobierno, es el INAI el encargado de asegurarse que los funcionarios contesten sin hacer trampas. 

No, en el gobierno creen que el INAI es el que hace las preguntas. Creen que todo es un complot en su contra. Creen que pueden no contestar. No saben y no quieren saber que están cometiendo una ilegalidad al no contestar. Y no lo saben porque no entienden de leyes y no les interesa entenderlas. 

Ya una vez, el presidente dijo que no tiene gran ciencia gobernar. Y no. No la tiene. Lo que sí se debe hacer es leer. Leer leyes para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y si hay algo que no les guste, tienen su mayoría en el Congreso para cambiar las leyes que se les dé la gana.

Pero lo que no pueden hacer es prometer que se van a acabar las adjudicaciones directas y luego adjudicar más que ningún otro gobierno, contraviniendo además lo que dice la Ley de adquisiciones. 

No pueden jurar que se acaban el amiguismo, la corrupción, los privilegios y pagarles dobles sueldos a sus porristas en medios públicos. 

No pueden señalar chayoteros y consentir al medio que dirige la comadre de Andrés Manuel. No, no se puede. 

Pero para ellos sí se puede. Y no solo eso. Se debe. Se debe porque lo que están haciendo, la transformación de la vida pública, justifica todo. Y más si los obstáculos se los ponen las leyes y normas creadas en el “periodo neoliberal”

Rebeldes al fin, siguen la máxima de la adolescencia: “rules were made to be broken” (las reglas fueron hechas para romperse) pero se les olvida que ya no son “el movimiento”. Son el gobierno. 

Un gobierno que ha colocado a personas no capacitadas en altos puestos de dirección a quienes sostiene a pesar de sus abusos e ilegalidades. Los ejemplos cunden por doquier. 

Un gobierno que convierte al canciller en comprador de pipas y medicinas y que pone al frente de la seguridad pública a una periodista. Un gobierno que critica a los chayoteros del pasado pero se toma fotos con sus amigos chayoteros del presente.

Estamos hablando de un gobierno que tuerce o rompe la ley para lograr el objetivo de tener un gobierno que no tuerza ni rompa la ley. 

Incongruentes que rayan en lo criminal y aún así se atreven a juzgar a los demás desde lo alto de un templete de una militancia cuando menos dudosa. 

Un gobierno al que le quedan menos de cuatro años en el poder y al que la historia habrá de juzgar más temprano que tarde. 

Un gobierno que pareciera haber terminado sin siquiera haber comenzado.

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