¿Qué viene para los legisladores?
En la permanente valoración del actuar público de nuestros políticos, debemos ser capaces de señalar sus errores y falencias, pero también debemos reconocer sus aciertos y logros. Solo así se puede tener una opinión fundada y razonablemente objetiva de su actuar de cara a las próximas elecciones.
En este contexto: bien, muy bien por la Cámara de Diputados, que logró aprobar, sin mayores sobresaltos parlamentarios, el nombramiento de los cuatro consejeros del INE (2 hombres y 2 mujeres) que hacían falta.
A partir del 27 de julio, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona se suman a sus siete colegas, encargados de organizar las elecciones en México, una tarea nada sencilla y de una importancia vital para la vida de nuestra república.
¿Por qué felicitar a la Cámara de Diputados por haber cumplido con su trabajo?
Bueno, primero porque no es algo que se vea todos los días y, segundo, porque no fue un asunto menor para nuestra democracia.
Como es de todos conocidos, el Comité Técnico de Evaluación –órgano integrado por siete personas ciudadanas– elaboró cuatro quintetas de personas candidatas a ocupar, durante nueve años, uno de los cuatro lugares vacantes en el Consejo General del INE.
Y aunque uno de esos siete integrantes del Comité hizo público su desacuerdo, respecto a la lista de nombres y propició que decenas de diputadas y diputados suscribieran una carta pública al presidente de la Junta de Coordinación Política en la cual se manifestaban a favor de revertir el trabajo del Comité y “se ordene la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes con una nueva metodología”, en razón de que “fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.
Al final las y los cuatro nuevos consejeros del INE fueron nombrados, tal y como lo dicta el artículo 41 de nuestra Constitución.
El proceso de selección de las y los consejeros del INE es, a mi juicio, el más complejo que tenemos previsto a nivel constitucional para la designación de funcionarios públicos, que no son electos a través del voto popular. Y no faltan razones para esta complejidad.
Durante décadas, la desconfianza en la organización del proceso electoral y en el conteo de los votos resultantes fue el común denominador de nuestra, ficticia, vida democrática. Hoy esto ya no es así y para prueba basta con voltear a ver el más reciente proceso electoral federal. Confiar en el árbitro de las elecciones es fundamental para confiar en el resultado.
Tener funcionarios públicos encargados de organizar procesos electorales, que no le deben su cargo a ningún partido político es un buen comienzo. Si esas personas son profesionales que conocen la normatividad electoral y están comprometidos con la democracia y el servicio público, doblemente bueno. Y eso es lo que, en principio, sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados.
¿Y todos los demás pendientes, pa’ cuándo?
Así como una golondrina no hace verano, un asunto desahogado en tiempo y forma no borra el caudal de pendientes que nuestro Congreso de la Unión (integrado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) viene arrastrando desde hace mucho.
Además de los millares de iniciativas que esperan dictamen en ambas cámaras del Congreso (solo en la LXIV Legislatura se han presentado 7,363 iniciativas), las y los legisladores tienen pendiente un listado de obligaciones importantes, algunas impuestas por la Constitución y otras que ellos mismos se impusieron. Varias de ellas las han postergado por demasiado tiempo y sin ninguna razón válida.
Algunos ejemplos:
- El Congreso tiene pendiente de aprobar desde 2018 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código transformaría el 66% de todos los procedimientos judiciales que se tramitan en los poderes judiciales locales, con la oportunidad de hacerlos más fáciles, rápidos y baratos, lo que acercaría a miles de personas una mejor justicia.
- El Senado tiene pendiente la designación de dos comisionados del INAI, en sustitución de Joel Salas Suárez y Patricia Kurczyn Villalobos. Esta dilación del Senado facilitó el camino para que el Comisionado Presidente extendiera, de manera antidemocrática e inconstitucional, su mandato al frente del INAI.
- En la Cámara de Diputados hace falta la aprobación de tres minutas que establecen reformas a varios ordenamientos jurídicos en materia de paridad de género: para que los consejos, comités, asambleas consultivas, diversos organismos y entidades públicas se conformen de manera paritaria. Además de introducir un lenguaje que garantice la paridad de género y consolidar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en un mandato para la participación paritaria en todos los espacios de participación.
- También está pendiente la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa derivada de la (retrógrada) reforma al artículo 19 constitucional.
- Otro de los pendientes es la discusión de la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para darle al Presidente facultades extraordinarias de modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Y lo que viene a futuro.
En próximas fechas el Senado deberá realizar la designación de un magistrado o magistrada, para la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de la salida de la magistrada María del Carmen Carreón Castro, el próximo septiembre.
Y, en 2021, el Senado también tendrá que designar a una nueva ministra o ministro de la SCJN, en sustitución del ministro José Fernando Franco González Salas. Ojalá que en estos procedimientos también impere una designación imparcial, transparente y profesional.
Además, el Congreso también tendrá que aprobar la reforma anunciada por el presidente de la República en materia del Sistema de Ahorro para el Retiro. Reforma en la que se decidirá el futuro de millones de trabajadores y sus pensiones de ahorro para el retiro.
Entre los temas que el Congreso debe de atender para dotar al país y sus habitantes de un marco jurídico actualizado que les permita disfrutar sus derechos destacan: el uso de la mariguana para fines recreativos, el cual ha sido aprobado por jurisprudencia de la SCJN, así como la reforma al Poder Judicial Federal, que ha generado mucha expectativa aún antes de ser presentada.
Finalmente, en este breve listado, hay que enfatizar que en mayo de 2021, el Congreso deberá tener listas las leyes secundarias que den vida a la reforma constitucional en materia de apoyos económicos y pensiones universales, previstos en el artículo 4 constitucional.
Hay que reconocer cuando el Congreso hace las cosas bien y a tiempo, pero eso no le borra el enorme saldo de asuntos pendientes que va acumulando con el paso del tiempo. Ni nos releva de exigirle su cumplimiento.
México merece un Congreso transparente, paritario, democrático y que al mismo tiempo sea eficaz y eficiente.
