Dos de cada 10 delitos son extorsiones: 98% de los casos no se investigan

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Mexicanos viven bajo el miedo

La voz del otro lado del teléfono no era familiar, pero el hombre dijo una frase que cambió todo para Josefina: “prima, ayúdame”. Era Semana Santa, de 2014, y ella atendió el llamado de quien pensó era Juan, un primo que vivía en Canadá hacía tiempo.

— Tengo un gran problema. Me vine de…

— ¿Juan?

— Sí, sí, soy Juan. Me vine en una camioneta. Acabo de chocar. Pero estoy en un serio problema, porque la otra persona está muy mal. Necesito que me apoyes, prima.

Angustiada, Josefina hizo todo lo que estaba en sus manos.  Realizó un depósito de cinco mil pesos en una tienda de conveniencia, pero eso era solo el principio. Tras el primer pago, la presión subió. Su teléfono volvió a sonar 30 minutos después. “Juan” aseguraba que el problema era aún peor: “parece que la persona con la que choqué murió”, dijo, y pidió más dinero. Josefina, entonces, le avisó a su familia, pidiendo que le ayudarán; ellos depositaron a la cuenta más dinero.

El teléfono sonó una vez más, el hombre volvió a pedir dinero. “En ese momento, me volteó con mi marido y le digo: ‘Nos están extorsionando’. Me entró una sensación de náusea”, dice Josefina a Cuestione.

Pero el daño ya estaba hecho. En total, en cuestión de una hora, los extorsionadores se habían hecho de 13 mil pesos 500 pesos.

Un delito en ascenso

Dos de cada 10 delitos son extorsiones, de acuerdo con la Encuesta de Victimización del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

La extorsión es un delito de alto impacto, que pretende obligar a una persona, por violencia o amenazas, a pagarle con dinero o algún bien material. Quienes la cometen pueden recibir de dos a ocho años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.

Entre 2015 y 2018, el número de carpetas de investigación por extorsión aumentó 21%, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¿Qué obstáculos hay para resolver las extorsiones?

Parte del problema de las extorsiones es la falta de control en la venta de tarjetas SIM –que usan los celulares– en las tiendas de conveniencia, coincidieron expertos.

En el caso de la cadena Oxxo, por ejemplo, basta con pagar 149 pesos por un chip de telefonía celular (este incluye 150 pesos de saldo de regalo) y 29 pesos por uno express (que necesita una recarga de 50 pesos para activarse), sin tener que presentar una identificación oficial ni registrarse a una base de datos.

Pablo Girault Ruíz, vocal de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), indicó que de contarse con un registro de estas ventas se reducirían las extorsiones.

“El hecho de que yo pueda ahorita ir por cinco chips y que, incluso, los pueda comprar de la región que yo quiera, si bien no es el detonante, sí facilita (las extorsiones)… Es uno de los factores”, dijo por su parte Ramón García Añorve, director adjunto de Manejo de Crisis de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, las tiendas de conveniencia temen reducir las ventas de tarjetas SIM, si se obliga a los compradores a identificarse, dijo el especialistas en delitos de alto impacto Tomás Guevara, de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa: “(Ordenarlas) tiene que venir de una instancia que tenga como interés evitar este tipo de delitos, propiciados por la falta de regulación”.  

“Los teléfonos celulares deben ser identificados con una persona, con sus datos, de tal manera que un teléfono celular pueda equivaler a la identidad de una persona… Se hace necesario un registro. Eso tiene que estar combinado con el control completo del mercado negro y su destrucción”, dijo Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX.

Cuestione solicitó entrevista con la empresa Femsa –dueña de la cadena Oxxo– sin que al momento de la publicación de esta nota, haya dado respuesta.

Añorve explicó que muchas de las extorsiones vienen de los penales. El anonimato las alimenta. Un estudio del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) sobre una población de 20 mil reos en siete penales (dos federales y cinco estatales) estimó que realizan 3.7 millones de llamadas ilegales al año desde la cárcel.

Un remedio a las llamadas de extorsión que salen de prisión, propuso Girault, es la tecnología:  “No es ni cara ni difícil… Hay bardas electrónicas, aparatos que entorpecen celulares y unos que pueden avisar que la llamada se origina de la cárcel”.  

La mayoría de estos delitos ni siquiera llegan a ser contabilizados. En México, 93.2% de los delitos (entre ellos: robos, fraudes, amenazas, lesiones, delitos sexuales, secuestro) no son reportados o investigados, pero el porcentaje crece a 98% en el caso de las extorsiones, de acuerdo con el INEGI.

¿Calderón tenía razón?

El mismo día que el Congreso aprobó reformas para bloquear señales de telefonía en cárceles (2 de marzo, 2012), se daba fin al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), iniciativa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que intentó obligar a todas las personas que tenían una línea a registrar su nombre desde febrero del 2009.

A través de un decreto que hacía cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones (2009), Calderón creó una base de datos que llegó a sumar 98 millones 455 mil registros en el RENAUT, pero… ¿por qué no funcionó?  

Los delitos, contrario a lo esperado, aumentaron. Antes del registro (2009), se llevaban a cabo alrededor de cuatro mil 400 llamadas de extorsión al día, cifra que incrementó en más del 40% en 2010, apuntó la organización sin fines de lucro Derechos Digitales. Además, se dijo que no sería necesario el registro, porque es posible geolocalizar una llamada de extorsión en tiempo real. Eso, claro, siempre que exista una denuncia.

El registro tenía deficiencias, como que los propietarios de celular podian dar nombres falsos, detalló Girault. Sin embargo, un registro bien hecho reduciría las extorsiones, sostienen organizaciones civiles.

Sigue el dinero

Todas las extorsiones tienen un objetivo: dinero. “Este pago normalmente lo va pedir a través de transacciones bancarias, depósitos en efectivo o transferencias electrónicas”, explicó García Añorve.

Sin embargo, de la misma forma que es difícil saber quién está detrás del teléfono en una extorsión, hacen falta controles que nos digan quién está detrás de una cuenta bancaria, explicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

La falsificación de identidades ha derivado en la apertura de cuentas. Pese a la popularidad de lugares donde se venden documentos falsos, como en el barrio de Santo Domingo, en el Centro Histórico, las autoridades no han perseguido estos negocios ilegales, lamentó Rivas.

Para esta investigación, Cuestione logró obtener, en solo unas horas, una credencial de elector falsa. Con ella, se pudo abrir una cuenta Saldazo en un Oxxo sin ningún inconveniente; en los bancos es otra cosa: se suele pedir comprobante de domicilio y huellas dactilares.

Con los SIM sin registro y una cuenta abierta con un nombre falso, cualquiera podría llevar a cabo una extorsión telefónica sin ser rastreado. El único desafío será lograr manipular correctamente a la víctima.

¿Qué sigue?

Salvador Guerrero expuso que es posible volver a presentar la propuesta de un registro único de teléfonos. “Sí hay una condición distinta, hay una capacidad de articulación distinta, e ideas que sean revisadas, actualizadas, contrastadas con la experiencia internacional y con el pasado hemisférico pueden funcionar”.

En tanto… ¿qué hago si me extorsionan? Primero, conserva la calma. El extorsionador cuenta con tu nerviosismo para que cometas errores, des información de más y caigas en la trampa. García recomendó colgar el teléfono de inmediato ante posibles extorsiones y comunicarse con sus familiares, para después denunciar ante la FGR, al 01- 800-008 5400.


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