Las imágenes inundaron las redes. Armados con palos, machetes e incluso herramientas de su trabajo en el campo, pobladores de Texcaltitlán, Estado de México, se enfrentaron a delincuentes que los tenían asolados con el cobro de piso, el llamado impuesto de los criminales.
Lo controlan prácticamente todo: a través de las amenazas no sólo cobran a los productores por el derecho a sembrar, sino que fijan los precios de alimentos como huevo, pollo, tortilla, deciden a cuánto se debe vender desde un refresco o una cerveza hasta el gas y gasolina. Desde 2019 muchos productores y dueños de negocios en el Estado de México aguantando el miedo a represalias han pedido a la autoridad que intervenga, pero el poder del crimen en esta entidad y en casi todo el país rebasa a las autoridades.
Para nadie es un secreto que el derecho de piso se ha extendido en nuestro país. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización, del INEGI, revelan que este delito se presenta en 23 estados. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que tan solo en los primeros ocho meses del año pasado se presentaron cerca de un millón y medio de denuncias, 100 cada hora; cifra que no dudemos puede ser mucho mayor, ya que ante la amenaza la mayor parte de las víctimas no denuncia.
La llamada cifra negra en el delito de extorsión sigue rondando el 97% en números oficiales. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoce que no solo no han dado resultados, sino que el delito ha ido al alza. Y aunque en 2022 se aprobaron reformas al Código Penal Federal para que este delito se persiga de oficio, la autoridad sigue siendo omisa, primero porque de las denuncias presentadas cerca del 50% no tiene ningún resultado y segundo, porque muchas autoridades aún siguen esperando la denuncia para actuar contra algo que saben sucede y quién lo comete.
En el caso de Texcaltitlán, pobladores y autoridades identificaban a un líder como El Payaso, sabían quién era y a qué se dedicaba. ¿Por qué entonces podía seguir amenazando? Porque se sabía tan poderoso que incluso quiso aumentar el monto del cobro.
Hoy se sabe que eso motivó el enfrentamiento: muchos de ellos dijeron preferir morir defendiendo su patrimonio y a sus familias que seguir esperando a que la autoridad actuara. Y es justo la ineficacia e indiferencia de la autoridad, el miedo y la impunidad, el caldo de cultivo para que este delito crezca, se expanda y diversifique porque claro que es el narco, para ellos es una de las principales fuentes de financiamiento, pero no son solo ellos: está el paso en muchas carreteras y caminos en los que un grupo de personas, presumiblemente pobladores, detienen a los automovilistas y transportistas obligándoles a dar una cuota. O el caso de Villas Otoch Paraíso, en Cancún, una colonia de muy bajos recursos en la que viven más de 40,000 personas y en donde ha proliferado todo tipo de delitos.
“No solo es la colonia más hacinada, sino que, por esta causa, también es la más violenta de todo el Caribe mexicano”, ya que jóvenes de esa misma colonia se han repartido las cuadras para “vender” a la gente protección; les cobran $500 pesos a la semana para que puedan salir de sus casas. Testigos aseguran que “son niños de 12, 13, 15 años jugando a ser delincuentes”.
Hay que combatir el narcotráfico y el cobro de piso “entre todos” dice el presidente el fin de semana. ¿De verdad, señor presidente, nos va a dar la responsabilidad que le corresponde a usted como Jefe de Estado? ¿Va a colocar en nuestra competencia detener la criminalidad que es cierto se inició en otros gobiernos, pero que en cinco años no se ha podido contener?
En este sexenio ya no se logró, estemos atentos para que las precandidatas no nos invadan de promesas vacías, exijamos los qué, pero también los cómo.
México no aguantará más. Lo sucedido en Texcaltitlán peligrosamente se ha visto como un acto heroico. Valiente lo fue, sin duda, pero ¿quién les garantiza que no se los cobrarán los cárteles? Hoy está la Guardia Nacional, pero se quedará hasta que tengan que trasladarse a hacer presencia en otro municipio de México que se sume a los que gritan auxilio.Y en esa suma ni la capacidad cuantitativa, ni cualitativa de los cuerpos de seguridad eficiente ha sido, ni será suficiente. Es hora de cambiar la estrategia.
