Los programas de apoyo social, o asistencialistas, han ido creciendo en América Latina desde hace dos décadas. Sin embargo, siguen causando un gran debate entre sectores políticos. Unos los ven como una obligación del Estado para ayudar a las personas más pobres, y otros lo ven como un sistema populista para manipular a las masas.
Ambas visiones tienen algo de razón, pero para realmente saber si los programas asistenciales funciona hay que responder dos preguntas clave: ¿Están reduciendo la pobreza? y ¿son sostenibles a largo plazo?
En primer lugar, hay que entender que el Estado sí tiene una obligación con su ciudadanía. En nuestra región más de 40 millones de personas aún pasan hambre. Si un país tiene menores de edad que no están comiendo suficiente les tiene que ayudar. Eso no es populismo.
Pero hay distintos tipos de ayudas.
Inacio Lula da Silva, en Brasil, inició un programa que sí fue exitoso para combatir la pobreza: las transferencias condicionadas. Es decir, sectores vulnerables de la sociedad recibían apoyos del gobierno siempre y cuando cumplieran con ciertas obligaciones: enviar a sus niños a la escuela y llevarlos a chequeos médicos. Brasil logró reducir la pobreza extrema y el hambre como nunca antes. Ese modelo fue replicado acá en distintos programas.
Por otro lado, tenemos programas sociales de apoyo que en realidad son un pozo sin fondo. Tanto el gobierno federal como los estados del país entregan distintas ayudas, pero en muchos casos simplemente es dinero que se regala a cambio de nada.
Y seguro que ayuda muchísimo a la gente más necesitada a atender urgencias, pero no contribuye a que efectivamente salgan de la pobreza. No generan oportunidades, y tienen el riesgo de crear grupos sociales adictos a los recursos del Estado sin motivación para emplearse o construir iniciativas.
Otras, como las pensiones a adultos mayores, sin duda ayudan mucho a ese grupo. Pero conforme envejece la población, eventualmente podría no ser sostenible.
Por supuesto, en México tenemos otro gran problema cultural: la compra de votos.
El viejo priismo instaló profundamente en nuestro país la lógica de apoyos a cambio de respaldo electoral, y fue piedra angular para mantener su dominio político por tantas décadas.
Ahora, Morena ha abrazado con alegría ese modelo, y los servidores de la Nación se han convertido en un ejército de promoción de la figura del presidente y de líderes locales a cambio del dinero que viene de los impuestos de todos nosotros.
Los testimonios abundan. Muchas personas han denunciado que se le exige comprometer su voto a cambio de recibir el dinero del gobierno, o se les obliga a ir a mítines de apoyo a candidatos. Esto no solo no ha cambiado en la nueva administración, sino que incluso se ha profundizado.
Eso es muy grave, porque es traficar con la pobreza de la gente. A los gobiernos populistas siempre les es más útil una sociedad colgada de las transferencias que una que progresa y por tanto se vuelve más independiente.
Así, volvemos a la gran pregunta: ¿se está reduciendo la pobreza gracias a las ayudas sociales? La respuesta, según datos del propio gobierno, es que no. De acuerdo con el Coneval, la institución que hace estas mediciones, entre 2018 y 2020 el número de personas en situación de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, de los cuales 19.5 millones son menores de 18 años.
Se puede culpar a la pandemia en parte, pero lo que demuestra es que las muy presumidas ayudas del gobierno no están mejorando sustantivamente la vida de la gente.
¿Qué hace falta? Programas sociales que tengan, en primer lugar, controles transparentes para que nadie pueda usarlos para extorsionar a la sociedad. Segundo, un verdadero diseño que busque que la gente progrese y no solo que subsista.
Por ejemplo, la creación de programas que generen empleos dignos. Eso libera a la gente del peso político y les permite desarrollarse.
Pero eso no va a suceder por una simple razón: no genera votos, ni gana elecciones.
Y eso es lo único que le importa a nuestra clase política.
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