Este podría parecer un tema muy “de periodistas”, pero la verdad es que debe importarle a toda la ciudadanía. Porque esta es una historia de abusos, de complicidades, de amiguismos que rayan en la corrupción y el mal manejo de nuestros impuestos.
Estamos hablando del caso Notimex.
Apenas empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nombró a Sanjuana Martínez como la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Los problemas empezaron casi de inmediato.
Sanjuana tomó las riendas de Notimex con la promesa de hacerla objetiva, librarla de corrupción y transformarla. Pero lo primero que hizo fue violar los derechos de los y las trabajadoras.
Despidos injustificados, incluso de mujeres embarazadas, fueron la norma. Maltrato y hostigamiento laboral fue denunciado una y otra vez, como en Cuestione lo documentamos ampliamente. Nombró a amistades en cargos clave y manejó los recursos con opacidad.
Unido a eso, utilizó los recursos de Notimex para entrevistarse a sí misma, atacar a adversarios personales y políticos, incluso para desprestigiar a artistas que habían obtenido becas del Fonca.
Lo que ya era una agencia que respondía al poder en turno, lo cual era muy criticable, ahora se convirtió en un ariete para desprestigiar enemigos o sectores sociales, difundir información falsa o engañosa y promover la imagen de su directora.
Finalmente, el sindicato de Notimex se declaró en huelga ante las violaciones al contrato colectivo de trabajo, la revisión salarial que no se daba y los abusos cometidos por la directiva de la agencia. Sanjuana se negó a reconocerla. Trabajadores recurrieron al arbitraje, que justo hace un año les dio la razón con los que se pararon los trabajos de la entidad.
Martínez fue denunciada por todos estos abusos y excesos ante la Secretaría de la Función Pública, que supuestamente inició una investigación. El sindicato trató de llegar a una conciliación, pero una y otra vez fueron ignorados o dejados plantados en reuniones con la secretaria del Trabajo.
No solo eso: Sanjuana montó una agencia paralela, financiada con fondos públicos, para seguir operando y dando noticias, ahora solo con quienes le eran leales. Esta operación era ilegal, ya que hay una huelga reconocida.
Y acá es donde viene la parte más escandalosa de esta historia. Porque lo que vimos después ha sido una de las más descaradas muestras de influyentismo, amiguismo y abuso de poder en el gobierno cuya gran promesa era acabar con todas estas prácticas.
Primero, tras atacar a todos sus críticos en la prensa y a organizaciones de la sociedad civil, Sanjuana decidió que estaba en peligro su integridad física y emocional, y pidió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que le diera una escolta. La directora alegó que personas como Carmen Aristegui y la organización Artículo 19, que se dedica a defender la libertad de prensa, le iban a hacer daño.
El Mecanismo se negó, ya que no ejerce como periodista, sino que es funcionaria pública. Su amiga Rosario Piedra, la cuestionada presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, insistió en que había que cuidarla. Otra vez recibió una negativa, así que recurrieron a otra amistad: la periodista Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Pública. Ellas coincidieron en el pasado en el periódico La Jornada y, claro, no dudó en apoyarla. Así, la Secretaría le otorgó, con cargo al erario, una “salvaguarda urgente para proteger su Derecho Humano a la vida”.
Esto pasa en uno de los países del mundo con más periodistas asesinados por hacer su labor, en el que los mecanismos de protección son cada vez más débiles.
Por otro lado, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública y otra aliada de Sanjuana, concluyó su ardua investigación y libró a la directora de toda culpa.
Mientras tanto, el presidente López Obrador la ha defendido a capa y espada desde la mañanera, incluso de los señalamientos del exterior sobre sus reiterados abusos.
Tanto la defiende que su caso fue uno de los que motivó que se le exigiera a la cooperación internacional de los Estados Unidos dejar de financiar a Artículo 19. El gobierno de Joe Biden lo ignoró, pero esto nos habla del nivel de complicidad interna en esta administración y lo dispuestos que están a usar su poder político para protegerse unos a otros.
Y como cereza del pastel: aunque están en huelga legal y sin actividades, Sanjuana logró gastar más de 194 millones de pesos de su presupuesto de 2020. Esto, a pesar de que no debe estar pagando salarios ni gastos, porque al estar en huelga va contra la ley.
Complicidad, amiguismo, corrupción, abuso e impunidad. El caso Notimex cristaliza todas las peores prácticas de un gobierno.
Así, como diría el clásico, en la llamada cuarta transformación todos somos iguales, pero hay quienes son más iguales que otros.
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