El presupuesto del gobierno populista

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El presupuesto para 2022 que acaba de aprobar la Cámara de Diputados es la mayor demostración del carácter populista del Gobierno Federal. Su propósito es afianzar el actual régimen político, más que impulsar el desarrollo del país. 

Su elaboración, debate y aprobación se apoyó en el manejo de una serie de falsedades que, tarde que temprano, provocarán serios problemas en la economía y en el nivel de vida de la población.

A diferencia de la austeridad republicana que se pregona cotidianamente desde el Ejecutivo Federal, el presupuesto 2022 es el más alto de que se tenga registro y significa un incremento del 8.6 % en términos reales respecto al presupuesto de 2021. 

Como se expresó en el debate legislativo, es muy preocupante que los supuestos en que se fundamenta el presupuesto sean estimaciones extraordinariamente optimistas que, según la experiencia y la información disponible, será verdaderamente difícil que se cumplan. Es el caso de la tasa de crecimiento económico, los ingresos por venta de petróleo y la recaudación fiscal para el próximo año.

Para que los ingresos del Gobierno puedan reunir los más de siete billones de pesos del presupuesto 2022, tendrá que recurrir al financiamiento, es decir, a la deuda pública. El 13.0 % del gasto público federal se financiará con deuda pública, lo cual contrasta con el discurso oficial de que el Gobierno funciona sin contratar un solo peso de deuda

Otro aspecto que denota el carácter populista del presupuesto es que las prioridades de gasto que serán atendidas en 2022 son las que ha establecido unilateralmente el propio Ejecutivo Federal: los programas sociales, cuyo diseño no permite superar la condición de pobreza, aunque sí ampliar la base político-electoral del partido en el Gobierno; los proyectos regionales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, concebidos en contra de toda racionalidad técnica, económica y ambiental.

Destacan las reducciones al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura Federal. El ajuste a los recursos del INE es parte de la embestida del Ejecutivo a este organismo autónomo para exponerlo como ineficiente en la próxima consulta de revocación de mandato (ejercicio por demás inútil y costoso) y luego promover su desmantelamiento.

Las necesidades y proyectos planteados por los estados y los municipios, salvo los privilegiados por el Ejecutivo Federal, quedarán sin respaldo. Los gobiernos locales deberán enfrentar situaciones muy graves de escasez de recursos para promover el desarrollo y el bienestar de sus comunidades. 

Lo más preocupante es que, en esta dinámica en la que se desalienta el crecimiento, se propicia el aumento de la población en condiciones de pobreza, se provoca el deterioro del nivel de vida de millones de familias de la clase media y no se promueven iniciativas de reforma para estimular la reactivación económica y acrecentar los ingresos fiscales, muy pronto no habrá los recursos suficientes  para financiar los programas y proyectos del Presidente. Y entonces es previsible que se haga más evidente el carácter autoritario del régimen populista. Lamentablemente. 

Por estas razones es muy importante que se fortalezca el bloque opositor en el Congreso, que se divulguen los efectos contraproducentes que tienen las políticas públicas del Gobierno Federal en el desarrollo del país y que fomentemos una mayor participación ciudadana en todos los temas de interés colectivo.

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