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Compromisos vacíos

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Una migración regular, ordenada y segura: ese es el compromiso que México asumió como país firmante del Pacto Mundial para la Migración en 2018, un acuerdo en el que los Estados miembros de la ONU pactaron una serie de principios, políticas públicas y buenas prácticas para afrontar los cada vez más numerosos flujos migratorios que ya desde ese entonces mostraban cada vez más picos de aumento constituyéndose, por un lado crisis humanitarias y por el otro, enormes retos para las naciones de tránsito y destino.

Fueron más de 150 naciones las que dialogaron de forma intermitente durante varias semanas para delinear 23 compromisos basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se anunció como una “guía para que todos los Estados diseñen sus medidas de gobernanza de la migración enfocadas en reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes desde la salida de sus países de origen hasta el país destino garantizando el respeto y la protección de sus derechos humanos, sin importar su situación migratoria”.

México reitero, firmó; incluso el aún candidato Andrés Manuel López Obrador prometió que la política migratoria de su administración sería de puertas abiertas y de solidaridad con las personas migrantes.

Ya siendo presidente, en enero de 2019, autoridades del Instituto Nacional de Migración ofrecieron a una de las primeras caravanas procedentes de Centroamérica libre tránsito, tarjetas de visitantes y visas de trabajo en tanto resolvían su ingreso legal a los Estados Unidos.

Sin embargo, el compromiso se rompió rápidamente; las amenazas de Donald Trump hicieron que el gobierno mexicano guardara en un cajón lo prometido y firmara un acuerdo en el que se comprometió a frenar a los migrantes en su frontera a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas.

Ni el entonces canciller Marcelo Ebrard, ni López Obrador hablaron de ese acuerdo, ni aceptaron públicamente haber pactado cuando fueron cuestionados ante el evidente giro en la política migratoria: seis mil soldados fueron enviados a la frontera con la misión de detener a los migrantes.

El presidente anunció a Francisco Garduño como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, instancia que se encargó a partir de ese momento de detener, encarcelar y deportar migrantes. La política humanitaria se olvidó y en su lugar se instaló una visión criminalizante y punitiva.

Desde ese entonces a la fecha hemos sido testigo de maltratos y vejaciones, no solo de “polleros” y otros criminales, sino de las propias autoridades migratorias; la peor: 39 migrantes muertos en un incendio que provocado o no por ellos mismos, perdieron la vida porque el gobierno mexicano que se había comprometido a protegerlos nombró a un funcionario de perfil carcelario, como advirtieron decenas de ONGs, al frente del Instituto Nacional de Migración, cuyos agentes cerraron las rejas e indiferentes a los gritos de auxilio los dejaron morir.

Lejos quedó ese Pacto Mundial para la Migración del 2018, lejos quedaron las promesas del candidato y del presidente; ni México ni el resto de los países expulsores de migrantes en Centro y Sudamérica cumplieron lo firmado: se multiplica exponencialmente la pobreza, las catástrofes y la violencia que obliga a miles de familias a dejarlo todo; no se han ampliado, ni diversificado las vías para una migración segura, no se protegen ni sus derechos humanos, ni su vida, ni su libertad de tránsito, no se les garantiza ni los servicios básicos de sanidad.

Son detenidos arbitraria y colectivamente; siguen siendo objeto de trata y tráfico de personas, son víctimas de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia. Muchos desde el privilegio los desdeñan porque -dicen- “ensucian y vienen a robar”. Cuánta indiferencia al dolor humano.

Como sociedad abramos los ojos y el corazón; es cierto, no es fácil enfrentar las olas migratorias si México y sus gobiernos no han sido capaces de garantizar ni para millones de los propios un mínimo nivel de bienestar, pero cambiemos todos, sociedad y gobierno el enfoque: hoy las personas migrantes ya no salen de sus países buscando simplemente mejorar su economía con el famoso sueño americano, hoy salen huyendo para salvar la vida.

Han dejado de ser migrantes para ser refugiados y no es un simple cambio de palabra, ese cambio de estatus implica obligadamente un enfoque verdaderamente humanitario, pero al parecer nadie ve, ni nadie escucha. Hace unos días Palenque, Chiapas, fue sede de la Cumbre regional sobre migración en donde 11 países latinoamericanos prometieron un antes y un después de esa reunión.

Volvieron a firmar lo que prometieron hace cinco años: que países de origen, tránsito y destino implementarán políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar resguardando la vida y la dignidad de las personas migrantes y de sus familias; se reunieron para criticar y señalar a Estados Unidos y sus “medidas coercitivas” como responsable de la pobreza y violencia de sus países.

No hubo ni una sola crítica a Cuba o Venezuela por la represión a la que someten a sus poblaciones, ni a Haití o Belice por la ineficacia para administrar sus países, ni a Honduras o México por la enorme violencia que hace figurar a muchas de sus ciudades entre las más peligrosas del mundo.

Estados Unidos efectivamente tiene su parte de responsabilidad, pero ningún ser humano tendría que dejarlo todo si los gobiernos fueran capaces de la autocrítica y la acción en lugar de solo congregarse para seguir firmando solo compromisos vacíos.

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