Apenas asumía la Presidencia de la República cuando Felipe Calderón lanzó su fallida guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006.
Organismos de derechos humanos han documentado que ese fue el punto de quiebre en el que comenzó una crisis humanitaria y una escalada de violencia en el país que hasta el momento ha dejado la escalofriante cifra de más de 431,00 personas muertas y más de 94,000 desaparecidas.
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pasó de una guerra atroz a una política de “abrazos, no balazos” y apenas la semana pasada el mandatario respaldó la idea de establecer un pacto con el narcotráfico.
Esto, luego de que la activista Delia Quiroa Flores, defensora de Derechos Humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas lanzó un llamado a 10 grupos criminales a detener la violencia para que puedan buscar a sus desaparecidos.
El presidente dijo “estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz”, e hizo un llamado a terminar con la violencia. Fue un llamado desesperado que refleja el agotamiento de su política de seguridad pública. Del “abrazos, no balazos” a una pax narca.
Y no solo eso: hace unos pocos días reconoció que su sexenio era el más violento en la historia reciente de México, pero acusó a la herencia que recibió. A 4 años y medio de su administración, y tras todas las promesas de acabar con la criminalidad, el pasado sigue siendo el gran responsable del desastre en seguridad.
Pero en realidad el problema de fondo es la estrategia. Aunque el presidente insiste en que su plan dará resultados a largo plazo, sigue sin darlos. Para muestra están las más de 156,000 personas asesinadas en lo que va de este sexenio.
Como parte de su estrategia de seguridad, el gobierno desmanteló la Policía Federal Preventiva y formó a la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado de seguridad pública que tampoco está funcionando. O está funcionando aún peor.
A pesar de los más de 128,000 elementos de esta corporación y sus 94,000 efectivos desplegados en el país, solamente logró 3,000 detenciones de presuntos delincuentes el año pasado, la cifra más baja desde que comenzó a operar en junio de 2019.
De acuerdo con el informe que el Gabinete de Seguridad entregó en un hecho inédito a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las detenciones en 2022 registraron una caída de 63% con respecto a 2021.
Es decir, la flamante Guardia Nacional de López Obrador es 40 veces menos eficiente que la Policía Federal, que nunca tuvo más de 40,000 efectivos.
A pesar de las cifras, el presidente tiene otros datos, y sin duda también una deuda con la sociedad que exige medidas urgentes para frenar la violencia, el crimen y la inseguridad. Porque no es suficiente prometer que una política de seguridad -que más bien parecen palos de ciego e indiferencia- va a rendir frutos hasta dentro de 20 años.La exigencia de seguridad es ahora. Y aunque parece difícil que haya un golpe de timón en lo que resta de su sexenio, el presidente no debería olvidar que la seguridad es un imperativo esencial del contrato social, no importa si fue generada con las decisiones del pasado y con las indecisiones del presente.
