Mañana es la votación de Revocación del Mandato, y más allá de si se debe o no participar, el gran debate ha estado en torno de la veda electoral. ¿Se puede hablar del tema? ¿Se viola la ley al hacerlo? Antes de explicarlo, hay que entender de dónde viene la llamada veda electoral.
Durante la controversial elección de 2006, en la que Andrés Manuel López Obrador perdió por apenas unas décimas ante Felipe Calderón, uno de los temas recurrentes fue que el entonces presidente Vicente Fox no tuvo empacho en hablar de las elecciones en que suponía un peligro para México si ganaba AMLO.
Fue esa la época del famoso “cállate chachalaca” del entonces candidato presidencial contra el presidente, exigiendo, con razón, que no aprovechara su posición para empujar a su candidato. Tras la elección vino un largo proceso de protestas que sacudió al país, y luego una reforma electoral que estableció la llamada veda electoral.
Tiene mucho sentido: las personas funcionarias públicas no deben aprovechar su posición e influencia para afectar los procesos electorales. Es bueno que se mantengan al margen, que no usen dinero público y programas sociales para empujar a quienes apoyan en las elecciones. Es simple lógica: no se vale usar el dinero de la ciudadanía para promover candidatos, quienes de por sí ya reciben millones en recursos públicos para sus campañas.
Y eso estuvo bien por un tiempo. En la campana de 2018, que ganó López Obrador, él mismo exigió varias veces que los funcionarios respetaran la veda, ya que no hacerlo violaban la ley. Hizo bien.
Pero, uno llega al poder y las cosas cambian. La veda pasó de ser algo sensato a ser una violación a la libertad de expresión, una ofensa a los derechos fundamentales de los representantes populares de promover, desde su posición, el voto a favor o en contra de algo.
Ahora, a diferencia de 2018, la veda electoral se ha vuelto una cruel mordaza para el presidente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el resto del gobierno. Una mordaza bastante ligera, por cierto, ya que se la han sacudido una y otra vez, insistiendo en promover que la gente vaya a votar reiteradamente.
Las exigencias del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral han caído en nada, demostrando un problema fundamental de nuestra democracia: para los partidos, políticos y funcionarios, es más barato pagar una multa o recibir un regaño que dejar de violar la ley.
La historia tiene detalles que nos dibujan por completo nuestra clase política. Por un lado, el Congreso aprueba de forma exprés una ley que cambia las reglas y decide que sí se puede promover desde el gobierno la Revocación. El Tribunal Electoral la rechaza, diciendo que según la Constitución, no se pueden cambiar las reglas electorales tan cerca de un proceso. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a suspender la ley. Y siguieron haciendo campaña.
Y mientras desde el gobierno se condena la “censura” del INE, sus diputados denuncian a artistas que piden que se modifique la ruta del Tren Maya porque viola la veda electoral. El mensaje que nos mandan es claro: hablar a favor es libertad, hablar en contra es ilegal.
Al mismo tiempo, en plena crisis de masacres e inseguridad, el subsecretario de Seguridad Pública pide licencia para ir a promover la elección; el presidente habla del tema casi todos los días, y el secretario de Gobernación se da el lujo de tomar un avión de la Guardia Nacional para ir a un mitin con Mario Delgado, presidente de Morena, para fustigar al INE y promover la Revocación.
De igual forma tenemos a la secretaria de Cultura, que usa sus redes sociales para promover lo que llama “el día de la democracia”.
Está muy bien que exista la Revocación del Mandato. Está muy bien que la gente pueda echar a un gobierno fracasado. Pero esto no es eso. No es una sociedad demandando un cambio porque están infelices. Es un ejercicio de narcisismo presidencial.
Es también la absoluta pérdida del pudor político. Es un gobierno que nos dice que las leyes le dan lo mismo, que no tiene ningún temor de pagar las consecuencias.
Porque esas leyes que empujaron cuándo les convenían, ahora les estorban. Esto es grave y debe preocuparnos.
Porque si la ley no se aplica para toda la gente, no se aplica para nadie.
