Relaciones peligrosas

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Este es un romance que debería preocuparnos mucho. Me refiero a lo que está pasando entre la llamada Cuarta Transformación y las fuerzas armadas. Hace unos pocos días, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hizo algo que no se había visto en décadas, llamó a la sociedad a sumarse al proyecto del presidente:

“Para nosotros, es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”.

Esto es muy grave por varias razones. En primer lugar, es ilegal. La ley es explícita en que las Fuerzas Armadas no pueden asumir posiciones políticas. Esto tiene mucho sentido: siempre que la política domina el pensamiento militar, la democracia está en riesgo. Lo vimos en el Chile de Augusto Pinochet, lo vemos en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Por otro lado, es preocupante porque significa que el Ejército está empezando a ser un actor activo en la toma de decisiones de políticas públicas. Las Fuerzas Armadas, que deben estar para proteger a la Nación, hoy están volviéndose parte del empresariado estatal. Eso es malo porque significa que al hacer negocios, podrá empezar a crecer su corrupción interna.

Lo vimos ya con Santa Lucía: se ha documentado que diversas empresas fantasmas han recibido contratos millonarios para participar en la obra, lo que nos demuestra que no son tan impolutas como nos lo habían asegurado.

Además, tienen una ventaja importante sobre el resto del gobierno. Citando la supuesta “seguridad nacional”, les es muy fácil ocultar datos, hacer contratos directos, reservar información por años u otras formas de evitar la transparencia. Esto significa que millones de pesos de nuestros impuestos podrán ser gastados sin que haya ninguna rendición de cuentas. Con todo, se nos pide que confiemos.

Fue Felipe Calderón quién decidió que el Ejército y la Marina debían asumir responsabilidades de seguridad pública, aunque no les correspondían. Esto llevó al inicio de una guerra que no termina y que ha dejado cientos de miles de muertos. La izquierda, esa que abrazó la causa de López Obrador, llamó siempre a detener la militarización, regresar al Ejército a sus cuarteles, a cambiar la estrategia. 

Hoy, guardan un cómplice silencio ante el momento en que más poder tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. No levantan la voz ni protestan por la profundización del proceso de hacer del gobierno uno de corte militar.

Hace unos días, además, el gobierno hizo dos cosas que hacen esto aún más complejo. Por un lado, la publicación en el Diario Oficial de un decreto que establece que cualquier proyecto de infraestructura que el gobierno quiera hacer debe ser aprobado en cinco días, sin importar si tiene estudios de impacto medioambiental, estructural o social. Esto bajo el pretexto de la seguridad nacional y el interés público. Pero en los hechos significa que se podrá hacer cualquier cosa que el gobierno determine sin tomar en cuenta los riesgos para la ecología, las comunidades o la sociedad. Especialistas han advertido que ese decreto es inconstitucional y el INAI ya ha anunciado una controversia ante la Suprema Corte.

Por otro lado, está la propuesta enviada al Senado para crear una “Comandancia” del Ejército que busca que se les otorguen múltiples facultades adicionales. Es peligroso porque el mando civil tiene cada vez menos control sobre las acciones de las Fuerzas Armadas. 

Así, tenemos un secretario de Defensa comprometido con un proyecto político; un Ejército cada vez más empoderado y con más riesgos de corrupción, además de un mando civil cada vez más débil. 

Está claro que llegue quién llegue a la presidencia en 2024 tendrá que lidiar con unas Fuerzas Armadas poderosas en todos los sentidos: económica, política y militarmente.

La gran pregunta que debemos hacernos es que si llega alguien que no sea de Morena, ¿defenderán la democracia y la Constitución, o defenderán su proyecto político?

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