Agresiva y eficiente
¿Cuáles son los principales pilares de un Estado? Diversas respuestas se pueden ofrecer a esta pregunta dependiendo el tipo de Estado que pretenda justificarse: autoritario o democrático, centralista o federalista, liberal o republicano.
Una de las respuestas más originales y perspicaces que se ha brindado a esta interrogante, ya clásica, la formuló Nicolás Maquiavelo en El Príncipe (1513). Para el pensador florentino, los cimientos de un Estado se encuentran en las buenas leyes y las buenas armas. Las buenas leyes, según la doctrina republicana defendida por el famoso escritor italiano, son aquellas que sintetizan y garantizan los intereses generales del conjunto de la sociedad, y no los intereses particulares de las distintas facciones sociales que cruzan inevitablemente a una comunidad política. Las buenas armas, por su parte, son aquellas que se traducen en ejércitos profesionales conformados por soldados patriotas y no mercenarios.
A la fórmula maquiaveliana sobre las leyes y armas buenas, habría que sumarle, considero, otro ingrediente: la buena hacienda pública. Para que los Estados democráticos y de derecho contemporáneos cumplan con sus principales funciones sociales, deben contar con una fuerte hacienda pública, que permita amortiguar de alguna manera los efectos des-igualadores que provoca el libre mercado.
Sin políticas y programas sociales universales, y promovidos por y desde el Estado, que se traduzcan en salud, educación y bienestar para los menos favorecidos, las personas se encuentran desprotegidas ante la “ley del más fuerte”, que predomina en la esfera de las relaciones económicas de mercado.
Una de las ramas del Estado en las cuales el gobierno de López Obrador ha ofrecido mejores resultados es, precisamente, la hacienda pública. En lo que va del actual sexenio, las arcas públicas del gobierno federal se han fortalecido, hay que reconocerlo sin mezquindades, como consecuencia virtuosa de una política fiscal agresiva y eficiente, que se ha concentrado en evitar la evasión fiscal.
En entrevista reciente, Carlos Romero, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, afirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de impuestos, era durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) un simulador y distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas.
Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas. “Ir contra las factureras es realmente acabar con 70% de la corrupción en el país”, señaló el funcionario.
En sintonía con este propósito recaudador, entre enero y junio del presente año, según información difundida por el propio SAT, se recuperaron 269 mil millones de pesos, a partir de auditorías a contribuyentes mayores, cantidad que multiplicó por 2.8 la correspondiente del mismo periodo de 2019, que fue de 94 mil 200 millones. La cifra fue resultado de un incremento en el número de auditorías, que pasaron de 29,471, en el primer semestre de 2019, a 36,859 en igual periodo de este año, lo que representó un crecimiento de 25%.
Cabe recordar que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018 los ingresos tributarios en México, a nivel gobierno federal, representaron 16.1% del PIB, cifra que se encuentra por debajo del nivel de los países del OCDE y de países latinoamericanos como Brasil y Honduras (33.1 y 22.3%, respectivamente, del PIB).
Se puede discutir, ciertamente, la orientación, reglas de operación, destinatarios o resultados en términos de combate a la desigualdad y a la pobreza de los programas sociales esenciales del gobierno federal, que se han financiado con dineros públicos: pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad; becas para estudiantes preparatorianos; becas a los jóvenes que no estudian ni trabajan; apoyos a madres solteras, entre otros.
O se puede advertir, por ejemplo, que los nuevos recursos públicos serán insuficientes en medio de la profunda recesión económica que vive y vivirá el país, como resultado de la pandemia del coronavirus y que se necesitará recurrir, tarde o temprano, al expediente del endeudamiento externo. Pero esos son otros asuntos que ameritarían ser discutidos en otra ocasión. Lo cierto en lo que nos ocupa es que la política fiscal de AMLO centrada en evitar la evasión fiscal ha fortalecido la hacienda pública federal, pilar de cualquier Estado democrático y de derecho.
Llama la atención, en todo caso, que la política de no evasión de impuestos del gobierno federal, no se haya complementado con una novedosa política fiscal progresiva y redistributiva, que en esencia cobre más impuestos a quienes tienen más recursos económicos (rentas y patrimonios) y redistribuya más entre quienes tienen menos.
Por alguna extraña razón, el presidente López Obrador se ha negado sistemáticamente a darle carta blanca a la iniciativa de cobrarle más impuestos a los más ricos. La socialdemocracia histórica de la segunda posguerra del siglo pasado, recordemos, financió el Estado de bienestar europeo precisamente mediante una agresiva política fiscal que sangraba más a los más potentados.
Al respecto, algunos analistas sostienen que en asuntos de impuestos a los ricos el presidente de México ha revelado su talante conservador o moderado. Otros, por el contrario, afirman que el titular del Ejecutivo esperará a la segunda mitad del sexenio, una vez pasadas las elecciones intermedias del 2021, para instrumentar esa iniciativa fiscal, que, por cierto, ha defendido históricamente la izquierda democrática. Solo el tiempo confirmará cuál de las dos lecturas es la más acertada.
