Más gente fuera de prisión

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La gente que comete delitos de cierta magnitud debe ir a prisión, o al menos esa es la idea básica que la mayoría de las personas tienen en la mente. Esta idea básica funciona como un incentivo, entre otros, para que las personas intenten vivir su vida dentro de los márgenes de lo permitido por el Derecho y respete la vida, libertad, salud, familia y propiedades de otros. 

Pero ¿qué pasa cuando una persona pasa varios años privada de su libertad, no en cumplimiento de una sentencia sino esperando que llegue el momento de que un juez conozca de su caso y, eventualmente, determine si debe estar en prisión? ¿Y si la persona en cuestión está privada de su libertad porque fue torturada, confesó un delito y a partir de ahí se integró su juicio? ¿Y si una persona encarcelada tiene más de 70 años o padece un grave estado de salud, se cumple el objetivo de reinserción del sentenciado a la sociedad? ¿Tiene algún sentido que dicha persona esté en prisión? ¿Le sirve de algo a la sociedad mantenerla en una instalación sobrepoblada? ¿Repara algún daño que gente inocente esté en prisión? ¿De qué sirven prisiones abarrotadas al cuádruple de su capacidad? ¿No es eso un error inexcusable de un Estado que tiene la obligación constitucional de respetar los derechos humanos

El punto es muy sencillo, nuestro sistema jurídico establece ciertas condiciones para mantener a una persona en prisión, pero en la realidad muchísimas personas en México están indebida, innecesaria e injustamente en la cárcel. ¿Por qué? Por burocracia. En el caso del ámbito federal por la burocracia combinada de los poderes ejecutivo, judicial y la Fiscalía General de la República

Para intentar revertir esto el 25 de agosto de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanas (SSPC), dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a realizar acciones para gestionar ante las autoridades competentes las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

¿Cómo funciona?

Se creará un comité de carácter permanente el cual estará integrado por servidores públicos de la SEGOB y a la SSPC a efecto de que analice bases de datos y expedientes de personas privadas de su libertad e identifique a aquellas personas que, de acuerdo con las normas que ya existen, puedan ser susceptibles de recuperar su libertad, o por lo menos de no estar en la cárcel. 

Los esfuerzos de este comité estarán dirigidos a identificar a aquellas personas privadas de la libertad en cárceles federales que sean adultos mayores y que cuenten con sentencia, a fin de verificar si se trata de portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal o cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia.

También deberá identificar aquellos casos en los que existan personas que hayan sido víctimas de tortura, la cual se encuentre acreditada con los dictámenes correspondientes elaborados de acuerdo con el Protocolo de Estambul, de los que se desprenda que con dicha violación se obtuvo la única prueba incriminatoria en su proceso penal para que sus abogados promuevan ante los jueces competentes la libertad de dichas personas.

Deberán, además, identificar aquellos casos de personas en prisión preventiva que excedan el tiempo que como máximo fija la ley al delito que motivó el proceso, el cual no deberá de ser superior a dos años. En este caso deberá hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos expedientes, para que realicen las acciones pertinentes ante los jueces que corresponda para efectos de solicitar su libertad en lo que el proceso sigue.

Finalmente, también deberán identificar a las personas mayores de setenta años que se encuentren en prisión preventiva con el propósito de impulsar que dicha limitación a su libertad se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico.

En resumen, se aprobó una norma administrativa que obliga a las autoridades competentes del poder ejecutivo a coordinarse entre ellas para impulsar ante el poder judicial la liberación o la preliberación, según sea el caso, de las personas que están privadas de su libertad y cumplen ciertas características que actualmente están contempladas en la ley. Dichas características atienden a la edad, la salud o la violación de los derechos humanos de las personas en prisión. Este acuerdo publicado el 25 de agosto se suma a lo establecido por la Ley de Amnistía publicada en abril del año pasado.

Sin embargo, en 2019 se reformó la constitución para ampliar el catálogo de los delitos que implican prisión preventiva obligatoria para las personas acusadas de dichos delitos. Ahora el citado catálogo incluye abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Esto significa que, dado que las cárceles federales están saturadas se ordena impulsar medidas de coordinación administrativa para intentar identificar a las personas que no deberían de estar ahí y sacarlas de prisión, es decir se abre una puerta para sacar a la gente de la cárcel. Mientras tanto se amplía el catálogo de personas que deberán esperar su sentencia en la cárcel, aunque sean inocentes, es decir se abre una puerta para meter a más gente a la cárcel. ¿Un poco contradictorio? Ud. juzgue.

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