No es la secretaría con más presupuesto del gobierno federal (en realidad es la que menos presupuesto tiene), ni la que genera las noticias más espectaculares o la que reparte más bienes o servicios al pueblo pero, sin lugar a dudas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es una de las secretarías de Estado que tienen mayor capacidad de contribuir al desarrollo económico y jurídico del país.
Creada a inicios de la década de los 80 por el presidente Miguel de la Madrid, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) fue el primer intento razonablemente serio de fortalecer la capacidad de autocorrección de la función pública del gobierno federal. Estaba diseñada para castigar a quien metiera mano al erario federal (sin permiso del presidente) y para crear mecanismos de control interno de la administración pública.
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En 1994, bajo el gobierno salinista, cambia de nombre a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Con el cambio de nombre vino un cambio de estructura y se puso el acento en mejorar a la administración pública desde su diseño y no solo desde su operación, con una visión preventiva y no exclusivamente correctiva. Se impulsaron los programas de buen gobierno que permitirían ir adelgazando sexenio tras sexenio al tamaño de la burocracia, además de introducir indicadores cuantitativos.
En el gobierno de Vicente Fox cambió a su nombre actual, Secretaría de la Función Pública, y se reestructuró para tener nuevas tareas, entre ellas la de transparencia y acceso a la información. Durante este periodo realizó auditorías preventivas a dependencias y entidades del gobierno federal, así como a entidades federativas, cuando utilizaban recursos de procedencia federal. Además, retomó los esfuerzos de utilizar la tecnología para combatir la corrupción, a través de herramientas como CompraNet (hoy en manos de la Secretaría de Hacienda) y DeclaraNet.
Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña propusieron desaparecer esta Secretaría, pero el Congreso de la Unión nunca hizo las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo cual la SFP sobrevivió para acuñar, junto con la prensa mexicana titulares emblemáticos y nada prestigiosos. A la mente vienen casos identificados como Los hijos de Martha Sahagún, El tanga gate de Serrano Limón, Néstor Moreno y su Ferrari cortesía de un proveedor de CFE, la Casa Blanca y un largo etcétera.
Durante la primera mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el marcador de éxitos y fracasos de la SFP no dio ningún vuelco. Tuvimos un poco más de lo mismo: cifras y cifras de sanciones y declaraciones patrimoniales presentadas que en realidad inflan los informes, pero que cuando se caen en tribunales o se convierten en un requisito de forma que nadie cuadra ni supervisa, terminan teniendo cero impacto en el sistema. Ahí está la sanción a Nexos como ejemplo. Las imágenes de la ex secretaria Sandoval haciendo visitas sorpresa a hospitales terminó en… nada. Y justo aquí está el quid de lo que sí puede hacer funcionar esta importante Secretaría.
La SFP no está diseñada para dar reflectores y encabezados. Está diseñada para operar un complejo sistema de indicadores que permitan detectar los errores y abusos en el sistema.
Esta Secretaría necesita a una persona servidora pública experta en la operación, funcionamiento, aciertos y fallas de la Administración Pública Federal. Y cuando digo persona experta me refiero a que lo ha vivido y no solo que lo ha leído.
Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua, que en su vida había trabajado en el sector público federal, es un buen ejemplo de lo que no necesitaba la SFP. No se puede mejorar lo que no se entiende y para entender a la Administración Pública Federal hay que conocerla desde adentro, larga y pausadamente.
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Pero no solo se trata de experiencia, también se necesita pericia. Hay que entender lo que significan los manuales generales de organización, los tabuladores de sueldos y salarios, las asignaciones y economías presupuestales, los anexos técnicos de adquisiciones, los comités interinstitucionales, las claves presupuestales, el servicio profesional de carrera y su artículo 34, las evoluciones patrimoniales, los usuarios simulados, la CGVOC, el SIDEC y el SICAVISP y mucho más.
Claro, saber es un primer elemento de la ecuación. También se necesita talante, oficio y vena para encontrar el error en un mar de números y procesos. Ser un auditor analítico, sistemático e inteligente sin duda son cualidades que mucho ayudarán al nuevo secretario Roberto Salcedo Aquino, quien con 48 años trabajando tanto en la administración centralizada como paraestatal se ha forjado fama de hombre competente e íntegro.
Ahora hay un secretario de la SFP que busca la mesa de trabajo antes que la lente de la cámara y una ciudadanía harta de que la maquinaria burocrática se lleve su tiempo y dinero.
La mesa está puesta para poder marcar un cambio muy importante en materia de combate a la corrupción y mejorar la función pública desde la perspectiva de la ciudadanía, que con frecuencia se ve perdida en un mar de trámites indescifrables, donde en plena era digital piden tres fotografías tamaño infantil sin retoque en blanco y negro, cuatro sellos de igual número de ventanillas y un acta de nacimiento actualizada para tramitar un documento que podría salir con solo teclear dos claves en la computadora.
Así, Función pública que no le funciona a los ciudadanos simplemente no funciona.
