El gobierno federal tiene la lucha contra la corrupción como uno de sus objetivos principales, y por eso prometió que se iban a prohibir las adjudicaciones directas, esos contratos que se dan sin que haya una competencia entre proveedores.
¿Por qué? Porque esta práctica se considera una fuente de corrupción, da pie al amiguismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias.
Sin embargo, en 2020, ocho de cada 10 contratos que el gobierno firmó, fueron sin licitar.
Las adjudicaciones directas de la 4T ponen en riesgo el combate a la corrupción
El presidente López Obrador recalcó la importancia de prohibir las adjudicaciones directas en su Plan Nacional de Desarrollo. Y no le falta razón.
En 2017, la organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la empresa brasileña Odebrecht pudo haber ganado 1,429 millones de dólares en contratos con Pemex, gracias a un esquema de sobornos a servidores públicos que les generó adjudicaciones directas.
Por ejemplo, Odebrecht obtuvo, sin concursar contra otras empresas, un contrato para el acondicionamiento del sitio de un proyecto en la refinería de Tula, Hidalgo, que tuvo un costo de 1,400 millones de pesos.
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Otra empresa acusada de dar sobornos a cambio de adjudicaciones directas en el sexenio de Peña Nieto, es la constructora española OHL, que sin concursar recibió los contratos para realizar obras en la autopista México-Puebla por 10,000 millones de pesos y por construir una refinería de azufre en Veracruz que resultó un fraude de 1,228 millones de pesos.
También está el caso de la empresa Oceanografía, acusada de ser favorecida con contratos de Pemex, gracias a la influencia de los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, la esposa del ex presidente Vicente Fox. Una influencia que impactó todavía en el sexenio de Peña Nieto, ya que entre 2012 y 2015, Oceanografía recibió por adjudicación directa, cuatro contratos por más de 2,000 millones de pesos por concepto de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos, según la Auditoría Superior de la Federación.
A pesar de estos ejemplos, en 2020, el gobierno federal entregó de manera directa casi 180,000 millones de pesos, o sea que 3 de cada 10 pesos que gastó el gobierno en compras públicas, lo hizo sin poner a empresas a competir por proponer el mejor proyecto al mejor costo.
Esto representó poco más de 113,000 contratos, es decir, el 78.7% de los contratos que hizo el gobierno en 2020.
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¿Cuáles son las dependencias públicas que más adjudicaron? El IMSS, a cargo de Zoe Robledo, concentró el mayor número de adjudicaciones directas, ni más ni menos que en 34,543 contratos.
Le siguieron Diconsa –la empresa del gobierno encargada del abasto de productos alimenticios– con 17,203 contratos. En tercer lugar el ISSSTE, con 6,817 contratos, y en cuarto lugar quedó Canal Once, que otorgó 2,687 contratos sin licitación.
Es cierto que las dependencias de gobierno pueden celebrar este tipo de contratos, pero la ley solo se los permite cuando en el mercado no existan más opciones de compra. Es decir, debe ser la excepción y no la regla.
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La COVID-19 y la prisa por contenerla juegan un papel en esta historia, ya que el 43% de todas las compras que hizo el gobierno federal en 2020 fueron hechas por dependencias de salud. Es más, el Congreso reformó la ley para que las compras de medicamentos en el extranjero fueran sin licitación de por medio, pero vigiladas por la ONU.
Sin embargo, esto debe parar, porque las adjudicaciones directas se prestan a ser negociadas por debajo del agua, con todas las irregularidades que puede provocar la falta de transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo en un país que está luchando contra la corrupción.
Que alguien le avise al presidente que las dependencias de su gobierno no le están haciendo caso.
