La consulta para la revocación de mandato, cuya realización ha sido forzada por el propio presidente de la República, es una trampa para destruir las instituciones democráticas y afianzar el proyecto político del populismo autoritario en el gobierno por muchos años más. Es una farsa, un ejercicio innecesario y costoso; un hecho político que traerá consigo daños muy graves a la vida pública, a la economía y al nivel de vida de las familias mexicanas.
Después de un sinnúmero de ejercicios de reflexión, discusiones, lectura de opiniones políticas e intercambio de ideas entre personas que no se sienten comprometidas por recibir un apoyo económico del Gobierno Federal y aquellas que no se dejan llevar por la propaganda, las mentiras y la simulación, la conclusión es muy clara: acudir a votar en la consulta – a favor, en contra o para anular el voto – es respaldar la estrategia del populismo autoritario.
Eso es precisamente lo que se quiere: que participe la ciudadanía para que legitime con su voto una consulta diseñada para la autosatisfacción y el continuismo. La revocación de mandato implica serios daños a México. Veamos algunos:
– Deterioro de la vida democrática y destrucción de las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) para someterlos a las decisiones del Presidente y favorecer a la mayoría oficialista.
Cualquiera que sea el resultado de la consulta, se desatará una embestida en contra de los órganos electorales, culpándolos de no haber promovido y organizado la consulta como se hubiese querido. Ya se anunció una reforma electoral mediante la cual los consejeros y magistrados electorales podrían ser electos en forma abierta, lo que abre la puerta para que influya la delincuencia organizada. Podríamos tener autoridades electorales impuestas por el narco y, por supuesto, al servicio del proyecto político dominante.
– Menoscabo de la estabilidad política y de la gobernabilidad necesarias para impulsar un proyecto de desarrollo del país con una visión de mediano y largo plazo. Con la revocación de mandato, los presidentes electos se van a dedicar a establecer acciones populistas que favorezcan su aceptación entre la población para no ser castigados en una posible consulta pública; el desarrollo y la prosperidad del país no será un tema del Gobierno, solamente aquello que pueda acrecentar la popularidad del Presidente. Como es la realidad actual.
– Malgasto de recursos públicos, provenientes del pago de impuestos de la población, en un ejercicio de consulta que nunca fue solicitada por la ciudadanía. La consulta tendrá un costo de más de dos mil millones de pesos que se podrían haber asignado para atender necesidades apremiantes como apoyar al sector salud para enfrentar los efectos de la contingencia sanitaria producida por la COVID-19, apoyar programas de fomento al empleo, rehabilitación de escuelas, apoyo a los maestros para su profesionalización, el reforzamiento de las acciones para fomentar la igualdad de género o el apoyo a los municipios para fortalecer la seguridad pública, entre muchas otras prioridades no atendidas.
El daño más grave tiene que ver con el efecto acumulado de las circunstancias que revelan la debilidad del Estado de Derecho y la falta de confianza en el Gobierno Federal. En el clima de creciente polarización política y de incertidumbre que se alienta desde la Presidencia, es verdaderamente cuesta arriba que se puedan incrementar la inversión y el empleo. Así que el estancamiento económico y la inflación, con el consecuente deterioro del nivel de vida de los mexicanos, prevalecerán como el resultado natural de un gobierno populista y autoritario.
En la situación actual que vive el país, no hay nada que exprese con tanta fuerza nuestro compromiso cívico y amor a México que no legitimar la farsa de la revocación de mandato con nuestro voto.
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