La Guardia Nacional es uno de los grandes emblemas de esta administración. Un símbolo de su política de seguridad y de su esperanza de reducir la criminalidad.
Sin embargo, también se ha convertido en una institución extremadamente peligrosa para la población.
Mucho se ha criticado a las fuerzas de seguridad por seguir la política de “abrazos y no balazos” contra el crimen organizado, que poco efecto ha tenido: seguimos rompiendo récords de homicidios y violencia.
Pero igual o más grave que eso, es su política sistemática de violaciones a los derechos humanos.
En el período de enero a septiembre de 2021 la Guardia Nacional tiene 388 quejas de violaciones a derechos humanos, por encima de la Secretaría de la Defensa Nacional con 344 o la Fiscalía General de la República con 214.
La Guardia Nacional ya tiene más denuncias que las que se presentaron en su contra ante la CNDH en todo 2020.
Hemos ya documentado las múltiples violaciones de derechos humanos contra migrantes, las golpizas y las agresiones.
Está la historia de 13 personas que venían de Cuba, Ghana y Brasil y fueron tiroteadas por la Guardia Nacional. La agresión dejó cuatro heridos y una persona murió. No llevaban armas, hasta dónde se sabe.
Pero también personas de nuestro país han sufrido esa violencia.
Está la historia de Jaime Torres y su esposa, Jessica Silva, a quienes meses atrás la Guardia Nacional acribilló en Chihuahua. Estaban protestando por sus derechos al agua. La Guardia aseguró que habían repelido un ataque, pero en las imágenes que se difundieron de la protesta se ve cómo les plantaron las armas.
Está la historia de Jorge Alberto Rivera, que fue acribillado por efectivos de la de esta fuerza de seguridad. Supuestamente le habían ordenado previamente que se detuviera, pero no obedeció. Murió de un balazo en la cabeza. Testigos aseguran que vieron cómo le plantaban drogas y armas.
Como estas, hay muchas tragedias más. Y eso nos habla de algo más grave que elementos violentos: es un modus operandi de una fuerza de seguridad que se sabe protegida y empoderada por el Estado.
Además, la CNDH se muestra perezosa en atender y atacar este problema. Su titular, Rosario Piedra, aliada del presidente, hace poco para cambiar esta situación. Ha estado más preocupada por defender a su amiga Sanjuana Martínez, directora de Notimex, que a la gente que muere a balazos.
Con todo, gran parte de la gente de nuestro país ve con buenos ojos a la Guardia y la respalda, sintiendo que su presencia hace de las calles un lugar más seguro. Pero la evidencia muestra otra cosa.
Y mientras la llamada izquierda mira en otra dirección, solo la sociedad civil y organizaciones internacionales alzan la voz para contener este río de sangre. Esa misma sociedad civil que ha sido acusada de corrupta y conservadora es la fuerza que está tratando de hacer ver los peligros de la militarización.
La Guardia Nacional es cada vez más militar, tiene más presupuesto y tiene más poder, pero eso no se está traduciendo en que reduzcan la violencia. Tampoco en que se capaciten en uso restringido de la fuerza, derechos humanos o que tengan un enfoque de género al enfrentar problemas.
Las historias y los números nos demuestran esta realidad.
Bajo la sombra de la violencia y la muerte, la Guardia Nacional es, hoy en día, la institución del gobierno más peligrosa de México.
