Junto con el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia, este gobierno ha tenido un gran enemigo institucional: la transparencia.
Y claro, la transparencia siempre ha sido un desafío para el periodismo y la ciudadanía en este país. Durante mucho tiempo se luchó para crear leyes e instituciones que obligaran a los gobiernos a rendir cuentas, dar explicaciones sobre el uso del dinero de la gente y cumplir con una obligación básica: combatir la corrupción.
Gobiernos anteriores se esforzaron por ocultar cuentas, desvíos, hacer contratos que parecieran reales sin serlo. Las veces que fueron descubiertos fue gracias a un ejercicio fundamental de la sociedad civil y los medios: exigir cuentas.
Pensamos que esos tiempos de opacidad y corrupción se habían terminado, pero no fue así. Y tristemente, ha sido al contrario.
Un reciente informe de Artículo 19, una organización que defiende la libertad de prensa, la transparencia así como a periodistas, demostró una realidad alarmante. La ONG realizó múltiples solicitudes a las plataformas de Transparencia sobre diversos temas que el presidente López Obrador planteaba, y se encontraron con una pared.
De todas sus solicitudes de información, menos del 6 por ciento tenían respaldo documental. Casi en el 60 por ciento de los casos no había datos para sostener lo que se había hecho público. Y en más del 26 por ciento de las solicitudes, la información entregada por el presidente era directamente falsa.
Lo que constató Artículo 19 es lo que vemos en los medios de comunicación todos los días: las solicitudes de información son ignoradas, no hay información documental o se entrega información incompleta. Todo el tiempo.
Esto hace sumamente difícil vigilar que el gobierno esté cumpliendo con su principio de “honestidad valiente” y que la corrupción se haya erradicado. Pero se pone peor.
Por un año, el Senado, controlado por Morena, se negó a cumplir con su mandato de completar los puestos desocupados en el Pleno del INAI, y solo cuándo ya no pudo posponerlo más cumplió con lo que le correspondía: hacer evaluaciones y elegir a dos personas para que pueda legalmente operar el organismo.
De inmediato, el presidente López Obrador usó su derecho constitucional de vetar a quienes se nombraron, bajo el argumento de que hubo “enjuagues” entre Morena y el PAN. Es cierto que llegaron a un acuerdo entre partidos – como pasa en las democracias -, pero en los hechos, el veto dejó al INAI en una situación precaria.
El problema central es este: el presidente no cree en la transparencia. Su lógica es que si él dice algo, hay que creerle porque “es diferente” o porque, dice, “no somos iguales”. Pero la realidad nos está contando otra historia.
Y esa es una historia de opacidad, corrupción e impunidad. Hay casos que duplican el desfalco de la famosa Estafa Maestra, con solo mandos medios bajo proceso judicial. Hay casos de mentiras directas, de medias verdades y de información engañosa. Y los hay casi cada día.
Cómo sociedad no nos podemos conformar con el “confíen en mí”. No nos podemos conformar con que son diferentes. Y eso no es defender a los gobiernos anteriores, ni es ponerse del lado de los malos de esta historia.
Defender la transparencia, la verdad y la rendición de cuentas es nuestra responsabilidad. Porque el gobierno no nos las va a regalar. Hay que exigirlas.
Y las sociedades democráticas hacen justo eso: exigen.
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