En días pasados las y el candidato presidencial, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, firmaron el Compromiso por la Paz, un documento elaborado por autoridades religiosas, víctimas de violencia y especialistas para abordar de manera efectiva la profunda crisis de violencia y descomposición social que aqueja a nuestro país.
Quienes elaboraron el documento, tardaron alrededor de dos años en recopilar las perspectivas de 20 mil personas que participaron en centenas de foros y conversatorios. Dialogaron con más de 1,600 instituciones e identificaron 300 buenas prácticas para restablecer la paz en nuestro país.
Así, convocaron a las y los candidatos a cargos de elección popular, desde la Presidencia hasta el cabildo, a que se comprometan a cumplir con su responsabilidad de garantizar la paz al pueblo mexicano, abordando el tema desde la recomposición del tejido social, pasando por los jóvenes vulnerables y la gobernanza.
Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez firmaron el documento sin rodeos. Sheinbaum lo firmó con ciertas reservas porque lo encontró “muy pesimista” y anexó otro documento llamado Sigamos dialogando en el que explica los puntos en los que no coincide con el compromiso que le proponen.
¿Por qué la sociedad civil y hasta la Iglesia tienen que meter las manos para tratar de resolver el grave problema de la inseguridad? Aunque todos podemos participar en la construcción de una mejor nación, la participación ciudadana es especialmente urgente cuando ningún gobierno ha logrado garantizar la paz como el derecho constitucional que significa.
Por la misma razón, a donde quiera que vayan, las y el candidato tienen que hablar del tema y de las diferentes propuestas con las que planean frenar la violencia rampante que tiene atemorizada a la ciudadanía.
Claudia Sheinbaum propone una estrategia de cinco ejes que implica la atención de las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. También la coordinación con policías y fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, reformar al Poder Judicial, cosa en la que López Obrador ha insistido bastante durante su sexenio y ampliar las cárceles.
Xóchitl Gálvez, copiándole un poco al presidente salvadoreño Nayib Bukele, propone que se construya una megacárcel de alta seguridad y con tecnología de punta para meter ahí a cada integrante del crimen organizado.
Dice que no tiene miedo de usar la fuerza contra los delincuentes, que pretende quitarle a las Fuerzas Armadas la gestión de los proyectos que le ha encargado el presidente López Obrador y también que va a convertir a la Guardia Nacional en una corporación totalmente civil.
Jorge Álvarez Máynez, quien se deslizó en la contienda casi de último minuto, propone una reforma a la policía civil para que cuente con mayor presupuesto y capacitación. También crear una academia de mandos policiacos y buscar alternativas para que el enfoque central de la justicia no sea el incremento de las penas.
Además, Álvarez Máynez contempla la regulación y legalización de algunas drogas para alejarse del modelo prohibicionista que no ha dado resultados.
Con estas propuestas, entre muchas otras, intentan convencernos de que ellos sí tienen la solución en sus manos. ¿Alguna será el hilo negro que tanto hemos estado buscando? No lo sabemos, pero sí sabemos que ni la guerra contra el narco de Felipe Calderón ni los “abrazos no balazos” de López Obrador han funcionado.
El territorio mexicano es tan amplio y diverso como las expresiones de violencia e inseguridad que lo invaden: feminicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, asaltos a transportistas, trata de personas, homicidios, masacres y una enorme lista de atrocidades que, dolorosamente, ya no nos escandalizan.
Hay que agregarle la violencia que se genera desde las mismas fuerzas de seguridad como el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Aquí también podemos incluir las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y la tortura física y sexual a la que sometieron a las mujeres sobrevivientes, como también lo hicieron en la brutal represión contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco.
Estos ejemplos son algunos de los casos más sonados de una larga y vergonzosa lista de violaciones a los derechos humanos y delitos graves cometidos por militares, policías locales, estatales y funcionarios públicos contra la ciudadanía a quien se supone que tienen la obligación de proteger.
Las propuestas de seguridad suenan muy bonitas cuando las y los candidatos están en campaña, pero no han entendido una cosa: la paz de los mexicanos no es un botín electoral. No es una moneda de cambio ni es un área para estar experimentando.
La seguridad, como dice el Compromiso por la Paz, es una responsabilidad que no puede ser usada por colores ni por partidos.Hasta que no dejen de usar el terror y la incertidumbre de la ciudadanía para sus intereses políticos, ninguna estrategia va a funcionar. Es tiempo de que los políticos dejen de jugar con lo más valioso que tenemos: nuestra tranquilidad.
