¿Te has preguntado por qué pagas impuestos tanto al gobierno federal como a tu gobierno local? Seguramente sí, pero quizá no sabías que algunos de tus impuestos van a dar a otros estados de la República distintos a aquel en el que vives o trabajas.
Los Estados Unidos Mexicanos –nombre oficial de nuestro país– lleva en el título una decisión política fundamental: somos una república formada por la unión de varios Estados en virtud de un Pacto Federal. Esto quiere decir que por decisión de sus partes integrantes, México adoptó como forma de gobierno el federalismo, pero ¿qué es el federalismo y qué implicaciones tiene para la vida de la ciudadanía?
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Por supuesto el dinero nunca es suficiente y las entidades con un amplio padrón de contribuyentes y una importante actividad empresarial o industrial, como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro opinan que reciben del pacto federal menos de lo que aportan. Mientras que entidades con un padrón de contribuyentes reducido y sin actividad económica sobresaliente, como Tlaxcala o Chiapas reciben muchos más recursos de lo que suman a la bolsa.
Sin embargo, el Pacto Federal no solo es un tema de distribución igualitaria del dinero, también implica los principios de solidaridad y de subsidiariedad. Es un pacto donde el índice de desarrollo humano de todo un país se medirá por el integrante con una menor calificación, lo cual obliga a todos a ayudarse entre todos.
¿Cómo se distribuye el dinero entre la federación y las entidades federativas? Lo primero que hay que decir es que los estados pueden obtener directamente sus propios ingresos, por ejemplo a través de cobrar impuestos estatales dentro de su territorio. Obviamente esta actividad implica costos.
El primero de ellos es el descontento de la gente de pagar un impuesto más, descontento que no se canaliza hacia el presidente sino hacia el gobernador. El otro costo es construir el fundamento, la organización y la estructura que se requiere para, de hecho, cobrar ese impuesto.
Lo que lleva en la vida real a que por cada peso recaudado solo entre a la alcancía una fracción de ese peso, ya que el resto se fue en pagar el andamiaje para cobrarlo (triste pero cierto).
El tercer costo es ejercer ese impuesto, ya que para esto se tiene que cumplir con diversas disposiciones, entre ellas las vinculadas a la rendición de cuentas y la transparencia lo cual implica pagar el salario de los servidores públicos que se encargan de ello.
Otra fuente de ingresos más cómoda para los estados es recibir una participación de la recaudación federal. Es decir, aunque no todos los estados tienen petróleo o fronteras exteriores o aduanas, las 32 entidades reciben una parte de esos ingresos que cobra el gobierno federal.
Ahora, la distribución del dinero no queda al arbitrio del presidente o de los gobernadores.
Hay leyes que establecen fórmulas de distribución, como la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
La Ley de Coordinación Fiscal toma en cuenta distintos fondos, como por ejemplo el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y el Fondo de Compensación, entre otros. Todo esto controlado en gran medida por el gobierno federal pero en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
También existen los Convenios de Coordinación que se realizan con fundamento en la Ley de Planeación. Esto permite al Ejecutivo Federal acordar con los estados la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo y coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias a la consecución de los objetivos de la planeación nacional para que las acciones a realizarse se planeen de manera conjunta, lo cual implica recursos económicos suministrados por el gobierno federal.
El federalismo es una decisión política de carácter Estatal, en gran parte diseñada a partir de las ideas de James Madison, varias de ellas expresadas en los escritos conocidos como El Federalista, y que consiste en descentralizar el poder no para destruirlo sino para distribuirlo desde un poder central hacia unidades de gobierno subnacional.
Esto último implica entender a la soberanía como una característica compartida entre la Unión y las entidades federativas. Por eso hablamos de soberanía nacional y de soberanía interna de las entidades federativas.
La soberanía de las entidades federativas en todo lo concerniente en su régimen interior implica el reconocimiento de su respectiva facultad de darse a sí mismas sus propias constituciones políticas, las cuales incluirán las normas jurídicas para la organización y distribución del poder político estatal y la protección a los derechos humanos que consideren conveniente, en tanto que no violen el pacto federal contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Aunque contar con un sistema federal cada vez más intrincado no es exclusivo de nuestro país, la actual configuración de nuestro federalismo está lejos de ser producto de un meticuloso diseño consensuado que privilegia la eficacia y la eficiencia. Jorge Cerdio alguna vez afirmó: “La historia del sistema federal mexicano, desde su nacimiento formal con la Constitución de 1824 y hasta nuestros días, puede ser descrita como una larga concatenación de paradojas y contradicciones entre el discurso, la norma y la realidad”.
