Preguntará sobre termoeléctrica ya construida
La idea es que tu opinión cuenta. ¿Qué tan cierto es? Andrés Manuel López Obrador prepara una nueva consulta popular para el 23 y 24 de febrero en Morelos. La pregunta será para decidir si se pone en operación una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dará luz al estado y que tuvo una inversión de 22 mil millones de pesos.
La instalación aún no funciona debido a que no hay agua suficiente para generar vapor en su funcionamiento.
No obstante… el presidente aseguró que el ejercicio ciudadano será realizado por la Secretaría de Gobernación, aunque todavía no se tienen definidos a los organismos institucionales que participarán.
Como sea, la opinión del presidente está clara: el resultado debe ser positivo. “Si la termoeléctrica que se planeó en Morelos no opera, sería necesario comprar energía a empresas particulares y se desperdiciarían 20 mil millones de pesos que ya se invirtieron”, dijo López Obrador, y agregó que de no ponerse en operación se perderían tres mil millones de pesos al año. Con todo, explicó que “para no equivocarnos, es mejor preguntar”.
Parece muy loable, pero la consulta por dicha termoeléctrica tiene un pequeño problema: puede ser ilegal. ¿Por qué? Si la consulta no se hace durante la jornada electoral federal, ni es organizada por el INE, no es válida en términos de la Ley Federal de Consulta Popular.
¿Cómo sí puede cumplir con la legislación? Deberá solicitarse con anticipación por el presidente, los legisladores o la ciudadanía ante el Congreso de la Unión. Después, la Mesa Directiva considerará si es pertinente llevarla a cabo.
Si se acepta, debe presentarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá 20 días naturales para hacerla constitucional y, después notificar al INE para que se encargue del diseño legal de la consulta popular.
El problema es que la idea para conocer el futuro de la planta termoeléctrica en Morelos no tiene ninguno de estos componentes. Además el artículo 5 de la Ley Electoral establece que las consultas populares solamente pueden ser hechas para tratar temas de “trascendencia nacional” y ésta última es decidida por la mayoría legislativa en las Cámaras.
Déjà vu
Esta será la primera consulta ciudadana de Andrés Manuel López Obrador como presidente, ya que en el periodo de transición propuso un ejercicio de este tipo en el que se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el extinto Lago de Texcoco.
Después, realizó otra consulta sobre programas prioritarios, así como el Tren Maya en la península de Yucatán, dos semanas antes de que empezara la construcción ya programada.
Muchas consultas, poca claridad legal
El mandatario tabasqueño anunció antes de asumir su cargo que también pondría a consulta el juicio contra los expresidentes Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pensada para el 21 de marzo.
Además dijo que ese mismo día se sometería a consulta la creación de la Guardia Nacional (integrada por la policía militar, naval y federal), que supuestamente estaría organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero si el ejercicio popular pasa por alto la Ley Electoral y la Ley Federal de Consulta Popular, estaría violando ambas legislaciones. “Los ingresos y gastos del estado, la seguridad nacional, lo relacionado con la Fuerza Armada y temas en materia electoral no son objeto de consulta”, explica la ley.
