Armas y demandas

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La amenaza directa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la periodista Azucena Uresti por su labor informativa impactó al mundo del periodismo en nuestro país. Sobre todo porque en México sí se asesina a periodistas y la mayor parte de los casos quedan en la impunidad.

Sin embargo, el video también tenía otro mensaje además de la intimidación a la libertad de prensa: mostrar la capacidad de armas de fuego que tiene el cártel. No es la primera vez que lo vemos ni la más dramática. Muchas veces hemos visto videos de grupos del crimen organizado mostrando armas de alto poder, vehículos blindados y poderío militar.

¿De dónde vienen estas armas? En gran medida, de los Estados Unidos. Entre el 70 y el 90% de las armas de fuego usadas en México para homicidios son de aquel país, y la Sedena estima que más de 200,000 armas son traficadas desde allá cada año. Estamos hablando de toneladas de armamento. Y podrían ser muchas más.

Es con ese argumento que la Cancillería mexicana interpuso una demanda civil hace unos días contra diversos productores de armas, exigiendo una compensación económica por el daño al país y una exigencia de mejorar sus estándares de monitoreo sobre su distribución.

El tema es importante y complejo, así que vamos por partes.

México alega que los productores de armamento saben que muchos de sus productos acabarán en manos de criminales mexicanos, por lo que aprovechan para hacer armas que les gusten. Ponen como ejemplo la Colt calibre 38, la “Emiliano Zapata 1911”, chapada de oro con la frase “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Dicen que es una favorita de los narcos, y una de ellas fue usada para matar a la periodista Miroslava Breach en 2017

También producen armas cortas que con una modificación pueden volverse automáticas, o venden partes que sirven para construir armas hechizas que son irrastreables.

La industria no se quedó callada. De inmediato, a través de una organización pro armas, aseguraron que la demanda “no tiene base” y que ellos cumplen con la ley de su país. Dicen que el gobierno mexicano busca un chivo expiatorio ante su fracaso frente al crimen organizado y que antes de demandar a empresas, deberían detener la enorme corrupción y violencia en nuestro territorio.

En algo tienen razón: las armas son de allá, pero acá no logramos impedir que pasen. Y peor que eso, miles de armas compradas legalmente por las fuerzas armadas se “pierden” cada año y terminan en manos del crimen organizado.

El tema de tráfico de armas ha sido una constante queja de México contra Estados Unidos, en particular tras la famosa operación “Rápido y Furioso” en la que ese gobierno introdujo armas a nuestro país con la intención de rastrearlas y detener capos. Fue un fracaso y terminó con más personas mexicanas muertas.

Si bien esta es la primera demanda formal presentada, desde el gobierno de Felipe Calderón se buscaba hacer un proceso parecido. Según sabemos, la demanda estaba lista e incluso acordada con líderes anti armas de Estados Unidos, pero después se filtró a la prensa y el tema murió.

Ahora es diferente. El gobierno de Joe Biden quiere mayor regulación en el mercado de armas y se dice que ve con buenos ojos la demanda, ya que no involucra al gobierno. Además, la cancillería fue cuidadosa de decir que esto no busca afectar las leyes de ese país, y es explícita en que no es una crítica a la segunda enmienda de su Constitución que garantiza el derecho a tener y portar armas.

Expertos en derecho internacional nos han dicho que las posibilidades de ganar esta demanda son mínimas. La industria de las armas ha enfrentado decenas de acusaciones así en las cortes y en general o las gana, o llega a acuerdos. Y esa derrota sentaría un mal precedente.

Pero lo que sí es importante es que esto vuelve a poner el tema de las armas de fuego y el tráfico de ellas en el centro del debate. Nos da la oportunidad no solo de cuestionar las prácticas comerciales de las empresas, sino los enormes fallos de nuestros gobiernos.

Como hemos documentado, el gasto en seguridad en México se ha disparado sin tener ningún efecto ni en el consumo de drogas ni en la violencia. 

No hay buenos en esta historia, pero al final del día los responsables de nuestra seguridad no son esas empresas cuestionables, sino nuestros gobernantes. 

Entonces sí, que los demanden. Pero que además hagan lo que no están haciendo: su trabajo para sacar las armas de nuestras calles.

Eso sería congruencia.

Otro texto del autor: ¿Por qué no han desaforado a Saúl Huerta y Mauricio Toledo?

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