¿Lo acusan de torturador? ¿Cuántos más?
Reformas constitucionales a las Cartas Magnas locales, acusaciones por cometer delitos graves, relaciones de compadrazgo y otros elementos envuelven el caso del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien ya enfrenta un juicio político.
Un fiscal debe atender y proteger los derechos de las víctimas pero, al parecer, esto no fue lo que realizó Winckler. Sin embargo, no es el único; varias fiscalías estatales buscan cambiar a sus titulares.
La rendición de cuentas es fundamental y los funcionarios que hayan cometido algún delito deben enfrentar los procesos judiciales correspondientes pero también es necesario estar al pendiente de que los cambios de los fiscales no sean el resultado de la pérdida de autonomía de estos órganos. A continuación te contamos cuáles son las entidades que buscan sustituir a sus fiscales y por qué.
Todo un caso el fiscal Jorge Winckler
El Congreso de Veracruz aceptó dos solicitudes para someter al fiscal, Jorge Winckler Ortiz, a un juicio político por haber violado derechos fundamentales. El pasado miércoles 30 de enero, atendió a la primera audiencia de pruebas y alegatos ante la Comisión Instructora del Congreso, la cual determinará el juicio político en su contra. Entre las acusaciones contra el fiscal, se encuentran: tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad y falsas denuncias.
Una de las solicitudes presentadas para llevar a cabo el juicio político contra Winckler fue promovida por el ex director de servicios periciales, Gilberto Aguirre Garza; mientras que la segunda fue impulsada por Francisco Zárate Aviña, ex jefe de escoltas del ex fiscal Luis Ángel Bravo; los delitos por los que se le acusa son tortura y desaparición forzada.
Winckler Ortiz, fue nombrado fiscal del estado de Veracruz en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, de quien presume que es su amigo personal. El predecesor de Winckler, Luis Ángel Bravo Contreras, fue designado fiscal en enero del 2015 pero renunció al cargo en noviembre de 2016 debido a presiones de Yunes y diputados locales de PAN.
Otra de las amistades del ex gobernador Yunes Linares es Édel Álvarez Peña, responsable del Poder Judicial. Por esta razón, los legisladores reformaron la constitución estatal para que fuera sólo el Congreso, sin la intervención del Poder Judicial, quien pudiera destituir al fiscal.
Anteriormente, la Carta Magna local establecía que para poder realizar un juicio político contra este funcionario, era necesaria la aprobación de la mayoría, tanto del Congreso, como del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
A todo esto, ¿qué es un fiscal?
Un fiscal es el encargado de los ministerios públicos y responde a la exigencia de investigar y perseguir delitos, así como de proteger y atender los derechos humanos de las víctimas de delitos; cada fiscalía estatal cuenta con su propio fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) es dirigida por el fiscal general, quien dura en su cargo nueve años. El fiscal general es designado por el Senado de la República, a partir de una propuesta de tres candidatos enviada por el Ejecutivo. Esta propuesta surge de una lista creada, originalmente, por el Senado con, al menos, diez candidatos aprobados por dos terceras partes de los miembros presentes.
Este funcionario puede ser removido, por el Ejecutivo, en caso de que haya cometido algún delito grave, como desviar recursos públicos; obtener beneficios privados por tener información privilegiada (información obtenida como resultado de sus funciones y que no es pública) o algún otro de los establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Y… ¿qué hace una fiscalía?
La FGR es un órgano público autónomo (no depende del Poder Ejecutivo ni de los demás Poderes para actuar de forma independiente e imparcial) dedicado a investigar delitos y aclarar los hechos; procurar justicia de forma eficaz y apegada a derecho para combatir la inseguridad asegurándose de que el culpable no quede impune.
Las funciones de la FGR son las siguientes: 1) investigar y perseguir los delitos; 2) solicitar la aprehensión o comparecencia del inculpado; 3) velar por la reparación del daño de las víctimas; 4) promover la adopción de medidas de protección de las víctimas o testigos; 5) intervenir en el proceso de ejecución penal; 6) intervenir en las acciones de extradición; 7) intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Así, cada entidad cuenta con su propia fiscalía; sin embargo, en los delitos del fuero común donde se demuestra la ineficiencia de las fiscalías locales, la FGR puede intervenir y revisar estos casos.
¿Sólo Veracruz busca cambiar de fiscal?
Wickler no es el único fiscal que pretende ser sustituido; otras tres entidades federativas buscan renovar al titular de sus fiscalías: Chiapas, Morelos y Tabasco. Los estados mencionados forman parte de los nueve en donde hubo cambio de gobernador en 2018. Estos cambios ponen en duda la independencia de las fiscalías.
En Chiapas, Raciel López Salazar fue nombrado, por la legislatura estatal, titular de la fiscalía general de justicia del estado en abril de 2017 por un periodo de ocho años. Sin embargo, renunció a su cargo en diciembre de 2018, a sólo una semana de que concluyera la administración de Manuel Velasco y comenzara el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.
En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco solicitó al Congreso local la remoción del fiscal general, Uriel Carmona, argumentando que no presentó los exámenes de confianza para ocupar el cargo. Sin embargo, la Fiscalía General respondió que este argumento no es motivo para remover al fiscal pues la Constitución de Morelos establece que este funcionario sólo se podrá remover mediante la solicitud del gobernador basada en la comisión de un delito grave; la evaluación y certificación de confianza no está contemplada como una razón para destituir al fiscal.
En Tabasco, el fiscal Alejandro Álvarez González fue sustituido por Jaime Lastra Bastar porque, de acuerdo con el diputado de Morena, Exequias Braulio Escalante Castillo, Álvarez no cumplió con la adecuada revisión de cuentas públicas, en particular, la del ex gobernador Arturo Núñez.
Los estados mencionados tuvieron elecciones para cambiar de gobernador en 2018; todos ganaron por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo.
¿Qué sigue?
En el caso de Veracruz, el abogado defensor de Winckler, Moisés Melhem Marcos, negó que el fiscal general del estado se vaya a separar del cargo como medida cautelar por las solicitudes de juicio político en su contra. Mientras que la parte acusatoria pretende que el caso lo investigue la Fiscalía General de la República, porque el ex fiscal, junto con sus subalternos, se investigó y se exoneró.
Será necesario seguir de cerca los casos restantes para conocer su resolución y el precedente que dejan las reformas realizadas en las Constituciones locales. También será necesaria la rendición de cuentas de los nuevos fiscales para saber si esta estrategia dio resultado y pudo combartir la corrupción en estos órganos.
