En Baja California se pretende dar un duro golpe a la democracia y el Estado de Derecho, al modificar el mandato del nuevo gobernador – Jaime Bonilla, de Morena – de dos a cinco años. Y es que al celebrarse la elección de este año, el mandato había sido limitado a dos años para que la elección en esa entidad resultara concurrente con la intermedia de 2021, así como entre Congreso y Ejecutivo. Ahora el Congreso estatal votó para alargar ese mandato a cinco años, incurriendo en una clara acción anticonstitucional.
Y es que con dicha medida se pretende conculcar el derecho de los ciudadanos para decidir quién quiere que los gobierne a partir de 2021. El mandato que emitieron en las urnas fue a favor de Bonilla, pero por dos años, no cinco. De proceder dicha intentona en cualquier estado y a nivel federal, un congreso podría alargar o acortar a su gusto el mandato del gobernante en turno, pasando por alto la voluntad ciudadana.
La pregunta clave es, ¿cuál es la postura del obradorismo ante este atropello? Se esperaría que fuera de condena clara y tajante, si se toma en serio el compromiso que varias veces ha hecho el presidente con la democracia y el Estado de Derecho, y para evitar sospechas de que pretendería hacer lo mismo con su mandato. Pero el propio presidente ha evadido dar una respuesta definitiva y contundente en contra de esta acción, argumentando que no le compete y que no es abogado. Pero sí es competente, pues debe defender la Constitución federal que se pretende violentar. Y sobre su desconocimiento del derecho (algo que nadie pone en duda), cuenta con asesores y su propia Consejería Jurídica. Podría pedir información al respecto y pronunciarse con claridad al respecto. Sólo se deslindó de estar detrás de esta estratagema. Dice que la línea es que no hay línea (viejo apotegma priísta).
Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky, dio su espaldarazo al Congreso de Baja California, alegando algo tan absurdo como que la gente no quiere votar tan seguido (dos años). Bueno, pues por una vez que lo haga no le pasará nada (como ya sucedió en Puebla y Veracruz sin daños graves a los ciudadanos). Más bien queda claro una vez más que a Morena – como antes a otros partidos – no le preocupa demasiado el Estado de Derecho.
También ha habido silencio en la Secretaría de Gobernación, que por el tema de su competencia tendría que pronunciarse con contundencia y claridad. Además, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, expresó su punto de vista (no personal, sino institucional, pues no puede obviar su actual cargo) también a favor de la prolongación inconstitucional del manato de Bonilla. Desde luego él no considera que sea anticonstitucional ese paso, pero los argumentos que ofrece son endebles, más aún absurdos. Señala literalmente que: “En la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno, sólo a los candidatos y los partidos”.
Es cierto, pero eso ocurre en todas las elecciones y eso no es motivo para que un Congreso puede acortar o alargar el mandato para el cual fue electo el candidato en cuestión. Una falacia jurídica. Además, el subsecretario pone la política por encima de la ley, al considerar que “Si la naturaleza de la reforma obedeció para que la alternancia tuviera un profundo cambio de régimen y no de gobierno, bien vale la pena profundizar y no agraviar más a un pueblo que eligió la justicia por encima del poder” (Excélsior,15/VII/19). O sea que, dado que estamos – presuntamente – ante un cambio deseable de régimen, ¿se vale pasar por encima de la ley para ese propósito político?
Con todo, Peralta aclaró que esa es una opinión personal, no institucional. Ante lo cual, no queda más que esperar a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fije su postura, pero no personal, sino a nombre de Gobernación. Sólo así quedarán despejadas las dudas sobre cuál es realmente la posición del Ejecutivo Federal sobre el golpe bajo que se pretende en Baja California.
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