Justicia social post-pandemia

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Hace 13 años, la Asamblea General de la ONU afirmó que la justicia social no puede alcanzarse, si no hay paz y seguridad, o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Claramente tal ambiente de respeto no existía en México antes de marzo de 2020, fecha en la que ocurrió la primera muerte por COVID-19, y ciertamente tampoco se alcanzará en 2021, pero si no comenzamos a trabajar inmediatamente en construirnos esas condiciones básicas para la vida en sociedad, jamás sucederá. 

La justicia social tiene una triple naturaleza: es un derecho humano, una exigencia ciudadana y una obligación del Estado, que nos involucra a todas y a todos. 

En otras palabras, no podemos reducirnos a ver desde la ventana la acción u omisión del Estado, nosotros también tenemos mucho que decir y hacer en la construcción de la justicia social que tanta falta le hace a este país. 

El Estado tiene la obligación de poner al servicio de los gobernados los recursos, bienes o servicios públicos, no solo para permitir sino para facilitar que cada uno de nosotros podamos alcanzar nuestros respectivos proyectos de vida, pero la situación está lejos de ser óptima. 

La violencia doméstica contra las mujeres durante los meses de pandemia se ha disparado. Las compras de emergencia de insumos para la salud, a través de adjudicaciones directas, ponen en duda la transparencia de la operación y son un gran caldo de cultivo para la corrupción, o por lo menos para la ineficiencia en el gasto; solo por mencionar dos consecuencia directamente vinculadas a una enfermedad hasta hoy incurable. 

No importa el ámbito de gobierno (federal, estatal o municipal) del que estemos hablando, todos y cada uno de ellos tendrán que replantearse su plan de gobierno

La pandemia ha significado un antes y un después para muchos temas (vida familiar y laboral, entretenimiento, economía, etc.) y también debería de significar un parteaguas para los planes de gobierno de ayuntamientos, gobernadores y presidente. Lo peor que nos puede pasar en nuestra relación gobernantes-gobernados es que no pase nada; que después de superar una realidad inaceptable volvamos a otra realidad inaceptable

Y aquí es donde entramos los ciudadanos. No pidamos a nuestros gobernantes una justicia social, construyámosla para nosotros. No pese a ellos, sino con ellos. Para eso se requiere trabajo, información, tolerancia, compasión, empatía y sí, también poder político. Ese poder que se ejerce desde el Estado, pero que pertenece a los ciudadanos. 

El próximo año hay elecciones en todo el país para elegir más de 3,000 cargos públicos. ¿Qué les vamos a exigir a nuestras candidatas y candidatos? ¿Lo mismo de todos los procesos electorales? ¿O en esta ocasión haremos de la elección un punto de partida para la construcción de un Estado de paz, justicia, equidad y desarrollo? 

¿Por dónde comenzar? 

Primero, por informarnos. Nadie puede exigir lo que no conoce. 

Segundo, evitar la polarización y tolerar a los que no piensan como nosotros. 

Tercero, ser empáticos con nuestros semejantes. 

Cuarto, exigirles a nuestros servidores públicos que hagan lo mismo: que se informen, no polaricen y sean empáticos, con los que votaron por ellos y con lo que no lo hicieron. 

Quinto, exigirle a las y los candidatos de 2021 que hagan pública su postura respecto temas directamente vinculados con la justicia social, como por ejemplo siete temas básicos: 

1. Impuestos y contribuciones. La discusión no es si hay o no, la discusión es cómo se reparte. Algunos gobernadores tienen una percepción de que no se distribuyen los ingresos federales de acuerdo con principios objetivos y transparentes para todos. 

2. Prisión preventiva oficiosa. ¿Quién puede pensar que en un país con un elitista acceso a la justicia el ampliar la prisión preventiva oficiosa ayudaría en algo? Más gente pobre en la cárcel esperando turno para ser enjuiciada por un sistema propenso a la corrupción, no hará las calles más seguras. 

3. Programas sociales. No pueden ser clientelares. Tienen que ser transitorios, solo en lo que se logra salir de la situación de vulnerabilidad en la que cualquier de nosotros podemos caer. Hay que empoderar a las personas, ayudarlas a que exploten sus talentos y capacidades; no utilizarlas de mercado electoral. 

4. Uso de las fuerzas armadas. Más militares en actividades de gobierno significan menos autoridades civiles al mando. ¿Eso queremos para el país? Más militares no son sinónimo de más seguridad, como ya se ha visto. Y según nos ha informado el Departamento de Estado de los EU ser militar no es sinónimo de ser incorruptible. 

5. Salud. Si la pandemia por la COVID-19 no ha sido una tragedia –todavía– mayor se debe, en gran medida, a la heroicidad del personal médico y no al aparato de Estado puesto al servicio de la salud de las personas. 

6. Educación y acceso gratuito a internet. Si algo ha logrado la pandemia en ensanchar la brecha entre ricos y pobres o mejor dicho: entre quienes pueden pagar una computadora y su respectiva conexión a internet de aquellos que simplemente no pueden y por eso se quedan atrás en las discusiones públicas y en los procesos de aprendizaje-enseñanza. 

7. Combate a la corrupción. Luchar contra la corrupción requiere más estrategias y menos protagonismos. Requiere resultados tangibles en la vida cotidiana de las personas y se ejecuta desde todos los ámbitos de gobierno, a través de métodos y procesos legales y objetivos. ¿Cuáles van a aplicar nuestras candidatas y candidatos? No se combate a la corrupción con exhibicionismo, sino con prevención, transparencia y corrección. 

En 2021, cuando nos pidan nuestro voto, exijamos a nuestras candidatas y candidatos que entiendan que la justicia social no es sinónimo de demagogia social. Que en sus respuestas no nos digan lo que queremos oír, sino lo que van a hacer y cómo lo van a hacer para sumarse a la construcción de nuestra justicia social. 

La justicia social no existirá si ésta solo se queda en los discursos. 

Otro texto del autor: El reino de la discrecionalidad

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