Lozoya, la justicia…

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¿Y las violaciones a derechos humanos, apá?

Por fin llegó a México la discusión sobre la corrupción detonada por la empresa brasileña Odebrecht. ¿Será que finalmente estamos construyendo un Estado de derecho?

No hay duda que las distintas prácticas de corrupción, como los sobornos o las licitaciones amañadas, son generalizadas y cotidianas en México. Tampoco hay duda que en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto dieron “luz verde” para robar. 

Era un secreto a voces que desde distintas gubernaturas como Veracruz, el Estado de México, Coahuila y Chihuahua se desviaron millones de pesos para la campaña electoral de 2012. El principal símbolo de la corrupción de ese sexenio fueron la Casa Blanca donde vivía el presidente, y la casa de Malinalco del entonces secretario de hacienda Luis Videgaray.

Vaya, no es novedad que la clase política mexicana es profundamente corrupta. Los dichos de Lozoya sobre esto no aportan nada a la información que ya teníamos. ¿Dónde puede marcarse la diferencia? En la construcción de una investigación que dé cuenta de la red más general de corrupción, que desmantele los nodos de dicha red que todavía tienen posiciones políticas relevantes, y que concluya con sanciones tanto penales como administrativas.

Habrá diferencia si las instituciones encargadas de la investigación y la sanción, tanto penal como administrativa, van más allá del caso ejemplificante, a un combate sistemático contra la corrupción pasada y, en especial, contra la corrupción presente. Habrá diferencia si esas mismas instituciones no sólo se encargan de investigar la corrupción, sino también las graves violaciones a los derechos humanos que aún hoy aquejan al país. No parece ser el caso.

Igual que en los gobiernos anteriores, los órganos de investigación y sanción que debieran ser autónomos siguen encabezados por incondicionales del poder ejecutivo. Lo mismo que sucede en la Fiscalía Nacional o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reproduce en las fiscalías y comisiones locales con los gobernadores. No es un problema de partido, la intención de controlar a los órganos autónomos es patrimonio de toda la clase política. El objetivo: hacer un uso político de la justicia.

La primera noticia que tuvimos sobre los implicados en el pago de sobornos no fue un informe de la Fiscalía General de la República por medio de una conferencia de prensa, en donde se explicara cómo se hizo la investigación, qué medios de prueba la sustentan, cómo se integra la red de criminalidad, cuántas órdenes de aprehensión se lograron gracias a esa investigación y cuántas sentencias hay. 

O mejor aún, donde se nos informara que la red de corrupción ha quedado totalmente desmantelada. Ni de cerca. La noticia que tuvimos en julio de este año fue una filtración de la fiscalía en donde extrañamente no aparecen nombres ni de integrantes del Partido Verde Ecologista de México -actual aliado del partido en el poder- recibiendo sobornos, ni de entonces perredistas hoy morenistas, ni de los panistas que también brincaron a Morena. ¿Justicia? No. Se acerca más a una práctica propia de las fiscalías del viejo régimen.

Unos días después, el fiscal general Alejandro Gertz Manero convocó a una conferencia de prensa para anunciar que Emilio Lozoya presentó denuncias contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por actos de corrupción. No informó sobre los procesos de investigación de la fiscalía a su cargo en esos casos. Tampoco nos informó sobre las órdenes de aprehensión y sentencias que se han logrado para desmantelar redes de macrocriminalidad.

Bueno, ni siquiera para informarnos sobre los avances en su Plan Nacional de Persecución Penal que ya ha cumplido más de un año. No nos ha informado nada de esto. Lo que hizo fue informarnos sobre la presentación de una denuncia en la que la Fiscalía tiene poco que ver.

¿Por qué el fiscal no hace conferencias de prensa para anunciar las denuncias presentadas por las madres de las personas desaparecidas o por las mujeres asesinadas?

El 22 y 23 de agosto se cumplirán 10 años de la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados por la red de macrocriminalidad de los zetas. La investigación y sanción de los culpables ha sido nula. Hasta el año pasado no había ninguna persona sentenciada por esta masacre, y había sido negado el acceso a la carpeta de investigación a los familiares de los migrantes asesinados.

En México las personas siguen siendo desaparecidas, aumentan los feminicidios y se mantiene un alto nivel de asesinatos. De acuerdo con un informe presentado por Causa en Común, en los primeros 6 meses del 2020 la prensa dio cuenta de 2,124 atrocidades, entendidas como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración, o maltrato extremo. Las consecuencias: 2,802 víctimas.

La procuración de la justicia en México está más cerca de la simulación que de la construcción de un Estado de derecho. Peor aún, las graves violaciones a los derechos humanos son completamente irrelevantes para los órganos encargados de su investigación y de la sanción a los culpables. Cuando veamos de nuevo al fiscal general Alejandro Gertz Manero informando de hechos que no son logros de la fiscalía a su cargo, hay que preguntarle: ¿y las violaciones graves a los derechos humanos, apá?

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