La tragedia de Ciudad Juárez sacudió a México. Que unas 40 personas hayan muerto en un centro de detención de migrantes indigna y obliga a una reflexión sobre cómo estamos tratando a los migrantes que vienen aquí buscando huir de la violencia y de la pobreza.
Pero por supuesto, siendo nuestra clase política lo que es, se ha convertido en una herramienta política.
El presidente López Obrador se dice conmovido pero aprovecha, como es su costumbre, para hacerse la víctima de una persecución mediática. Le preocupa mucho más lo que digan los medios que el sufrimiento de las familias, como demostró en su visita al lugar del incidente.
La oposición lo usa para tratar de demostrar la incapacidad del gobierno y lo que llaman su naturaleza criminal. Los partidarios del gobierno acusan a los críticos de ser buitres que se benefician de la sangre.
Pero ¿cuándo la oposición no se ha beneficiado de la sangre? Pasó con la guardería ABC y con Ayotzinapa. Y por supuesto que cada caso es dramáticamente diferente y las formas en que se trataron también. Pero en todos los casos hay un par de similitudes.
Primero, la impunidad. En todos los casos ha habido personas perseguidas e incluso encarceladas, pero en ninguno han sido autoridades superiores. Podríamos decir que Miguel Angel Osorio Chong, que era Secretario de Gobernación cuando Ayotzinapa, debió renunciar. O el Secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Pero no pasó.
Hoy, podríamos decir que Adán Augusto, actual Secretario de Gobernación, quizá debiera estarlo pensando. En el menor de los casos, Francisco Garduño, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, debiese ya haber presentado su renuncia.
Pero no, ni siquiera se ha animado a dar la cara para explicar a la sociedad mexicana lo que pasó. El gobierno ha lanzado por delante, como suele hacer, a dos mujeres: la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y a Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. Ellas han sido quienes han tenido que responder, aunque a ninguna de las dos les corresponda realmente.
La segunda similitud importante es quizá la más terrible. Todas estas tragedias eran tragedias anunciadas. Porque en todos estos casos hay un factor común: negligencia y corrupción gubernamental.
En cada uno de ellos hubo gente que no hizo su trabajo, que se vendió o que simplemente no le importó.
Migración sabía que las condiciones de hacinamiento y maltrato eran insostenibles. Lo han sido desde hace mucho, y han empeorado en este sexenio, según hemos documentado en Cuestione. Hay mil historias de horror que han padecido los migrantes buscando una mejor vida.
Sumado a eso, esta tragedia ha sacado a la luz una serie de presuntos actos ilegales: empresas de seguridad que no cumplen sus contratos y otras que dan servicios de alimentación vinculadas a funcionarios. Eso, sumado al calvario que ya sufren los migrantes cruzando nuestro país en manos del crimen organizado.
El tema crucial es este: esta tragedia, como muchas otras, sí se podía haber evitado. Sí había evidencias de problemas graves. Sí se sabía que el sistema estaba roto.
Entonces ¿fue el Estado? Quizá una respuesta más correcta es que fue la ausencia del Estado. Un gobierno al que no le importa, a pesar de todas las advertencias que reciba. Un gobierno que opta por los discursos, por revictimizar a quienes murieron, por perseguir a funcionarios menores para lavarse las manos.
Una administración a la que le importa más su imagen que la vida de la gente. Así que claro, la oposición lo usará políticamente como quienes hoy están en el gobierno usaron otras tragedias para su beneficio.
Así que la triste lección es esta: En México, las tragedias matan a gente vulnerable y benefician a políticos.
¿Pero saben a quién no beneficia? A nuestro país.
