Qué suerte tiene Florencia Serranía. La exdirectora del Metro de la Ciudad de México, cuyo paso por el gobierno estuvo marcado por continuos accidentes, incendios, inundaciones y por supuesto el colapso de la Línea 12, no tendrá que rendir cuentas ante la autoridad judicial.
Así nos lo hizo saber la Fiscalía de la capital, después de que abogados de las víctimas lograran que un juez considerara que su testimonio sería útil a la investigación.
La fiscal Ernestina Godoy, a través de su equipo, determinó que ella no “forma parte de la teoría del caso” que está investigando para entender qué pasó y quién es responsable de esta tragedia que dejó 26 víctimas mortales y decenas de personas heridas.
Es difícil entender por qué la jefa del Metro no tiene nada que aportar a la investigación, pero es fácil suponer que responde a proteger políticamente a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones presidenciales.
La jefa de Gobierno siempre la defendió e incluso la mantuvo en su cargo tras el colapso, evitando que asumiera responsabilidad política. Ahora, la Fiscalía la sigue protegiendo, a pesar de las protestas de las víctimas que exigen respuestas.
La justicia en México siempre ha sido un desafío. Históricamente hemos sido un país en el cual las instituciones responsables de combatir la impunidad y hacer pagar a criminales están al servicio del poder político de turno.
Durante mucho tiempo, demasiado, vimos cómo se condenaba a enemigos del régimen y se perdonaba a aliados, construyendo extensas redes de corrupción e impunidad. La sociedad civil empujó que se realizara una reforma para independizar al sistema judicial de los políticos e ir construyendo un verdadero Estado de Derecho. Y por un momento, parecía haberlo logrado.
Hasta que no.
La llegada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República ha sido un duro golpe a la deseada independencia de la justicia. Su obsecuencia con el presidente, al mismo tiempo que usa su poder para venganzas personales, ha marcado y contaminado toda su gestión.
Bajo la protección de López Obrador, que considera que no ha cometido “delitos graves”, ha perseguido a científicos o familiares, como pasó famosamente con su excuñada y sobrina, Alejandra Cuevas, que solo fue liberada gracias a que unos audios forzaron a la Suprema Corte a sacarla de prisión.
No pasa solo en la Ciudad de México ni en la Fiscalía General: gobernantes de los estados, de todos los colores, han buscado imponer fiscales a modo que respondan a sus instrucciones. Tal fue el caso de Veracruz, donde la fiscal del estado, bajo órdenes del gobernador, encarceló al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río.
Esto causó un cisma al interior de Morena, ya que era aliado de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara Alta. Al final lo liberaron, pero fue un claro ejercicio de uso de la justicia con fines políticos.
Lo que hemos visto con Enrique Peña Nieto es un ejemplo perfecto. Nadie debería creer realmente que se le procesará, y desde la misma presidencia han puesto el tema sobre la mesa y luego lo han matizado, en una clara señal de que responde más a una negociación política -probablemente por la elección en el Estado de México- que a una verdadera búsqueda de justicia y reparación.
¿Qué es lo que nos ha faltado? Primero, un gobierno con un verdadero compromiso con la justicia. Es muy conveniente tener la capacidad de hostigar legalmente a quién odias y cuidar a quién quieres en términos judiciales. Esta administración ha seguido el triste camino de convertir la fuerza del Estado en un arma para amedrentar y negociar.
Lo otro que nos ha faltado es un contrapeso de poder en el legislativo.
El hecho de que diputados y diputadas voten por consigna las propuestas del gobierno hace imposible que haya una división democrática de poderes.
Finalmente, nos falta un poder judicial comprometido con la ciudadanía y sus necesidades, que sea cercano y empático.
Y sin eso, nunca tendremos una justicia a servicio de la gente. Nunca acabaremos con la impunidad ni la corrupción.
Esto tiene que cambiar.
