Hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho a decidir y el derecho humano al acceso a la interrupción legal del embarazo de las mujeres y de las personas gestantes en México.
El 7 de septiembre de 2021, el pleno de la Corte declaró por unanimidad que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el país, al resolver una acción de inconstitucionalidad al Código Penal de Coahuila que invalidó el artículo 196 que establecía una pena de hasta tres años de cárcel a las mujeres que abortaran.
Pero este fallo no solo reformó la legislación de Coahuila, sino que al superar los ocho votos de las ministras y los ministros tuvo repercusiones a nivel nacional, pues obliga a los tribunales en todo el país a no criminalizar a las mujeres o personas gestantes que aborten de manera voluntaria.
Te recomendamos: En 13 estados donde Morena tiene mayoría siguen sin despenalizar el aborto
Las razones de la Corte “obligan a todas y todos los jueces de México”, tanto federales como locales, que a partir del fallo y al resolver casos “deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta”.
Por tanto, la sentencia también fue un llamado a los congresos locales de los estados a reformar las leyes que aún consideran un crimen el aborto voluntario, pero a un año de esta histórica sentencia aún faltan 22 estados por hacerlo.
Despenalización a paso lento
Antes de la sentencia de la Corte, solo cuatro estados habían despenalizado el aborto. La Ciudad de México fue la primera en aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación, el 24 de abril de 2007. Doce años después le siguió Oaxaca, el 25 de septiembre de 2019.
En el 2021, luego de las grandes movilizaciones pro aborto de feministas y activistas jóvenes que se sumaron a la Marea Verde de América Latina y en México, Hidalgo (30 de junio) y Veracruz (20 de julio) despenalizaron también el aborto.
“La sentencia de la Corte ha sido un parteaguas y un factor muy importante para la despenalización del aborto voluntario en México”, como nos explicó Alehi Balderas Sandoval, abogada de Documentación y Litigio de Casos en la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Así, luego del fallo, las feministas retomaron los argumentos de derechos humanos que formuló la SCJN para impulsar la aprobación de la despenalización en los congresos de cinco estados: Baja California (30 de octubre de 2021), Colima (1 de diciembre de 2021), Sinaloa (8 de marzo de 2022), Guerrero (17 de mayo de 2022) y Baja California Sur (2 de junio de 2022).
Como lo explica Rebeca Ramos, directora de GIRE, en total son 10 estados donde el aborto está despenalizado: nueve a través de la vía legislativa y Coahuila por la vía judicial, por la sentencia de la Corte.
También puedes leer: Disminuyen muertes de mujeres en estados que despenalizan el aborto
¿Cómo está Coahuila?
El gobierno de Coahuila agregó cláusulas al Código Penal en cada uno de los tres artículos derogados que informan que dicho artículo “fue declarado inválido por sentencia de la SCJN”.
La activista feminista Katya, integrante de la colectiva Acompañantes Laguna, nos expuso que la ley de salud de Coahuila aún no ha sido modificada para incluir el aborto voluntario dentro de los servicios de salud, la Secretaría de Salud solo ofrece un servicio de aborto seguro en seis ciudades, lo que “es insuficiente”.
Katya es acompañante de mujeres que necesitan practicarse un aborto en Coahuila. Ella considera que la sentencia fue un avance para los derechos de las mujeres, pero el servicio que brinda la Secretaría de Salud del estado “si bien ha contribuido a que las mujeres tengan el acceso gratuito a las interrupciones voluntarias del embarazo sigue siendo muy deficiente”.
Esto porque generalmente no hay medicamentos ni el material necesario, las personas y médicas que trabajan en estas clínicas son despedidas muy rápido; además de que diversas mujeres han referido haber recibido “malos tratos” de parte de quienes trabajan ahí, nos relató.
“Enfatizamos la necesidad de monitorear y regular los servicios hasta poderlos considerar servicios amigables, seguros y de calidad; así como promover su accesibilidad y disponibilidad para que lleguen a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de aborto del estado”, destacó la colectiva, a través de sus redes sociales.
En sus tres años como acompañante, Katya no ha enfrentado la criminalización penal contra alguna mujer que haya abortado, pero considera que el estigma social contra el aborto es muy grande todavía.
Katya nos compartió que el trabajo de la colectiva donde participa aumentó debido a la pandemia (por COVID-19), y que a partir de ese momento, y a la fecha, afrontan la negativa de las farmacias, en algunas ciudades del estado, de venderles misoprostol, que es el medicamento que se utiliza en los procesos de acompañamiento seguro para abortar en casa.
“Nos han tocado farmacias donde les dicen a las mujeres ‘no te lo voy a vender porque lo vas a usar para abortar’, cuando es un medicamento que no necesita receta”, lamentó.
Falta voluntad política para quitar el delito de aborto de Código Penales
En los estados donde se despenalizó el aborto, sin duda, tuvo que ver con que la izquierda era mayoría en los congresos, nos dijo Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias, en la asociación civil feminista Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia.
De acuerdo con el análisis de la especialista, en estados como Puebla, cuyo congreso tiene una mayoría de legisladores de Morena, la despenalización no ha avanzado debido a la “correlación de fuerzas dentro de los partidos, pues no se ponen de acuerdo y mientras tanto se van quedando atrás los derechos de las mujeres”.
Otro ejemplo es el de Movimiento Ciudadano, un partido que “literal se pone el pañuelo verde el 28 de septiembre (Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito), en sus redes sociales le ponen el pañuelo verde a su logo, pero nunca se discutió la despenalización” donde este partido gobierna, porque “no están dispuestos a asumir el costo político”, comentó Katya.
Adriana Jiménez señala que en todos los estados existen iniciativas para legalizar el aborto, “hay compañeras de colectivas que se han dedicado desde hace mucho tiempo al tema y en cada legislatura ponen el punto sobre la mesa”, pero “la despenalización tiene que ver con voluntad política” de quienes integran los congresos estatales.
“Hay otros estados sumamente conservadores, por ejemplo, Chihuahua donde la gobernadora es claramente una persona anti derechos de las mujeres y ni siquiera ha dejado avanzar la educación sexual integral”, puntualizó Jiménez Patlán, quien también es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser).
“Los políticos creían antes que el aborto no daba votos. Ahora nos damos cuenta que una de las peticiones más sentidas de las mujeres en todo el país es precisamente el avance de este derecho y forma parte de la agenda política cada vez que hay una elección”, apuntó.
Te puede interesar: La iniciativa para quitar el delito de aborto del Código Penal federal, atorada en el Senado
Continúa la criminalización
A pesar de la sentencia de la Corte, GIRE ha acompañado casos de mujeres criminalizadas por abortar, en la Ciudad de México y en Aguascalientes, casos en que el personal médico da aviso al Ministerio Público del aborto, nos compartió Alehi Balderas.
“Todavía nos encontramos con el desconocimiento de lo que establece la sentencia de la Corte”, también existe “miedo de proporcionar los servicios médicos cuando llegan mujeres y personas con capacidad de gestar a solicitar atención médica por tener un aborto en evolución”, nos dijo.
La sentencia del Corte que despenalizó el aborto voluntario no es el último paso, ahora sigue exigir a las instituciones del Estado cumpla su obligación de implementar los servicios de salud para que el derecho al aborto se pueda ejercer, subrayaron Alehi Balderas y Adriana Jiménez.
En México falta lograr la despenalización en 22 estados, pero el otro gran reto es que las mujeres tengan la información de que pueden solicitar estos servicios en el país y que el aborto es un tema de derechos humanos, coincidieron las especialistas.
