Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos sectores de la sociedad, bastante enojados, levantaban la voz en contra del régimen priista de manera, a veces, violenta. En su propia toma de protesta se tuvo que blindar la Cámara de Diputados ante las manifestaciones que terminaron con represión y golpes. Un manifestante perdió un ojo.
En ese entonces nadie les decía conservadores ni fifís ni Peña los atacaba en cada conferencia de prensa (bueno, Peña no daba conferencias de prensa, le llamaban “mensaje a medios”).
Pero había una jueza en particular que no tenía empacho en ir más allá, mucho más allá.
¿Su nombre? Marcela Ángeles Arrieta, en ese entonces jueza de Delitos No Graves de la Ciudad de México. Ángeles Arrieta sentenció a dos jóvenes*, en 2014, acusados sin pruebas de diversos delitos supuestamente cometidos durante las marchas de conmemoración por la matanza de Tlatelolco, realizadas el 2 de octubre de 2012 y 2013.
Primero, a una activista le dio 1 año 3 meses de prisión y la condenó a pagar 19,000 pesos de multa. La acusó de gritarles “puercos asalariados” a policías que arremetían contra manifestantes afuera del búnker de la entonces PGJDF. Esto, a pesar de videos de medios de comunicación que comprobaban que la activista estaba dentro del búnker y no participó en la refriega y de que nunca pudieron acreditar la acusación. A Ángeles Arrieta no le importó.
Tampoco le importó la falta de pruebas en contra de otro activista a quien condenó a 5 años y 9 meses de prisión por, supuestamente, realizar “ataques a la paz pública”.
Ambos salieron libres pero no gracias a la jueza Marcela Ángeles Arrieta.
La juzgadora también fue la encargada de dictarle auto de formal prisión a una funcionaria por, supuestamente, haber filtrado a medios la ficha de la detención de Elba Esther Gordillo, también durante el peñanietismo.
Y fue esta misma jueza la que le concedió la orden de aprehensión a la fiscalía capitalina de Ernestina Godoy para detener a Alejandra Cuevas, hija de la cuñada de Alejandro Gertz Manero, el fiscal General de la República que las acusó de homicidio contra su hermano, Federico Gertz Manero.
La acusación fue desechada este 28 de marzo, de manera unánime, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó la cancelación de la orden de aprehensión en contra de la cuñada de Gertz y la liberación inmediata de la hija de ésta, Alejandra Cuevas.
No solo eso: los ministros de la Corte, en sus alegatos, despedazaron la acusación formulada por Gertz, defendida por la fiscalía de la Ciudad de México y avalada por la jueza. En el colmo del ridículo, los ministros y ministras reconocieron que uno de los delitos de los que se le acusaba a Cuevas ni siquiera existe en las leyes mexicanas.
Aún con estos antecedentes, Marcela Ángeles Arrieta formó parte de las ternas que tenía que aprobar el Congreso de la Ciudad de México para ocupar un puesto de magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Al final, no consiguió la chamba, pero estuvo en las ternas.
El caso de Gertz contra su cuñada y sobrina política desnudó al sistema de impartición de justicia de nuestro país de la peor manera.
Un particular denuncia a sus familiares políticos por, supuestamente, matar a su hermano al no haberlo cuidado de manera adecuada en su vejez y enfermedad. Los investigadores iniciales desechan el caso y lo archivan. El particular se convierte en fiscal General de la República y su contraparte y compañera de causa, la fiscal de la Ciudad de México reabre el caso. Solicitan una orden de aprehensión y una juez la concede. Policías sin uniforme, en autos sin placas y sin presentar la orden de aprehensión detienen en la vía pública a una de las acusadas. El sistema de justicia, todo, opera para mantenerla más de 500 días en prisión.
La Corte finalmente la libera, no sin antes protagonizar un escándalo en el que el fiscal y acusador asegura que tiene en la bolsa a 4 o 5 ministros que le ayudarán a mantener en la cárcel a su sobrina política.
Un lodazal. Eso es nuestro sistema de justicia.
Hoy, Alejandra Cuevas camina en libertad después de estar año y medio tras las rejas. Pero su historia es la de miles de mexicanos y mexicanas que no tienen la fortuna de llegar a los medios y sus casos no son conocidos por el pleno de la SCJN.
Es la historia, repetida una y otra vez por miles y miles de personas privadas de su libertad sin pruebas, sin juicio, sin sentencia. Es la triste historia de cualquiera.
Queda pues en el aire: ¿Y la reparación del daño? ¿Y el castigo para las y los funcionarios involucrados en esta trama de corrupción? ¿Y todas las demás personas inocentes encarceladas?
Ojalá que no nos quedemos con las ganas de conocer las respuestas.
*Los nombres de las personas activistas condenadas por la jueza Marcela Ángeles Arrieta fueron omitidos para no revictimizarlas. Sus casos fueron públicos y documentados por medios de comunicación en su momento.
