La división de poderes. Esa vieja demanda demócrata, siempre tan irritante para los gobernantes autoritarios. Que el Ejecutivo, el legislativo y el judicial tengan responsabilidades específicas y limitadas y que ninguno domine a los demás es simplemente crucial para tener una democracia funcional. Es lo que llamamos contrapesos.
Pero, bueno: México. Hemos vuelto a los viejos tiempos en que el presidente es el jefe de la mayoría en el Congreso y sus leyes se han llegado a aprobar sin que se le cambie “ni una coma”, como admiten hoy sin pudor quienes nos gobiernan.
La Fiscalía General de la República, que debería ser autónoma e independiente, ha mostrado bastante obediencia al Ejecutivo, fuera de los temas que obsesionan de forma personal al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Así, ha quedado en manos de los jueces aceptar amparos o acciones legales contra decisiones del gobierno que afectan a la ciudadanía o a grupos económicos. A veces a las personas juzgadoras se les ataca personalmente y muchas otras solo se les ignora, pero han sido una pequeña barrera de contención.
Dónde ha estado realmente la batalla por el control político total ha sido, por supuesto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los y las ministras de esta corte, varias nombradas por el presidente, han tenido que navegar las complejas aguas de no pelearse demasiado con el mandatario y no quedar como empleados abyectos.
No les ha sido fácil. —La primera señal que preocupó fue cuándo aprobaron en el pleno aquella ya olvidada consulta sobre juzgar a los expresidentes. La propuesta de consulta violaba varios derechos, además de que era irrelevante: si cometieron delitos deben ser juzgados, de lo contrario es un acto arbitrario de la justicia.
Al final se aprobó la consulta, pero con trampa: el Ministro Presidente Zaldívar redactó una propuesta de pregunta que no significaba nada. Al final, no pasó nada…
En las últimas semanas la Suprema Corte ha tenido mucha actividad, y enfrentado muchas presiones. El primer caso que la sacudió fue el de Alejandra Cuevas y Laura Morán. La sobrina y ex cuñada de Gertz Manero pusieron a prueba a la Corte, pero con un elemento clave: la filtración de un audio en que el Fiscal decía tener a varios ministros en la bolsa. Les puso contra la pared. No votar por su liberación era confirmar que esto era cierto.
Quién sabe qué habría pasado si ese audio no se hubiera conocido, pero la Corte tuvo que demostrar que no se dejaba intimidar. Alejandra salió libre, Laura amparada.
Con la arrogancia de sentirse libres, como le gusta decir al presidente, solo unos días después la Corte volvió a mostrar independencia. Invalidó por completo la ley que prohibía a quienes trabajan en el gobierno irse a la iniciativa privada por 10 años. Esto indignó al presidente, que no dudó en acusarlos de vendidos.
Tras esos raspones, llegó la verdadera prueba: la Ley de la Industria Eléctrica, que tanto le importa al gobierno. Recibieron presión por todos lados, e incluso el secretario de Gobernación los visitó antes de votar, en una clara señal de intervención del Ejecutivo.
Tras eso, la Suprema Corte jugó un doble juego: por un lado, ministros y ministras criticaron duramente la ley, votaron en contra de algunas cosas y a favor de otras, pero no hubo la mayoría calificada para declararla inconstitucional. Esto abrirá un gran camino para amparos, guerras legales y, por supuesto, un gran gasto público del Estado para defenderla.
Así que las preguntas son: ¿existe Estado de derecho en nuestro país? ¿Los poderes son soberanos e independientes? Lo que estamos viendo es que ante la sumisión del Congreso oficialista y la Fiscalía, la última frontera de la división de poderes está recibiendo embates. A veces cede, a veces no, a veces a medias. Dirán que esto ha pasado siempre, y seguro es cierto. Pero también se supone que ya no debería pasar. Por algo la gente votó por el cambio.
Lo que no se debe olvidar es que la Suprema Corte solo le responde a una cosa: la Constitución.
¿Se atreverán a defenderla?
