Por Blanca Juárez
Este año, en que “la mitad del mundo acude a las urnas”, muchos líderes están utilizando el clima electoral para politizar los derechos sexuales y reproductivos, advierte un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Temas como el aborto, la educación sexual integral, los derechos del colectivo LGBTIQ+, el acceso a los anticonceptivos y la igualdad de género “son polarizados”. Se convierten “en víctimas de fuego cruzado”, señala la agencia de la ONU.
Aunque en realidad, quienes muestran su postura clara son aquellas personas en contra de estos derechos. Por el contrario, quienes antes se posicionaron a favor de la despenalización del aborto, por ejemplo, “tienden a evadir la discusión” cuando están en busca del voto, señala Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de Incidencia en Ipas Latinoamérica y el Caribe.
“No podemos emplear la táctica de divide y vencerás”, insiste el UNFPA en el reporte Estado de la Población Mundial 2024. Al contrario, sugiere, “debemos alcanzar un consenso político” para garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
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Y aunque lo que indica el documento va más en la idea de lo que ocurre en El Salvador o Argentina, donde sus presidentes han manifestado una clara postura contra esos derechos y han emitido políticas para obstaculizar su acceso, en México persisten rezagos en la plena garantía y cumplimiento.
Por ejemplo, la tasa para este país de prevalencia en el uso y acceso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años es de 55%, según el reporte del UNFPA. En comparación con otro país latinoamericano, la tasa de Brasil es de 67%.
Además, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, el Congreso de la Unión no ha realizado la modificación a dicho ordenamiento.
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Ni aborto ni concepción libres y consentidos
Según el estudio del UNFPA, para una de cada 10 mujeres en cerca de 70 países “el utilizar anticonceptivos no depende de su voluntad”, situación que también se refleja en México.
El 4 de agosto de 2023, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) se vio obligada a ofrecerle una disculpa pública a Angélica Juárez, víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada en 2020.
El caso, acompañado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ocurrió en un hospital de la Sedesa en Iztapalapa. Luego de dar a luz, personal del Hospital Comunitario Emiliano Zapata le colocó un Dispositivo Intrauterino (DIU) sin su consentimiento. Esto fue considerado como un acto de tortura por un juez federal.
Ahora, el UNFPA indica que en 69 países, “el 25% de las mujeres no tiene la posibilidad de tomar las decisiones más elementales sobre su cuerpo”, agrega. Una de esas determinaciones es la interrupción legal del embarazo.
Este jueves 25 de abril, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó a Jalisco eliminar el delito de aborto de su código penal. Por lo tanto, la interrupción del embarazo en esa entidad ya es legal. Con ésta suman 13 en total.
Hace apenas unos días, en esa misma entidad, activistas dieron a conocer que la Secretaría de Salud de Jalisco estaba impidiendo el acceso al aborto a una niña de 12 años, víctima de violación. Finalmente, tras la intervención de organizaciones y al ser mediatizado el caso, fue atendida.
Sin embargo, es una muestra de la dificultad que tienen las niñas, adolescentes y mujeres a acceder a otros derechos, como la justicia. Pero también a un acompañamiento que no las revictimice.
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Derechos sexuales, resultados de las estrategias
La sentencia de Jalisco va en armonía con una importante sentencia de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) de septiembre pasado. En ese momento la Primera Sala sostuvo que “la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género”.
Lo anterior debido a que “perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”.
Por lo tanto, su regulación en el Código Penal Federal (CPF) donde se le equipara a un delito es inconstitucional, determinó. En ese sentido, el tribunal que conoció el caso de Jalisco, se pronunció en el mismo sentido para el caso del Código Penal de aquella entidad. Sin embargo, lo que ahora sigue es que el Congreso de la Unión modifique el CPF conforme a lo que estipuló la Corte.
Éste y muchos otros casos en favor de los derechos sexuales y reproductivos son un aliciente para continuar la lucha. Y sin duda, los avances han sido importantes, apunta Fernanda Díaz de león. En los últimos años ha habido una tendencia judicial “a reconocer los derechos de las mujeres y las personas gestantes a interrumpir el embarazo sin la amenaza criminal”.
Todo ello ha sido “el resultado de estrategias y de trabajo conjunto entre organizaciones nacionales, como GIRE. Pero también organizaciones locales en cada uno de estos estados en los que se han solicitado amparos y se han impulsado leyes o reformas”, agregó la especialista.
Muchas de esas organizaciones además realizan acompañamiento a miles de mujeres. Con su trabajo activista o de litigio también han aportado a la desestigmatización de estos temas.
Y eso se observó en el primer debate de las candidaturas a la Presidencia, señala Fernanda Díaz de León. Las personas y las organizaciones “quieren saber cuáles son las acciones que se proponen en este sentido”. Pero esta exigencia viene incluso antes de la despenalización en la Ciudad de México hace 17 años, apunta.
Este intenso trabajo que poco a poco va rindiendo frutos, agrega, se ha realizado a pesar de los embates de los grupos antiderechos. Estos cada vez están más organizados y financiados por “empresarios que tienen los mismos intereses conservadores y contrarios a los derechos”.
Es preocupante, dice, que un candidato o una candidata se oponga abiertamente. Pero también que quienes podrían estar a favor no se pronuncien por ello. Por eso, concluye, es importante que en las campañas se siga hablando de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos a nivel global. Se requiere además, dice, que la ciudadanía exija a las candidaturas propuestas concretas para lograrlo.
