Certidumbre a la inversión privada

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¿Qué tienen en común Noruega, Irlanda, Suiza, Islandia y Dinamarca? Son los países con mayor Producto Interno Bruto per cápita y que ocupan los primeros lugares en el índice de desarrollo humano.

Pero ¿cómo lo logran? ¿Qué es lo que están haciendo bien? Hay dos características que tienen en común, se trata de democracias consolidadas y son países en donde impera la ley.

La democracia da la certeza a los inversionistas de que hay contrapesos al poder y, por lo tanto, no habrá abusos por parte la autoridad. El Estado de derecho, por su parte, ofrece las garantías necesarias para que los negocios puedan prosperar y en caso de enfrentar algún problema, los empresarios saben que la ley los va a respaldar.

La inversión privada es el motor de la economía y un buen gobierno es aquel que la promueve y la incentiva.

En México, el gobierno lejos de promover y atraer inversiones se dedica a ahuyentarlas, el mejor ejemplo de ello es lo ocurrido con la industria eléctrica. 

Como usted recordará, el presidente y su partido propusieron una Reforma Energética que tenía como objetivo crear un monopolio de Estado, echando para atrás los contratos de privados para la generación de energía eléctrica, incluso aquellos de autoabastecimiento. 

Dicha reforma no fue aprobada en el Congreso gracias al voto unido de la oposición que vio en ella una serie de problemas que ya hemos señalado aquí y que se resumen en lo siguiente: la CFE produciría energía más cara y sucia.

Sin embargo, a pesar de que la reforma no fue aprobada, como ya lo advertíamos en otra colaboración anterior, el ejecutivo anunció el mes pasado [1] que revisaría los contratos y permisos de autoabasto.   Según el propio gobierno federal, esto implica la revocación de 110 permisos de autoabastecimiento de un total de 234 que existen.  Esta medida afectaría a alrededor de 27 mil socios y clientes.

¿Qué ocurre entonces? Que quienes invirtieron una cantidad importante de recursos para construir plantas de generación de energía, van a perder dichas inversiones que creían estaban amparadas por la ley.   

Por otra parte, esas inversiones en autoabastecimiento de energía tenían precisamente como objetivo abatir costos para las empresas y al sufrir la cancelación de los contratos esos costos se incrementarán de la noche a la mañana, por lo que no es de extrañar que decidan revisar sus planes de negocio para irse a otros países en donde la ley se respete.

Las empresas que no puedan llevarse sus inversiones subirán los precios de sus productos para paliar el impacto del incremento en los costos de producción derivados del aumento en el costo de la energía que usan para elaborar dichos productos.  Como siempre, los consumidores serán los más afectados.  

En resumen, cuando un gobierno no solo no genera incentivos para la inversión privada, sino que la ahuyenta, quien paga las consecuencias es la gente que tiene que asumir costos más altos por los servicios y productos que consume.

México tiene una serie de ventajas competitivas para ser receptor de grandes inversiones privadas, entre las que destaca su cercanía geográfica con Estados Unidos y la cantidad de tratados de libre comercio que tiene firmados, sin embargo, la falta de certidumbre jurídica hace que estas ventajas se desaprovechen y la economía se mantenga estancada.

Otro título de la autora: El costo de no tener una estrategia consistente en educación



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