La independencia del poder judicial del Ejecutivo es crucial para evitar la corrupción y la impunidad. Un poder judicial fuerte, con instituciones sólidas, que no se intimide ante quienes gobiernan es piedra angular de la democracia.
¿Estamos viendo eso en México? Por supuesto que no.
La reforma judicial que desapareció a la Procuraduría para crear la Fiscalía General de la República tenía el objetivo de liberar al fiscal del yugo que le imponía ser un empleado del presidente. Le dio poderes y autonomía para poder investigar y llevar a juicio a quienes hubieran violado la ley, sin importar si son funcionarios del gobierno, parte de la élite económica o parientes de aquellos que gobiernan.
Y sobre todo, la debía liberar de tener que perseguir con fines políticos a quienes fueran adversarios del grupo hegemónico. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha demostrado que está muy lejos de esta visión. De hecho, ha confirmado que la Fiscalía sigue siendo un títere del poder Ejecutivo.
¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? Fue un alto funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y está acusado de ser el centro de toda una trama de corrupción. Se fue del país, lo extraditaron y ahora, es el testigo servil de un gobierno que lo usa para iniciar persecuciones contra sus adversarios.
El más sonado, por supuesto, es Ricardo Anaya. Debe ser interesante el Dèjá vu que está viviendo el ex candidato presidencial del PAN, que también fue perseguido por la justicia de Peña Nieto y, apenas perdió la elección, las acusaciones se disolvieron en el aire.
Ahora, señalado por Lozoya como receptor de sobornos, está siendo investigado de nuevo. Los cargos son varios y no son leves: lavado de dinero, cohecho e incluso extorsión, al menos.
No debería sorprendernos mucho si algunas de las acusaciones son ciertas, y sin duda si hay elementos deben ser investigados. Pero lo que nos demuestra este caso, más allá del personaje en cuestión, es que la justicia está a la orden del grupo en el poder.
Porque nada se ha hecho para investigar a Pío López Obrador, por ejemplo, por haber recibido dineros irregulares para la campaña. Manuel Bartlett no recibió ni una molestía, al igual que Irma Eréndira Sandoval. Sanjuana Martínez sigue cobrando ilegalmente su sueldo, a pesar de las denuncias nadie en la Fiscalía se ha enterado. Y bueno. Ovidio Guzmán. Nunca olvidemos a Ovidio.
Anaya ha acusado al presidente de estar detrás de lo que llama una “persecución política”, y ha anunciado que se iría del país al tiempo que niega tener miedo. El presidente, por su parte, le ha dicho que no tiene nada que ver y que todo es tan fácil como “demostrar su inocencia”.
Se le olvida por supuesto que uno no tiene que demostrar su inocencia, sino que le deben demostrar su culpabilidad. Pero conociendo al sistema mexicano y recordando el caso Rosario Robles, podemos tener bastante claro que si te quieren meter a la cárcel, lo harán.
Y si no, como nos cuenta la historia de Lozoya o Peña Nieto, no te pasará nada. No está recordar que tras su presentación ante un juez, Lozoya no ha vuelto a aparecer en tribunales ni una sola vez. Eso, porque ahora es una herramienta de la Fiscalía para perseguir a quién quiere.
La reacción de Ricardo Anaya ha generado más memes y burlas que un verdadero debate sobre el problema de la justicia en nuestro país. Un estudio reciente determinó que el nivel de impunidad en los crímenes alcanza el 95%. Esto, en gran medida por políticas improvisadas, falta de personal capacitado, negligencia y abandono de áreas clave de investigación.
Los feminicidios crecen. No pasa nada. Las denuncias de corrupción en el gobierno son ignoradas. No mejora la procuración de justicia. No se acaba la impunidad.
Y mientras, el Fiscal Gertz Manero encuentra tiempo para perseguir opositores. Mala señal para nuestra democracia.
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