El Tren Maya

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En esta administración siempre hay un tema que consume todo el discurso. En algún momento fue el avión presidencial, en otro el AIFA, en otro la Revocación de Mandato y después la Reforma Eléctrica

Hoy es el Tren Maya. 

Desde el video de celebridades y ambientalistas llamando a reconsiderar el tramo 5 de esta obra por su impacto en el medio ambiente, la rabia del gobierno ha sido bastante transparente.

Primero, por supuesto, un argumento tan usado como gastado: ¿dónde estaban cuándo…? En esa filosofía, el derecho a opinar de cualquier tema tiene que venir de un largo currículum de protestas contra cosas similares. Sin ese amplio historial, no hay ninguna autoridad para decir nada.

Como sea, desde la difusión del video, muchas veces el presidente y sus seguidores han dedicado su tiempo a tratar de desmentir lo que dicen, asegurar que son corruptos y comprados, o alegar que las comunidades de la zona agradecen y bendicen la obra.

El gobierno asegura que el proyecto sí respeta el medio ambiente, no afectará cenotes ni a la selva, y que traerá progreso para la zona. Al mismo tiempo, también admite que no están completos los estudios de impacto medioambiental ni los planes de mitigación. Están trabajando a contrarreloj, más preocupados por inaugurar la obra que por hacerla bien. 

Esto quedó claro cuándo colapsó uno de los puentes construidos en Yucatán, que ni siquiera había sido estrenado. Y claramente, tampoco hay mayor respeto por el medio ambiente.

Organizaciones ambientalistas han iniciado juicios para frenar las obras o al menos cambiar el trazado del tren, con relativo éxito: varios amparos han sido otorgados para detener la construcción.

El gobierno, por supuesto, ha contraatacado. No solo combaten los amparos, sino que buscan aplicar el famoso “decretazo” de la presidencia, aquel que causó controversia por obligar a que las obras del Estado sean aprobadas de inmediato, a pesar de carecer de estudios medioambientales. 

Es un clásico uso del poder político contra la legislación vigente, con la lógica de “si la ley no me lo permite, pues cambiemos la ley”.  Igual de preocupante es el aumento del costo de la obra.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el gasto destinado a esta obra casi se ha duplicado. De los 120 mil millones que costaría, ahora está por encima de los 230 mil millones. Aún puede subir más. Y claro que en otros sexenios las obras terminaban siempre costando más de lo proyectado, pero esos sobrecostos implican mala planeación y muy probablemente corrupción, sea el gobierno que sea.

Por último, el eterno problema de la transparencia. 

El gobierno ha afirmado que se están reforestando 200 mil hectáreas con diversas especies de árboles para mitigar el impacto. ¿Dónde están esos terrenos? ¿Con qué árboles? Según se ha documentado, nadie sabe: ni Fonatur, ni la Presidencia. Es un total misterio.

“No se cortará ni un árbol”, prometió el presidente en diciembre de 2019, así como un millón de hectáreas de reforestación. Era una promesa difícil de creer, y por supuesto ha sido superada ampliamente por los hechos: se han desmontado kilómetros y kilómetros de selva.

Debe preocuparnos la tranquilidad con la que se le miente a la sociedad, así como el daño quizá irreparable al medio ambiente. Pero sobre todo debe preocuparnos el desprecio a la ley. Porque al final ese será uno de los grandes daños a nuestra frágil institucionalidad. 

El Tren Maya será, como el AIFA, un emblema de la administración. El futuro dirá si son un triunfo o el reflejo de su gran irresponsabilidad.

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