El caso contra Emilio Lozoya es una oportunidad única para nuestro país. Nos podrá permitir conocer los detalles de la corrupción que imperó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como el complejo entramado de sobornos.
La empresa Odebrecht ha sido el azote de la clase política latinoamericana. En cada país en que hizo negocios hubo compra de voluntades y favores, dinero sucio y venta de contratos multimillonarios.
En varios de estos países, algunos presidentes y ex presidentes han acabado en prisión, como fue el caso de Ollanta Humala en Perú. Odebrecht construyó toda una red de corrupción que tocó a miles. Sin embargo, hasta ahora, México no ha visto responsables.
Con el arresto de Lozoya, y la información que se ha entregado, podemos saber que aquí también hicieron negocios sospechosos. Incluso, se nos ha dicho que el ex secretario Luis Videgaray y Peña Nieto estuvieron implicados. Bueno, hasta al ex presidente Felipe Calderón han podido salpicar con el asunto.
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Pero aquí es justo donde empezamos con problemas y se hace evidente que el “cambio” que trajo la administración de López Obrador no es tan diferente a lo que se vivía antes: la justicia sigue al servicio de quién tiene el poder.
Esto es claro con el trato diferenciado que han recibido Rosario Robles y Lozoya. La primera, enemiga de Andrés Manuel desde aquellos oscuros días del videoescándalo de René Bejarano, ha recibido toda la fuerza de la ley.
Está en la cárcel desde el principio de su juicio, a pesar de que no tendría por qué permanecer en prisión preventiva. Lozoya, en cambio -que se escapó del país y estuvo peleando la extradición desde España- logró un trato de absoluto privilegio.
Y lo grave de este asunto es que conforme el gobierno, incluso el presidente mismo, suelta información sobre el caso, vulnera el debido proceso y le da elementos a Lozoya para terminar en libertad. El estupendo acuerdo que logró con las autoridades nos terminará demostrando que podrá salpicar y ensuciar a mucha gente, pero difícilmente alguien será condenado.
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Esto, porque varios de los delitos de los que acusa a sus viejos jefes y a diversos diputados probablemente ya han prescrito, además de que serán casi imposibles de probar. Al final, el caso sirve como una gran bola de humo, un argumento de la supuesta lucha contra la corrupción, pero no cambiará nada.
La maldita corrupción ha sido el origen de todos nuestros males, según el presidente; incluso, de que no use tapabocas en plena pandemia. Y peligrosamente, nuestro gobernante insiste en que se haga una consulta sobre el eventual juicio a los ex presidentes.
La justicia no puede funcionar así. Si hay elementos para juzgar a alguien se debe hacer, aunque “el pueblo” no esté de acuerdo; si no los hay, por mucho que odiemos a un personaje no podemos meterlo a la cárcel. Una justicia que responde a la rabia popular no es justicia.
Con todo, lo más probable es que al final de esta historia todos van a ganar. Va a ganar Lozoya, que difícilmente acabará en la cárcel con el acuerdo que tiene con la Fiscalía; gana, por supuesto, López Obrador, que crea la fantasía de que combate la corrupción. Aunque no lo parezca, gana Peña, que saldrá raspado pero impune, igual que Videgaray. Y Calderón tampoco terminará pagando por los crímenes de los que se le acusa.
La única que pierde es, por supuesto, la mujer: Rosario pasará todo el sexenio en prisión, por crímenes que quizá cometió, pero definitivamente no sola. Pierde también la justicia en México, porque nos recuerdan una vez más que en este país hay un solo gran juez, que condena y perdona según su voluntad: el presidente López Obrador.
