Los accidentes suceden, las tragedias se construyen. El desplome de una estructura elevada de la Línea 12 del Metro de la CDMX que causó la muerte de 26 personas, hirió a decenas y dejó a miles sin un medio de transporte eficiente y barato, es una tragedia.
Lo es desde su construcción plagada de irregularidades e incompetencias, como quedó demostrado en 2014, cuando se suspendió parcialmente el servicio durante casi año y medio para corregir, reparar y enmendar errores de diseño y construcción. Ciertamente ahora queda la duda razonable de si realmente repararon o solo maquillaron los desperfectos.
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro mueve a millones de usuarios y por esa razón es estratégico para el buen funcionamiento de la ciudad. Hasta la semana pasada era prudente asumir que su operación estaría estrictamente supervisada para reducir al mínimo la posibilidad de desperfectos, incendios o descarrilamientos. Claramente no fue así. Durante la inauguración, en 2012, todos querían salir en la foto de la nueva línea del Metro, en 2021 nadie levanta la mano. A veces parece que la Línea 12 se construyó y operó sola todos estos años.
El descarrilamiento del Metro es una tragedia que debe de ser atendida en distintos frentes: político, corporativo, civil, administrativo y, de ser el caso, penal.
En lo político hay que empezar por retirar de su cargo a Florencia Serranía, la directora General del Metro con más percances por quincena cobrada, ya que tiene acceso a documentación y evidencia que podría ayudar a fincar responsabilidades a las empresas y los servidores públicos involucrados, entre los que destaca ella misma, su jefa y varios funcionarios federales.
¿No es un tema de sentido común quitarla de una posición donde puede hacer más daño a un servicio público esencial? Inexplicablemente, esa directora goza de una estabilidad laboral que raya en lo obsceno, ¿qué desperfecto del Metro le hace falta agregar a su currículum?
El mensaje que se manda aquí es: “no importa lo que ocurra, seguimos confiando en ella”. Me pregunto en qué empresa privada permitirían que un gerente, con un historial comparable al de la directora del Metro, siguiera encargado de la logística, las ventas o la operación.
En lo corporativo los respectivos accionistas de las empresas constructoras, a saber ICA, Alstom y Carso Infraestructura, deben de exigirles a éstas que se sumen a los esfuerzos de reparación de los daños a las víctimas. Con fundamento en la resolución de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las empresas tienen que cumplir su rol para proteger, respetar y remediar las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la ONU: “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se diferencia de las cuestiones de responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes”.
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, implica que eviten que sus propias actividades contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre las personas y hagan frente a estas consecuencias cuando se produzcan.
En lo civil, el Gobierno de la Ciudad de México debe de garantizar que la empresa aseguradora Grupo Mexicano de Seguros pague sin dilación los montos de las indemnizaciones correspondientes a la responsabilidad civil y los daños a terceros ocasionados.
La burocratización de las evaluaciones por parte de los ajustadores de la compañía aseguradora solo traería más dolor, pesar y zozobra a los sobrevivientes de las víctimas fatales y a las familias de aquellas que tuvieron que ser hospitalizadas.
Cualquiera que haya tenido que cobrar un seguro por daños sabe que las aseguradoras se toman su tiempo, y que no sueltan ni un peso más de lo previsto en el contrato de seguro respectivo. Hay razones para no dejar de supervisar su actuar, sobre todo porque aquí hubo familias que perdieron a su sostén económico.
En lo administrativo, el Gobierno de la Ciudad de México debe de estar listo para hacer frente a su responsabilidad patrimonial para con las víctimas. Nuestra Constitución Política establece que: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
Similar disposición se incluye en el Código Civil de la Ciudad: “El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños causados por sus empleados y servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas”.
De igual opinión es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en el caso Baldeón García vs Perú, reconoce el concepto de la indemnización por daño material. Algo similar se puede decir de nuestra Suprema Corte de Justicia y la tesis de jurisprudencia P,/J, 43/2008.
Respecto a los procesos administrativos y, eventualmente, jurisdiccionales que se tendrán que interponer ante el Gobierno local para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, las víctimas pueden acercarse a distintas organizaciones civiles que ofrecen asesoría y representación en esta materia.
Una de ellas es la Fundación Barra Mexicana A.C., la cual tiene más de 20 años de ofrecer sus servicios jurídicos de manera gratuita y ha manifestado su intención de representar legalmente en este proceso a las víctimas que así lo deseen, sin cobrar un solo peso.
Es mucho lo que se perdió con la tragedia de la Línea 12. Nada repondrá la ausencia de un padre o una madre que murió de regreso a casa por culpa de la corrupción, la incompetencia y la indolencia criminal, pero también hay mucho por hacer para intentar indemnizar a las víctimas y castigar a los responsables.
La indemnización tiene que ser suficiente y el castigo se debe dar en las distintas dimensiones en las que el Estado tiene presencia: la social, la política, la jurídica y la económica.
