La videocracia no es justicia

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Nuestra discusión pública, de nuevo, gira en torno a videos anónimos que muestran a servidores públicos y sus familiares recibiendo fajos de billetes. Si se trata de tener entretenimiento, debemos de estar contentos, tenemos para rato. Pero si se trata de tener justicia, esto va mal.  La videocracia no funciona.

El descrédito de la política  

Hay pocas actividades tan importantes y al mismo tiempo tan desprestigiadas como la política. En alguna ocasión, en una marcha de protesta contra un mal gobernante, me tocó ver una manta en la que se podía leer: “Que se vayan todos, porque todos son igual de ladrones”. Hace ya décadas de ese suceso y la cosa no ha mejorado.   

La gente no cree en la política ni en quien la ejerce de manera profesional. Incluso, es común que en las conversaciones de sobremesa se escuchen expresiones como: “Yo de política no quiero saber nada, ni espero nada”. Lo cual es paradójico porque viviendo en una república democrática, la política es inevitable. Es más, preocupémonos cuando no podamos ejercer la política, porque ese día sabremos que, sin duda alguna, vivimos en una dictadura.    

Alrededor de la política y su ejercicio se han escrito cientos de frases para explicar e, incluso, justificar las bajezas y marrullerías que se construyen en su nombre, una de ellas –atribuida al primer ministro, artífice de la unificación alemana en el Siglo XIX, Otto von Bismarck– dice: “Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”. Sin embargo, la política, como cualquier otra actividad humana, puede ser reglada, y se puede y debe tener un comportamiento ético en su práctica.   

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Transparencia sí, videocracia no

Dicen que la corrupción se elimina a la luz del sol. En otras palabras, un video que exhibe prácticas corruptas puede ser muy benéfico para nuestra democracia. 

Si esta batalla de videos se transformara en sanciones para los corruptos; destituciones para los servidores involucrados; revisión a las reglas para mejorar la fiscalización de los recursos públicos que reciben los partidos políticos; una actualización a los procesos, reglas y métodos de financiamiento; discusiones serias para mejorar el derecho parlamentario y el cabildeo asociado a éste, así como en aprendizaje de los electores para las próximas elecciones, entonces estaremos frente a un ejercicio de transparencia.  

Si nada de lo anterior ocurre, entonces estaremos, una vez más, frente a la videocracia, un ejercicio que solo sirve para minar la confianza de los ciudadanos en sus políticos y, con ello, degradar nuestra democracia. 

Actualmente, parece que la justicia es lo que menos importa a nuestros políticos; por el contrario, parece que están más ocupados en ganar un concurso de impopularidad con categorías como: “a ver quien es menos menso y se deja grabar menos”, “a ver quién inventa el mejor pretexto para autojustificarse”, “a ver quién es el último en desmentir” y “adivina en qué personaje histórico está inspirada la corrupción del vecino”.  

Tan malo el pinto como el colorado

Hay personas que están muy contentas porque en los videos se exhibe a los del “bando contrario”. Lo malo es que hay para todos los “bandos”, porque en todos hay bandidos y los hay porque se sabe que no hay consecuencias. 

Aunque el comportamiento de las personas depende en mucho de su sistema de valores morales, que les impide o permite realizar actos de corrupción, la república no puede darse el lujo de sólo confiar en esos valores personales.   

El Estado, a través del derecho, debe de construir incentivos para que la ciudadanía actúe pensando en un bien común y que no reciban bolsas de dinero en efectivo. 

No importa si se trata del destinatario de ese dinero o de un simple mensajero: hasta el más ignorante debe tener claro que recibir bolsas repletas de dinero en una oficina de gobierno sin firmar ningún documento oficial por ellas es incorrecto

La bronca es que los actos de corrupción no son hechos por ignorantes, sino por vivales. Entonces, ¿qué debemos de hacer? 

La respuesta es obvia: sancionar a los que están involucrados. No importa si se inspiraron en Leona Vicario o en el Pípila. Recibir maletas, bolsas o sobres de dinero de origen desconocido y omitir reportarlo a instancias fiscalizadoras, para destinarlo a bienes que deberían ser públicos (financiamiento de partidos políticos, campañas electorales o procesos de aprobación de leyes) no debe de ser aceptado por nuestra sociedad.   

Los videoescándalos de los videocínicos deben llevar a la fiscalía competente a iniciar un proceso, apegado a derecho, para llevar ante un juez imparcial a los probables responsables, proceso que, por cierto, no debería de ser ventilado en ninguna conferencia mañanera porque así no se contribuye a la justicia sino al revanchismo.   

El fin no justifica la marrullería  

Ejercer la política debería ser, antes que nada, servicio. Pero nuestros políticos la entienden como “servirse”. Claro que no nos lo dicen así. Por el contrario, suelen adornar sus marrullerías con frases que sugieren que es por nuestro propio bien “es que si no, no ganamos”, “es que si no, no se aprueba”, “es que si no, se lo quedan los otros”, etc.    

Los políticos no están para recibir dinero ilegal. Punto. Por encima de los liderazgos o las popularidades debe de estar México. 

Hagamos nuestra parte y exijamos que las fiscalías investiguen, también exijamos que los políticos dejen de mostrarse a sí mismos como una opción óptima solo porque “roban poquito”, retirémosle nuestro apoyo aquellos políticos mentirosos, marrulleros, manipuladores y corruptos. 

Sé que no hay muchas opciones, pero también sé que no debemos acostumbrarnos.   

Honesto no es el político o el partido que se llama así mismo honesto, sino el que puede transparentar su riqueza y la de sus allegados a partir del producto de su trabajo. Todo lo demás es fantasía.

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