El actuar de los poderosos siempre ha representado un riesgo para las libertades de los demás. Si el monarca quería más soldados, había una leva. Si al monarca le molestaban las críticas, había censura. Si el monarca necesitaba más dinero, había confiscaciones. Todo porque el monarca quería y podía.
Con el paso de los siglos se construyó y perfeccionó una idea, simple en realidad, pero fundamental para proteger las libertades de la mayoría, de esa mayoría sin soldados, empleados, recursos y servidores: dividir el poder. En las repúblicas modernas el poder se divide en tres y se entrega un tercio a tres diferentes instituciones del Estado. El resultado es un Poder Judicial, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Todos con funciones distintas, pero con el mismo tipo de poder, un poder que emana del pueblo y es ejercido con apego a la Constitución.
Lo maravilloso de la división de poderes es que asume la realidad: no le es ajeno el hecho de que cada detentador de poder va a desear cada vez más poder y que, para obtenerlo, deberá de disminuir la cantidad de poder que tienen los otros dos detentadores, a quienes obviamente no les gustará perder poder y harán lo posible para conservarlo; lo cual se traducirá un freno para cualquier ejercicio abusivo. Todo lo anterior bajo reglas pactadas y aceptadas por todos, las cuales están incluidas en una Constitución Política, documento en donde están protegidos los derechos humanos y las libertades de las personas sin poder.
Es así que una de las tareas del Poder Judicial es hacerle saber, a través de sus sentencias, a los otros dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) cuándo están abusando de sus funciones, cuando van más allá de lo que la Constitución les permite. Esto es fundamental para todos nosotros en razón de una operación aritmética muy sencilla: más poder indebido es igual a menos libertades garantizadas.
Con esto en mente, cuando un juez cumple su función y detiene el abuso del poder del Ejecutivo, éste se incomoda. El actuar de ese juez lo molesta, lo hace enojar. Más aún si se trata de un Ejecutivo intolerante a la crítica. Es entendible, ¿a quién le gusta que le señalen sus errores? Hasta ahí el juego democrático contemplado por la Constitución funciona. Hasta ahí ninguna libertad ha sido trastocada o disminuida. Hasta ahí nadie ha cruzado ninguna línea que ponga en peligro a la democracia. El problema es cuando ese Ejecutivo no se queda dentro de los márgenes establecidos por la Constitución y decide ir por más poder para hacer lo que él quiere y cuando quiere, incluso si eso significa disminuir al Poder Judicial.
Si el poder Ejecutivo utiliza los recursos públicos a su alcance para señalar sin pruebas ni argumentos a un juez, en específico está logrando dos cosas:
1. Poner en peligro la independencia de ese juez, pues éste naturalmente ahora tendrá un temor adicional al momento de dictar sus sentencias: “¿esto que estoy resolviendo molestará al Presidente? Y si es así, ¿hará algo en mi contra? ¿Me inmolará ante sus acólitos para afectar mi vida y la de mi familia?”.
2. Poner en peligro la división de poderes porque ningún otro juez será ajeno al señalamiento. “Si eso le pasó a Juan, también me puede pasar a mí, Pedro. Mejor no le busco, que sea otro juez quien le diga que no al Presidente, yo no”.
En estos tiempos de pandemias, las democracias no caen heridas de muerte en heroicas batallas bélicas, caen gracias a las discretas omisiones de aquellos que fueron contratados para defenderla.
Si en los hechos el Poder Legislativo está anulado (o peor aún, fanatizado) y los jueces comienzan a caer bajo la presión de la voz estridente de las mañanas, ¿quién se interpondrá entre la acumulación de más poder en una sola persona y la correspondiente disminución de nuestras libertades? ¿Un payaso, un reportero, un ex ministro? Ellos, por muy indispensables que sean en una democracia plural no cuentan con el respaldo del poder del Estado, los jueces sí. O al menos eso dice la Constitución.
La Constitución es valiosa no por el papel en el que está impresa, sino por el efectivo control del poder que a partir de ella podemos tener.
Hoy no hay confiscaciones; hay “rifas” de aviones, “inteligencia” financiera, austeridad “para todos” y donaciones “voluntarias”.
Hoy no hay levas; hay aeropuertos, trenes, puertos y aduanas administrados por militares.
Hoy no hay censura; hay mañaneras, aliados “sin nómina”, caricaturistas conversos, consultas “imparciales”, candidatos “avalados” por el pueblo y vacunas “sin fines electorales”.
Todo desde una silla presidencial que cotidianamente se dice atacada por sus adversarios, pese a que controla la mayor parte del tablero político.
Los políticos hacen lo que hacen porque son como son, la Constitución no puede remediar eso. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Lo que sí puede hacer es proveernos de un contrapeso a los excesos de los poderes políticos. Defendamos a los jueces honestos, imparciales y técnicos para que en el futuro no tengamos que decir “primero vinieron por los jueces…, después por nosotros”.
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