¿Desaforar o no desaforar? Después de mucho esperar, es el dilema que tienen quienes se supone que nos representan en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El problema radica en dos diputados que se han vuelto conocidos desde hace poco tiempo: Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo.
La gran pregunta es por qué les ha costado tanto trabajo abordar este tema. Recordemos que fue hace casi cuatro meses cuando Saúl Huerta fue acusado de violación por un menor de edad. El caso escandalizó a la sociedad, pero no sorprendió en absoluto a la gente de Puebla, que lo conoce desde hace tiempo y saben qué clase de persona es.
En efecto, Huerta llevaba décadas en el PRI tratando de construir su carrera política, pero nunca había sido relevante en ese partido. Con el surgimiento de Morena, logró por fin encontrar su espacio y le dieron la candidatura. Arrastrado por el actual presidente, llegó a la actual legislatura.
Como diputado aportó poco, pero hizo buenas alianzas: se unió a Mario Delgado para apoyarlo a que fuese el presidente de Morena y con eso ganó la protección del coordinador de la bancada de ese partido, Ignacio Mier. Incluso, logró ser postulado a la reelección.
Todos parecieron no saber, o decidir ignorar, el largo pasado que tenía de abusos sexuales. Pero no fue hasta el 21 de abril que un joven lo denunció por tratar de abusar de él y fue detenido. Rápidamente, Mier intervino para decir que era diputado y por lo tanto tenía fuero. Incluso lo deslindó, diciendo que lo que pasó “no lo hizo en su función como diputado”. Fue liberado y desapareció. Le quitaron su reelección, pero no el apoyo.
Después de eso, otros menores denunciaron que también habían sido sus víctimas, pero ya era muy tarde. Saúl estaba protegido por su fuero constitucional. Las cosas se movieron en el Congreso para desaforarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
Pero venían las elecciones. El partido en el poder no quería lidiar con el escándalo, así que en lugar de quitarle su protección de inmediato, lo pospusieron. Y desde hace más de cien días, lo siguen dejando para después.
Al mismo tiempo, surgieron denuncias contra el diputado del PT, Mauricio Toledo. El ex perredista, que fue alcalde en Coyoacán, está acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tuvo la misma fortuna: la protección del resto del Congreso.
Ambos hasta el momento están en libertad y ni siquiera han iniciado procesos formales contra ellos, porque están aprovechando eso que tanto se ha criticado y que se prometió que se acabaría: el fuero y la impunidad.
Pero son acusaciones muy graves. Lo suficiente como para crear una grieta entre los grupos del sector gobernante. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, lamentó que no se haya avanzado y llamó a que se proceda en su desafuero.
Apenas hace unos días, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se confrontó con Ricardo Monreal por no avanzar en el tema. Monreal, que busca construir su propia candidatura presidencial, por primera vez le dijo que no en público al gobierno federal. Aseguró que el Ejecutivo tenía que “respetar los tiempos” del Legislativo.
Acusados de abuso sexual contra menores y de corrupción, estos dos hombres siguen contando con la protección de sus partidos y sus grupos. Pero la presión está creciendo y se vuelve insostenible. Lo mismo el precio político.
Así, tras muchos retrasos, finalmente se aprobó que el tema sea debatido en el pleno en los próximos días. Sabremos entonces si les quitan, o no, el fuero. Y sabremos también quienes votan a favor y en contra.
Sin embargo, algo ha quedado claro. En la llamada Cuarta Transformación, las alianzas políticas están antes que la justicia.
Como siempre.
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