México está en modo electoral
Aunque no lo sepa con claridad meridiana, México está en modo electoral. Todo lo que hace, dice y planifica el presidente está pensado en términos de sus efectos sobre los resultados electorales del año próximo. Los rediseños presupuestales están hechos buscando cubrir los huecos de las crisis inmediatas (pandemia, recesión económica, inseguridad) y atender sus obras prioritarias (refinería, aeropuerto, tren).
Atendidas esas áreas de responsabilidad del gobierno federal, el resto del presupuesto está dedicado al proyecto electoral del mandatario.
¿Cuál es el proyecto electoral de López Obrador? Consiste esencialmente en tratar de asegurar unos 23 millones de votos cautivos, comprometidos a través de los programas electorales del gobierno federal, para asegurarle a su partido el control de la Cámara de Diputados y ganar en la mayor cantidad de gubernaturas estatales posibles.
Pero sabe que no es suficiente entregar dinero a las manos de quienes lo toman por su gran necesidad. Es necesario organizar esa masa de millones de personas para que salgan a votar por Morena. Para ello, y ante la ausencia de las organizaciones sociales tradicionales que organizaban a la gente (CNC, CNOP, CTM y CT, SNTE, organismos intermedios, etc), el gobierno ha organizado un gran “ejército electoral”.
Ese “ejército electoral” se llama Servidores de la Nación, integrado por más de 20 mil personas. Está organizado a partir de los 300 distritos electorales federales y están armados con tres instrumentos de trabajo. El primer instrumento es que se presentan anunciando que van en nombre del “Licenciado Andrés Manuel López Obrador” y de la Cuarta Transformación, cuyo partido se llama Morena.
Su segundo instrumento es que ofrecen todos los dineros de los programas sociales que ha creado este gobierno. Así, cada Servidor de la Nación ofrece, a las familias, becas de trabajo para jóvenes construyendo el futuro, para estudiantes de educación superior, para estudiantes de educación media superior, para adultos mayores, para personas con discapacidad de escasos recursos, crédito ganadero a la palabra, apoyos para la reconstrucción para damnificados del sismo de septiembre 2017, apoyos para desarrollo urbano en colonias marginadas, microcréditos para el bienestar y respaldos para la producción para el “bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria”.
El tercer arma es que cada Servidor de la Nación va armado con un smartphone para captar todos los datos de cada recipiente de los apoyos, empezando por la fotografía de su credencial de electoral, dirección, casilla más cercana, tipo de apoyo u apoyos recibido.
Esos datos son enviados a un centro de cómputo nacional que recibe los datos para georreferenciar cada persona, cruzando sus datos con los del padrón electoral. La idea es poder movilizar a los votantes el día de la elección, a través de los Servidores de la Nación. Incluso si Morena ve que está perdiendo algún distrito, podrán acudir a sus padrones para motivar a sus votantes.
La estructura y el financiamiento de este “ejército electoral” es ilegal, careciendo de sanción administrativa alguna. Opera en los sótanos del gobierno federal. Cálculos hechos por estudiosos indican que nos cuesta alrededor de UN BILLÓN de pesos anuales, entre el reparto de programas asistenciales (equivalentes a unos 450 mil millones de pesos) y en la operación del “ejército electoral” (salarios, prestaciones, viáticos, oficinas en todos los distritos electorales, centros de cómputo, infraestructura de oficinas, personal especializada, contratos de smartphones y programas de cómputo, etc) se calcula un gasto anual de otros 600 mil millones de pesos.
Es casi una quinta parte del presupuesto federal anual, lo cual explica a dónde van los “ahorros” de la llamada Austeridad Republicana.
Lo más grave es que este “ejército electoral federal” amenaza impedir una elección equitativa, democrática y transparente el próximo 6 de junio de 2021. En su afán desesperado por imponerse en las elecciones y repetir la hazaña del 2018, el Presidente está dispuesto a poner en duda la legitimidad y legalidad de la democracia mexicana.
De ocurrir este escenario, el 7 de junio podría marcar el inicio de un movimiento nacional contra un fraude electoral.
