Corte por encargo

Compartir:

Un tribunal constitucional tiene una de las tareas más importantes de una república democrática: ser un guardián de la Constitución y no una Corte por encargo. Esto significa que los integrantes de este tribunal tienen la última palabra, respecto a si la decisión de un municipio, congreso local, gobernador, juez, magistrado, Congreso de la Unión o incluso del propio Presidente de la República va más allá de sus atribuciones.

El que una constitución sea un límite que no se puede violar es muy importante, porque en ella están contempladas las decisiones políticas fundamentales que le dan forma a un país (federalismo, laicidad o presidencialismo, por mencionar solo algunas), además del catálogo de derechos humanos que las autoridades están obligadas a respetar (libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad religiosa, derecho a votar, etcétera).

Si un tribunal constitucional no hiciera bien su trabajo podría suceder cualquier cosa, por ejemplo, un gobernador podría decidir quedarse más tiempo en el poder. O se podría cancelar una obra de infraestructura pública simplemente por un capricho. O con una simple carta se podría violar leyes para desaparecer fideicomisos necesarios para la educación, la ciencia o la tecnología. O el presidente podría proponer una consulta popular para utilizar su popularidad en beneficio de su propia agenda electoral. En fin, cualquier cosa.

Ser integrante de un tribunal constitucional no es una tarea sencilla ni es para cualquier persona. Además de conocimientos sólidos en materia constitucional y habilidades para interpretar y argumentar, se requiere de un perfil especial: se debe de entender que no se puede hacer política con las sentencias, por muy tentador que sea.

También se debe de entender que a veces los votos que se emitan en la construcción de las sentencias pueden molestar a los poderosos o ser tremendamente impopulares, pero mientras sean los correctos, desde el punto de vista de los precedentes constitucionales, se deben de sostener. Además, se tiene que ser congruente, no se puede cambiar de criterio de acuerdo con la conveniencia del momento. En resumen, no se puede ser para unos asuntos constitucionalista y para otros, oficinista.

Un tribunal que desoyera estos principios de institucionalidad se pondría en la bandeja de aquellos que quisieran obtener sentencias a modo. Ya sea por presión externa o manipulación interna, los poderosos siempre estarían buscando el modo de filtrarse por los porosos muros de ese tribunal de papel, y si bien el diseño institucional ayuda a impermeabilizar los muros, el talante, carácter y pundonor de las y los jueces constitucionales siempre será la última capa de blindaje. 

En otras palabras, un juez constitucional que a golpes de martillo quiera pasar a la gloriosa historia de los defensores de la Constitución, para agradar al poderoso en turno, no logrará su objetivo.

Para contribuir a que esto no pase es tarea de los ciudadanos cuidar que un tribunal constitucional, no se convierta en una Corte por encargo. Eso significa confiar en él y acatar sin combatir sus decisiones. Significa no sumarse a campañas de descalificación orquestadas desde la banca de los “perdedores” de una sentencia. Significa no hacer ataques personales a sus integrantes fundados en sus circunstancias. Y también significa hacerle saber cuando se equivoca. Solapar el error no sirve para enmendarlo. Ser sombra silente no defiende a la democracia.

La buena noticia es que hablando de instituciones públicas nada es definitivo. No sus éxitos, no sus carencias. Tener instituciones funcionales, transparentes, profesionales y democráticas es un trabajo cotidiano de perpetua construcción que requiere la participación de todas y todos los ciudadanos.

En la reciente resolución de nuestro tribunal constitucional, la mayoría de 6 ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la pregunta planteada por el Presidente de la República, para realizar una consulta popular, le dieron la espalda a los precedentes que respecto a la materia se tenían desde 2014

Seis votos, de 11 posibles, sostuvieron la constitucionalidad de una pregunta que después cambiaron por otra completamente nueva, sin explicar de dónde salió ni cómo se construyó. Las razones que respaldaron esos seis votos fueron tan variopintas que hoy sabemos que es constitucional, pero no sabemos por qué.El próximo año termina el periodo de 15 años del ministro José Fernando Franco González Salas, uno de los cinco votos que opinaban lo que la mayoría del gremio de abogados opina: la consulta no era constitucional. Llegará otra vez el momento de proponer y designar un nuevo o nueva ministra. Llegará de nuevo la tentación de los poderosos de impulsar un perfil más “agradable” a la agenda. Llegará otra vez el momento de defender a nuestro tribunal constitucional para que sea eso: un guardián de nuestra constitución y no una Corte por encargo.

Otro texto del autor: Entre abogados te veas

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.