Desaparecidos

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Quizá una de las tragedias de este gobierno es que ha logrado instalar en la sociedad una retórica que ya no sorprende, ni indigna, ni molesta. Hoy, me refiero a la difamación. Es una útil herramienta para ganar un argumento o descalificar a alguien, pero viniendo desde el presidente de la República es un arma que puede hacerle mucho daño a la gente y al debate público

Ahora la difamada es Karla Quintana, quien hasta agosto era la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, una institución que tiene entre sus labores contabilizar a las personas desaparecidas y no localizadas

En México esta responsabilidad es enorme y desafiante. Es una tarea titánica encontrar a los más de 110,000 desaparecidos, cifra en la que para especialistas, incluyendo a la prestigiosa organización Fundar, existe un importante subregistro. Además, la falta de mecanismos y protocolos de registro a nivel nacional generan números poco confiables

Quintana renunció discretamente y se soltaron de inmediato las especulaciones. La principal era que renunciaba porque el nuevo censo que se estaba organizando para dar con un número más preciso y confiable era exactamente lo contrario: uno que minimizara el problema.

No fue hasta principios de este mes de noviembre que Quintana levantó la voz. Sí, urge un mejor sistema, explicó. Pero el que se está proponiendo crear tiene un objetivo claro: reducir las cifras.

Es decir, no es que se quiera hacer mejor, no es que se quiera encontrar a las personas, es que se quiere presumir que han bajado las desapariciones, que en este sexenio han roto todos los récords.

Luego vino el ataque del presidente. Sin prueba alguna, acusó a la ex funcionaria de “alterar” las cifras, cosa que en realidad le sería casi imposible. Esto, porque los registros vienen de decenas de distintas instancias nacionales y estatales. Además, no tiene sentido. ¿Por qué querría ella decir que en su cargo el problema se volvió peor?

Fiel a su estilo, tras difamar a Quintana, aseguró que “vamos a probar” que han bajado las desapariciones. ¿Cuándo lo probará? Pues probablemente cuando la Secretaría del Bienestar termine su censo a modo. O nunca, como lo hemos visto antes.

Más allá del debate político, en Cuestione hemos documentado ampliamente la desesperación de las madres buscadoras. Estas personas, con apoyo mínimo o nulo del Estado, son las que están recorriendo el país con pala y pico para encontrar a sus seres queridos. Arriesgando sus vidas, han enfrentado al crimen organizado, perdido sus fuentes de trabajo y más para que se resuelva esta duda trágica que les persigue: ¿dónde está mi hijo, mi hija, mi hermano?

Sabemos también que las fiscalías estatales tienen bodegas llenas de osamentas sin identificar desde hace años, con miles de personas que podrían ser algunas de las que se buscan. Pero en lugar de tratar de identificarlas, el gobierno prefiere construir, otra vez, la narrativa de la conspiración.

Y está claro que la labor es enorme, costosa y compleja. Pero ¿no se merecen las familias mexicanas ese esfuerzo? ¿No es una forma de hacer justicia darles respuesta a estas personas desesperadas?

Pues para este gobierno, la respuesta es no. La respuesta es maquillar cifras, ignorar a las buscadoras -que jamás han sido recibidas por el presidente- y finalmente difamar a la mujer que trató de que se supiera la verdad. ¿Qué responde la gente que apoya a este gobierno? Nada. Le regalan su silencio al presidente.

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