Como si la emergencia en materia de migración no la hiciera prioritaria, el gobierno estadounidense ha decidido que la maquinaria diplomática pesada no entrará en acción plenamente hasta el mes de junio. Las llamadas entre la vicepresidente Kamala Harris y los presidentes de Guatemala y México sólo han sido prefacio a su visita agendada para el 7 y 8 de junio próximos.
Mucha atención mediática se pondrá sobre la visita de Harris a más de dos meses de que el presidente Joe Biden le encomendara dirigir los esfuerzos diplomáticos de cooperación para reducir las condiciones de pobreza e inseguridad que obligan a grandes cantidades de centroamericanos a aventurarse al norte en busca del “sueño americano”.
Sin embargo, no es claro que podamos esperar mucho de estos encuentros con respecto a una solución de corto plazo a la emergencia migratoria. Lidiar con las razones estructurales de la migración forzada de la región ya ha probado ser más que difícil.
Tras el incremento de flujo migratorio de 2014 (incluyendo menores sin acompañante) desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, el entonces presidente Barack Obama le pidió a Joe Biden (entonces vicepresidente) que lidiara con el problema. Biden tuvo que presentar, defender y negociar un presupuesto inicial de mil millones de dólares de asistencia al llamado Triángulo Norte poniendo sobre la mesa los compromisos acordados con los presidentes de los tres países.
El plan, se argumentaba, representaría el impulso definitivo de desarrollo de la región.
En noviembre de ese mismo año, los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras lanzaron el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (operado por el Banco Interamericano de Desarrollo en sociedad con los gobiernos estadounidense y mexicano) para promover el desarrollo económico y la transparencia y rendición de cuentas en esos países como medios para reducir la migración irregular.
Sin embargo, a pesar de que de 2016 a 2019 se invirtieron casi 12 mil millones de dólares en la ejecución del plan, los malos resultados de este instrumento se han hecho evidentes con la crisis migratoria actual. Ahora el presidente Biden tendrá que justificar el costo de un nuevo plan de asistencia.
A esto hay que sumar la poca buena voluntad de colaboración que existe actualmente entre los gobiernos de Honduras y El Salvador con el de los Estados Unidos. Por un lado, el nombre del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha estado desde marzo envuelto en una investigación federal estadounidense sobre corrupción y narcotráfico, y el “supuesto” ganador de las elecciones primarias del partido opositor acaba de regresar a Honduras tras pasar tres años en una prisión estadounidense por lavado de dinero y narcotráfico.
Por el otro lado, el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, se negó a dialogar en abril con Ricardo Zuniga, enviado especial para el Triángulo Norte del gobierno de Biden, argumentando entre otras cosas el tono colonialista del llamado “Triángulo Norte” y, por si fuera poco, el gobierno estadounidense ha criticado fuertemente que Bukele destituyera por decreto a los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General a principios de este mes.
Este es el escenario poco alentador que enfrenta la señora Harris en su intento de cumplir con el mandato que el presidente Biden tan amablemente le ha encargado. Mientras tanto, mejor tarde que nunca, las negociaciones tendrán que ser entabladas con los gobiernos de México y Guatemala a los cuales intentarán utilizar como cordón sanitario.
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