¿Seguridad o libertad? ¿Qué es más importante? América Latina está viviendo un momento crucial respecto a este dilema. Para muchas personas, es mejor un inocente preso que un culpable libre; para otras, es justo al revés: ningún inocente debería estar preso, aunque eso nos cueste culpables libres.
La cosa es esta: en la ola de criminalidad, miedo y violencia que se vive en muchos de nuestros países, empieza a fortalecerse la idea de que si vivir sin miedo tiene el precio de nuestras libertades y derechos, estamos dispuestos a pagarlo.
Porque es terrible vivir con miedo al crimen. Vivimos preocupados por nuestras hijas e hijos, parejas, familias, propiedades. Muchas veces, perder libertades, derechos y espacios de justicia suena como un precio que preferimos pagar.
Eso es lo que está sucediendo en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha logrado una reducción sin precedentes de la violencia en un país asolado por las pandillas de “maras” que aterrorizaban a la población.
Esta mafia, que surgió entre migrantes centroamericanos en Estados Unidos como una forma de protección ante las ya instaladas pandillas en ese país, pronto regresó a sus propios países, en particular El Salvador.
Sus métodos de reclutamiento, su violencia extrema y su poder de intimidación social calaron hondo en la sociedad, y han sido una de las principales razones para la migración masiva que se ha dado en los últimos años.
Una gran mayoría de quienes han salido de ese país no solo lo han hecho para escapar de la pobreza, si no de la violencia. Y el caso se repite con Nicaragua, Guatemala y otros países.
El modelo Bukele ha tenido su recompensa y su precio. La recompensa es que la delincuencia se ha reducido significativamente, en particular los homicidios. Se han desarticulado muchas de las maras, y gran parte de sus integrantes han huído del país. El presidente hoy goza de una popularidad que roza el 90 por ciento, y se prepara para buscar la reelección a pesar de estar prohibido en su Constitución.
El precio, ha sido la justicia. Las violaciones a los derechos humanos han sido desbordantes. Hay miles de personas detenidas sin juicio y sin siquiera una acusación más formal que aquella de “tiene cara de delincuente”. Las cárceles están repletas, en condiciones deplorables. Sí, están fuera de las calles, pero sin duda no se están rehabilitando. Solo están esperando morir ahí dentro.
Es lo que llamamos populismo punitivo: metanlos a todos a la cárcel, por lo que sea, aunque no sea nada, con tal de que estemos tranquilos. Y claramente, en el público, funciona.
Es una estrategia muy distinta al “abrazos y no balazos” de Andrés Manuel López Obrador en México. Acá se ha criticado mucho al presidente por una política que parece ser pasiva e incluso indulgente con los delincuentes. Que prefiere soltarlos que enfrentar las consecuencias de detenerlos. Y eso se hace especialmente dramático cuando vemos que somos un país con cerca de 150,000 homicidios y feminicidios en lo que va del sexenio. Sumado a eso, las violaciones a los derechos humanos se mantienen en niveles alarmantemente altos.
La ironía de esto es que ni López Obrador ni Bukele son demócratas. Los dos detestan la división de poderes, los controles al Estado, la prensa y las organizaciones de derechos humanos. Ambos son, cada uno en su medida y capacidad, líderes autoritarios.
El asunto es este: el dilema es falso. No debemos escoger entre democracia y seguridad. Porque el problema, tanto en El Salvador como en México, no es ese. El problema es la impunidad. La impunidad de los criminales en algunos lugares, la impunidad de los gobernantes en otros.
Hay que rechazar esa mentira, porque el autoritarismo y el miedo no son la respuesta. La respuesta es la justicia.
Más del autor: Presidentes bajo juicio
