Joe Biden y Kamala Harris lanzaron su política exterior a pleno vuelo y las dos últimas semanas han sido de alta intensidad diplomática. Tras la errática, iletrada y gangsteril política exterior de Donald Trump y Mike Pompeo –su Secretario de Estado-, la política exterior estadounidense hoy se mueve no sólo con pies más ligeros sino con un margen más amplio de maniobra.
El objetivo central por cumplir ha sido distanciarse de la desaseada política exterior de la administración Trump y mostrar un claro compromiso con el machacado orden liberal del mundo. Esto ha requerido modificar tajantemente la forma de lidiar con problemas como el de la migración irregular a través de su frontera sur.
Las visitas a Guatemala y México por parte de la vicepresidenta Harris y a México por parte de Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Interior, han impuesto ritmo y tono a las relaciones bilaterales y subregionales de los Estados Unidos.
En directo contraste con la actitud amenazante de la administración Trump, el gobierno de Biden ha puesto énfasis en un acercamiento negociador para la obtención de la asistencia del gobierno mexicano en materia migratoria.
Muy en el tenor de la asistencia que reciben países que coadyuvan con ayudar a refugiados alrededor del mundo, el gobierno mexicano ha decidido ser pragmático y aceptar los 380 millones de dólares para la reforma laboral (en donde las agendas de los dos países intersectan) y para el fortalecimiento económico del sureste mexicano ofrecidos por su contraparte estadounidense.
Por su lado, el gobierno mexicano coadyuvará con la expansión de la capacidad estadounidense para el procesamiento de solicitudes de asilo en nuestro país (estableciendo un primer filtro legal de aquellos que viajan al norte en busca del llamado sueño americano).
Mientras aquello sucedía en nuestra región, el presidente Biden hizo gala de su longevo conocimiento de política internacional al presentar agendas conciliadoras, propositivas y prometedoras en las cumbres del G7, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con la Unión Europea.
En todas sus reuniones, Biden reforzó el consenso sobre los riesgos que tanto China como Rusia representan para la seguridad económica y militar de occidente y promovió la modernización de la capacidad militar y política de la OTAN como eje central de la iniciativa OTAN 2030. A pesar de que el tema de cambio climático y economías verdes tuvieron un lugar importante en las dos cumbres, el énfasis más importante estuvo puesto sobre la terminación de la pandemia y la recuperación económica global.
Los países del G7 se han comprometido a un plan de recuperación de un total de 12 billones de dólares, pero reconocen, junto con el Fondo Monetario Internacional, que los países de renta baja requerirán más de 200 mil millones de dólares sólo para su recuperación y por ello el peso central de la reducción de emisiones de carbono recaerá sobre los más ricos, los que más contaminan, los únicos con los recursos necesarios.
De la reunión de Biden con el presidente Vladimir Putin, en Ginebra, cabe destacar el pragmatismo que tanto aquel como el Secretario de Estado, Anthony Blinken, intentan imponer a la relación bilateral y a la relación entre la OTAN y Rusia.
Lejos de posiciones principistas, el gobierno estadounidense acepta que la única salida a la mala relación entre Rusia y el resto de occidente es reconocer la importancia del gobierno ruso en el manejo de ciertos entuertos geopolíticos (Siria, Irán, Afganistán) y atraer su cooperación para destensar el jaloneo político-militar en otros (Ucrania, Georgia, Bielorrusia, el Ártico y la carrera armamentista).
En vez de un juego suma cero (de total amistad o enemistad) el gobierno de Biden ha puesto la mesa para negociar unas por otras con su contraparte rusa (incluyendo las sanciones impuestas). El principal reto será reducir la gran desconfianza de Vladimir Putin hacia el gobierno estadounidense (y más uno tan cercano a aquél de Barack Obama).
Ante este mar revuelto –prioridades globales y conflictos regionales– el gobierno estadounidense ha tenido que establecer un marco amistoso de relación con el mexicano.
Irónicamente, si el partido Morena hubiese ganado en las pasadas elecciones una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el gobierno estadounidense hubiese tenido que tomar una postura defensiva y de confrontación, de manera que, en este sentido, los resultados electorales jugaron en beneficio del gobierno lopezobradorista.
Debido a que México es el país aliado de la región con mayor estabilidad político-económica, clave en la regulación de la oleada migratoria desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y, además, miembro no-permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno de López Obrador cuenta con un importante margen de maniobra en términos de política exterior; ese margen probablemente durará hasta finales del año 2022.
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