Finalmente, en el gobierno se enteraron de algo que habíamos denunciado en Cuestione desde hace más de un año: la existencia de un jugoso negocio, creado en el gobierno de Felipe Calderón, que puso en manos de privados ocho cárceles federales para su administración.
En efecto, cuando Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 50 mil personas que pensaba capturar y encarcelar.
Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, estuvo a cargo del proyecto que terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
En una investigación especial que realizamos, descubrimos que un selecto grupo de empresarios habían ganado, sin licitación, gigantescos contratos con los que han cobrado más de 17 mil millones de pesos al año.
Además, descubrimos que hoy nuestros impuestos mantienen a reos que nos cuestan tanto o más de lo que gana al mes Andrés Manuel López Obrador. El presidente gana 161 mil pesos netos. Sin embargo, en una de esas prisiones, la más cara, cada reo nos cuesta 245 mil pesos al mes.
Durante su conferencia denunciando estos contratos, López Obrador quiso proteger la identidad de los involucrados:
“Los beneficiarios de esos contratos están muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos. Y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder”.
Sin embargo, no es ningún secreto. Desde hace tiempo informamos que detrás de las cárceles concesionadas hay importantes aliados del gobierno actual, como Carlos Slim, con su constructora IDEAL; Olegario Vázquez Raña, padre de Olegario Vázquez Aldir, miembro del consejo de empresarios del presidente, y Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock, y en quien el mandatario se ha apoyado más de una vez.
Lo que resulta particularmente extraño de esta historia es que hoy López Obrador lo denuncia, pero el año pasado no tocaron una coma de los contratos de las cárceles manejadas por las empresas, aún a pesar de que la renegociación es posible o, incluso, su cancelación, como lo estipulan los contratos, a los que tuvimos acceso.
Aunque tampoco es tan fácil. Según la información que tenemos, la cancelación implicaría indemnizaciones millonarias.
Hay otro punto: lejos de que estos contratos fueran renegociados, el nuevo gobierno les pagó 24% más en 2019 que en 2018, de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia.
Pero el problema no es solo el gasto desproporcionado. La promesa de que las cárceles concesionadas serían más seguras y verdaderos centros de reinserción social jamás se cumplió.
Estas prisiones registran en realidad los mismos índices de violencia y abusos, así como violaciones a los derechos humanos, que las públicas. Sus programas de reinserción son casi inexistentes, además de que las y los internos denuncian actos de tortura.
Es de reconocerse que se revisen estos contratos, pero hay un punto que no hay que dejar de hacer notar: gran parte de la información que entregamos en nuestros reportajes, la logramos obtener vía transparencia. Sin esa herramienta, jamás habríamos conocido los montos y las condiciones en que están las prisiones.
Eso debe ser un fuerte llamado de atención al presidente: su ataque al INAI tiene que parar. Sin órganos autónomos como ese, dependeremos totalmente de lo que las autoridades nos quieran informar, abriendo un enorme espacio para la corrupción y la opacidad. Y si algo ha caracterizado a este gobierno, es la falta de transparencia.
El acceso a la información debe estar garantizado siempre. Es gracias a eso que supimos del escándalo detrás de las cárceles de Calderón.
Que no les quede duda que seguiremos investigando y defendiendo el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.
